Minutos antes de su desaparición, Luis Alonso García Corrales, candidato a regidor y secretario de Organización del Partido Sinaloense, PAS, marcó el número telefónico de la candidata a la alcaldía de Culiacán por la coalición Fuerza y Corazón por México, Erika Sánchez Martínez.

Eran las 7:55 del pasado 13 de abril.

Sánchez Martínez no pudo tomar la llamada. La devolvió, sin embargo, minutos más tarde, a las 8:10. A esa hora, el candidato a regidor no contestó. Su teléfono permanece apagado desde entonces.

En compañía de un colaborador, Juan Francisco Cerón Beltrán, García Corrales acababa de salir de su casa y se dirigía a un parque cercano para grabar al lado de la candidata a la alcaldía un video promocional de cara al arranque de las campañas políticas en el estado.

Horas más tarde, cuando el líder moral del PAS, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, reportó en X que se había perdido todo contacto con el candidato, un conocido informó que a esas mismas horas lo había visto, detenido por una patrulla de la Policía Estatal, en la Calzada de las Torres.

En un negocio cercano se localizó un video en el que García Corrales aparecía, en efecto, al lado de una patrulla, pero no de la estatal, sino de la policía municipal.

Desde esa tarde el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, admitió que García Corrales y Cerón Beltrán estaban ilocalizables: “Dado que no se han podido contactar ni ubicar, se teme que hayan sido privados ilegalmente de su libertad”, escribió.

Como secretario de Organización, relatan miembros de la coalición opositora, Luis Alfonso García Corrales era la columna vertebral del PAS: en sus manos se hallaba la nómina entera de dicho instituto político: las listas de promotores, activistas, movilizadores. “Poseía los domicilios, sus teléfonos, todo”, relatan.

Cuando horas antes de las elecciones de 2021 el Cártel de Sinaloa privó de la libertad a más de un centenar de operadores políticos del PRI, a fin de limpiar de obstáculos el triunfo del morenista Rubén Rocha Moya, el primero en ser secuestrado fue precisamente el secretario de Organización de ese partido, Alberto Salas.

Salas fue despojado de toda la información relacionada con los operadores y con esos datos sicarios del cártel recorrieron Culiacán secuestrando de manera quirúrgica a la gente.

Por medio de las redes del exrector Héctor Melesio Cuén, el Partido Sinaloense se halla estrechamente ligado a la Universidad Autónoma de Sinaloa, y de hecho se nutre de esta (64% de los miembros del Consejo Universitario están afiliados al PAS). En 2021 este partido aportó cerca de 100 mil votos a la candidatura del hoy gobernador, y también exrector de la UAS, Rubén Rocha Moya.

Estos personajes se declararon la guerra más tarde, cuando se recrudeció entre ellos la pugna por el control político de la Universidad y el gobernador lanzó una Ley General de Educación Superior que fue calificada como una transgresión a la autonomía universitaria.

En medio de una lluvia de denuncias y procesos penales por supuestos actos de corrupción y negocios ilícitos cometidos por Cuén, sus familiares y funcionarios universitarios, que en la UAS fue leída como una cargada del gobernador y su grupo político “para quedarse ellos solos con el botín”, se desataron marchas y movilizaciones que fueron creciendo en intensidad y que hallaron su punto culminante la noche en que, en una de sus tantas visitas a Sinaloa, el vehículo del presidente López Obrador fue cercado por estudiantes y trabajadores que lanzaron “¡fueras!” y exigieron a gritos la salida de Rocha Moya, así como el fin de la persecución a la UAS.

A López Obrador nunca le habían gritado en Sinaloa hasta que Héctor Melesio Cuén se peleó con Rocha Moya. La molestia del presidente fue tal (los medios nacionales le dieron vuelo a la gritoniza), que en su siguiente visita, para destantear una inminente movilización universitaria, el gobernador anunció que la agenda del presidente se mantendría privada.

En esos días trascendió (cito una nota de El Sol de Sinaloa) que, según documentos hackeados por el colectivo Guacamaya, durante las visitas de AMLO a Sinaloa los servicios de inteligencia militar lo cuidaban de las movilizaciones sociales de los narcos: la Sedena monitoreaba a los grupos sociales, identificaba a los líderes de los movimientos, revisaba su capacidad de convocatoria y desplegaba células de comunicación para llevar a cabo un seguimiento puntual de los recorridos del presidente.

Fuentes cercanas a la UAS aseguran que Luis Alonso García Corrales, el candidato a regidor desaparecido, operó la protesta llevada a cabo en Mazatlán el día en que el convoy del presidente fue cercado por trabajadores y estudiantes universitarios: el día en que en Sinaloa le gritaron por primera vez a AMLO.

En los círculos políticos de Culiacán llama la atención que la desaparición de García Corrales haya ocurrido precisamente un día antes de la llegada de Claudia Sheinbaum a Culiacán, donde la candidata oficialista encabezó un mitin en el centro de la ciudad.

Esa extraña coincidencia, en medio de una guerra sorda entre los dos grandes grupos de poder, que en los últimos días se han intercambiado graves acusaciones, y que ayer llevaron al PAS a suspender todas sus campañas, corre fuerte en medios políticos y periodísticos de Sinaloa.

A ese clima político, enrarecido por la inseguridad y la reciente privación de la libertad de 66 personas en Culiacán, se suma la abominable declaración del gobernador Rocha Moya, quien en su conferencia semanal acaba de deslizar la posibilidad de que la desaparición del candidato del PAS pudiera tratarse de un autosecuestro.

Hasta el momento, lo único firme es que a García Corrales lo detuvo una patrulla de la municipal en la Calzada de las Torres, y que desde entonces no aparece y su teléfono está apagado.

“El mayor robo que se ha cometido en México desde la época colonial”. Así ha definido el presidente López Obrador al Fobaproa, una y otra vez, desde el lejano 1997. Ese año, López Obrador se convirtió en el primer denunciante de un saqueo que, según afirma, hace palidecer los daños ocasionados por el llamado “error de diciembre”.

En 1999, López Obrador publicó un libro (Fobaproa: expediente abierto) cuyo contenido iba a servirle como caballito de batalla para denunciar una política económica que “desde Salinas tiene como principal lineamiento privilegiar los intereses financieros sobre las demandas sociales y aun sobre el interés público”.

Una política “que solo ha buscado satisfacer la voracidad de las minorías, sin interés alguno por el destino del país ni, mucho menos, por los reclamos de todo un pueblo que se ahogaba en la injusticia y la pobreza”.

AMLO relata en su libro más reciente (¡Gracias!, editado por Planeta), que durante una reunión al entonces presidente Ernesto Zedillo “se le escapó” comentarle que el gobierno iba a absorber la deuda de los bancos, producto de la crisis de 1994, a través de la activación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, Fobaproa.

Escribe AMLO que aquel día rompió para siempre con Zedillo e inició una lucha para evitar “que el dinero público se destinara al rescate de traficantes de influencias y hombres de negocios vinculados al poder”.

López Obrador explica cómo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari quiso crear un nuevo corporativismo vinculado a sus intereses políticos y, simulando licitaciones públicas, entregó los bancos propiedad de la nación a una camada “de gente sin escrúpulos, que solo buscaba la ganancia fácil y rápida”.

“De todos ellos escribe–, solo tres tenían experiencia bancaria, la mayoría eran propietarios de casas de bolsa, negocio totalmente distinto del bancario, o no contaban con ningún mérito empresarial. Algunos de ellos tenían una dudosa reputación y hasta antecedentes penales”. Recuerda AMLO que uno de los beneficiados expresó: “Yo que siempre he soñado con robar un banco, ahora me dan uno para que lo maneje”.

Los “neobanqueros”, relata el presidente, operaron sin ningún tipo de control. Se prestaron millones unos a otros, o se otorgaron créditos a nombre de sus propias empresas. Se autorizaron otros sin garantía alguna, y otorgaron créditos por consigna, para financiar ilegalmente las campañas electorales del PRI.

Cuando la bomba de la quiebra estalló, los funcionarios del Fobaproa les compraron las carteras quebradas con dinero público, y le legaron al pueblo mexicano una deuda que no terminaría de pagarse sino 50 años más tarde y que, de acuerdo con AMLO, permitió que un solo banco recibiera más presupuesto anual que estados como Tlaxcala, Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes.

La crisis que se desató a partir de diciembre de 1994, dice AMLO, era un juego de niños ante el quebranto gigantesco que significaba el Fobaproa. Entrañaba recortes brutales a la educación y a la salud.

Mientras AMLO denunciaba el saqueo, “los organismos empresariales comenzaron a coro a defender la iniciativa de Zedillo con el argumento de que, de no aceptarse, se propiciaría una crisis peor que la de 1995”.

Cuando en 1999 el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, IPAB, ordenó que las operaciones realizadas por el Fobaproa fueran auditadas a fin de determinar si existían irregularidades en la compra de cartera a los bancos, e instruyó para que, en caso de encontrarse irregularidades, dichas instituciones devolvieran los títulos de crédito que se hubieran emitido a su favor, al despacho del hoy ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea le cayó del cielo un negocio millonario: amparar a las instituciones bancarias involucradas –Bancomer, Banco Internacional, Banco Nacional de México, Banco Mercantil del Norte–, a fin de que no se revisaran sus créditos –algunos de los cuales la Auditoría Superior de la Federación había considerado ilegales y la Cámara de Diputados había ordenado investigar.

Zaldívar representó, pues, a los banqueros que López Obrador acababa de denunciar en su libro como “un puñado de especuladores y traficantes de influencias”. Según los documentos del voluminoso juicio de amparo indirecto 979/2002, radicado en el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, y del amparo en revisión 878/2004, turnado a la Suprema Corte de Justicia, el hoy apasionado defensor en los medios de la Cuarta Transformación, el heroico funcionario que abandonó la Corte para emprender la defensa “de los más pobres, de los desposeídos, de los olvidados de este país”, litigó hace 20 años en favor del saqueo de que estos eran víctimas, “el mayor robo cometido desde la Colonia”, a fin de detener el escrutinio ordenado por el IPAB.

Cuando su despacho obtuvo una suspensión definitiva, Zaldívar ofreció una entrevista al periódico La Jornada (23 de septiembre de 2003), en la que acusó al Auditor Superior de la Federación –Arturo González de Aragón–  de rebasar el campo de sus atribuciones. Explicó Zaldívar que “si en estos momentos el IPAB pudiera descontar a los cuatro bancos el monto de los pagarés que les otorgó el entonces Fobaproa… el sistema financiero mexicano sufriría un desequilibrio similar al que se generó en diciembre de 1994”.

No solo eso, preguntó de dónde había sacado el Auditor la información que le hacía presumir la existencia de irregularidades (“se ve claramente que hubo violación al secreto bancario…”), y agregó que la protección de la justicia federal a los bancos era necesaria “en beneficio de la economía nacional”.

Dijo también el hoy aliado de AMLO: “Se ha estigmatizado a los banqueros por el hecho de que recurrieron al amparo, solo porque están reclamando un acto de inconstitucionalidad en su contra”.

Las malas lenguas dicen que el despacho cobró sus servicios en millones de dólares. AMLO considera que el Fobaproa ha costado al pueblo de México 3 billones de pesos. No hay otra conclusión: Zaldívar fue parte del “mayor robo cometido desde la Colonia”

En la agenda de Bertha Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, no estaba contemplada una visita a la comunidad de San Miguel Octopan, el sitio donde la mataron.

Según fuentes del gobierno estatal, Gaytán recibió en su oficina en dos ocasiones a un líder de esa comunidad, quien le insistió en que la visitara.

La agenda de la candidata se preparaba con dos días de antelación. Sin embargo, de acuerdo con las fuentes consultadas, el pasado 1º de abril, después de recorrer el mercado Morelos y dar una rueda de prensa a la una de la tarde, Gaytán, por insistencia del candidato a primer regidor Adrián Guerrero Caracheo, tomó la decisión repentina de acudir a la comunidad.

Las versiones recabadas hasta el momento, a dos semanas del asesinato, indican que, cuando vino el ataque, Guerrero Caracheo ya no se encontraba en el lugar. Se dirigió directamente a su domicilio. Cuando las autoridades lo buscaron por teléfono en ese sitio, tomó la llamada pensando que se trataba de un guardia de seguridad del fraccionamiento en el que habita, y ordenó que dijeran que había salido.

Menos de una hora después se trasladó a la ciudad de San Miguel de Allende y se refugió en una oficina del ministerio público federal.

Mientras tanto, el senador morenista Ricardo Sheffield hizo correr la versión de que el candidato había muerto durante el atentado.

El gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez, le informó más tarde a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que no había reporte de la supuesta muerte de Guerrero: “No lo tenemos ni entre los heridos, ni mucho menos fallecido. No está en nuestros hospitales, no tenemos ningún registro”.

Gente de Morena en Guanajuato informó que el candidato estaba vivo y a salvo, y que no quería salir a declarar “por seguridad”. Informaron que se hallaba “resguardado”.

En la “mañanera”, sin embargo, la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal lo dio por muerto. Por su parte, el presidente López Obrador se lanzó en contra de Sinhué Rodríguez: dijo que en Guanajuato impera “un contubernio, como que hay un grupo que manda y tiene más el poder que el propio gobernador… Como que el gobernador gobierna, pero no manda”, dijo.

Cuatro horas más tarde la propia Secretaría de Seguridad tuvo que emitir un comunicado para desmentir a su titular e informar que el candidato a regidor se hallaba en calidad de “no localizado y no de fallecido, como se reportó esta mañana”.

Como se sabe, varias horas después, Guerrero Caracheo pasó de “no localizado” a “vivo”.

El contraataque de Sinhué Rodríguez no se hizo esperar. Dijo que en el caso del presidente la situación es “al revés”: que López Obrador “manda pero no gobierna, porque el país está hecho un desastre”.

El gobernador reveló que una de las líneas de investigación son los conflictos internos de Morena en Guanajuato y reveló que la misma noche del asesinato los militantes de ese partido “estaban diciendo opciones de candidatura: realmente no había un luto, ni digamos un verdadero dolor por este fallecimiento: yo los vi aprovechando, sacando una raja política… creo que este rostro que ha mostrado Morena es el más bajo de la política”.

Refirió incluso que la marcha en la que medio millar de morenistas marcharon para exigir justicia, terminó “en un mitin y con risas y porras para una candidata”.

Según autoridades estatales, el sistema de búsqueda conocido como Ibis, que detecta las marcas que las armas dejan en los casquillos, ha permitido confirmar que el atentado fue cometido por sicarios del Cártel de Santa Rosa de Lima: una de las armas accionadas fue utilizada, “al menos en una ocasión anterior”, en un evento que involucró al grupo de Santa Rosa de Lima.

Bertha Gisela Gaytán había solicitado protección al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, la cual aún no le había sido concedida porque, se alegó, el partido incumplió con determinados trámites. Gente de su círculo cercano ha referido que la candidata recibió amenazas. De hecho, la única escolta que la acompañaba aquel día había sido pagada por el senador Sheffield.

Gaytán había hecho referencia a que “la cuidaba el pueblo”. De acuerdo con su equipo, tenía en la bolsa a 90% del área rural de Celaya. Aquella tarde, caminaba por una comunidad totalmente inclinada a Morena. Con esa confianza, decidió realizar un mitin fuera de agenda en el kiosco central.

Es cierto que desde su postulación un amplio sector del morenismo se manifestó en contra de su candidatura, a la que se consideró “una imposición”. En un encuentro con la candidata a la gubernatura Alma Alcaraz, Gisela Gaytán fue abucheada. El mitin terminó a empujones.

Las pruebas balísticas comprueban que detrás de su asesinato está la mano negra del crimen organizado. Pero las autoridades estatales voltean a ver cada vez con mayor atención la figura de Guerrero Caracheo.

¿Guerra política o contubernio de grupos políticos con el crimen organizado?

La fiscalía estatal se ha mantenido hermética, aunque se afirma que ya tiene, con nombre y apellido, la identidad de uno de los involucrados.

A las 12:15, hora en que el eclipse de sol encontró su punto máximo, en la ciudad de Zacatecas, donde el sol se oscureció en 96%, las calles quedaron visiblemente desiertas.

Salvo en la Plaza Bicentenario, en que se habían habilitado cuatro telescopios con filtros, así como en el Museo Universitario de Ciencias y el Campus siglo XXI, entre otros sitios donde se colocaron tendederos con lentes, el movimiento de automóviles y personas se redujo al mínimo.

Buena parte de la gente se recogió por miedo o por precaución, a fin de evitar que el eclipse pudiera provocarle afectaciones de salud.

La capital quedó muy silenciosa, como en los días de la pandemia, o como si una parte de la gente la hubiera abandonado de pronto.

Cuando la luz se fue haciendo mortecina, vi que un perro comenzaba, ansiosamente, a dar vueltas sin parar. Un colega me relató más tarde que también sus mascotas habían presentado comportamientos inusuales.

A algunas de estas, sus dueños les pusieron listones rojos, a fin de protegerlos.

Qué extraño caminar por la bizarra capital, cuyas subidas y bajadas, diría López Velarde, “son siempre una broma pesada”, y sentir que estábamos rozando nuevamente aquel día de junio de 1611 cuando astrólogos y agoreros anunciaron, según la crónica de Domingo Francisco Muñón Chimalpahin:

“Mientras obscurezca, habrá mal tiempo, mientras el Sol sea comido habrá enfermedad. Que nadie mire hacia arriba, que se abstenga de hacerlo, que se encierre en sus casas, porque durante esto habrá un viento malo; y que tampoco nadie coma, ni beba ni duerma hasta que otra vez aclare, cuando aparezca el Sol”.

En el estado de Durango, donde desde hace 101 años no se presentaba un eclipse de este tipo, así como en los estados de Guanajuato y Coahuila, agrupaciones científicas lanzaron campañas para evitar que las madres bañaran a sus hijos con agua de lechuga (que suele provocar casos graves de dermatitis), y para remarcar lo inútil que resulta que las embarazadas se coloquen imperdibles en la panza con la intención de evitar que los niños “nazcan con labio leporino”.

Una señora me contó que todavía en el eclipse de 1991 en su pueblo natal la gente golpeaba las cacerolas para que el fenómeno “pasara rápido”. Los eclipses arrastran cosas que vienen de siglos.

¿Fue este el primero que en México se documenta a través de redes sociales? En Mazatlán, Sinaloa, las playas estaban atestadas y la gente gritaba feliz, eufórica, como lo documenta un video de la periodista Ada Márquez.

Cuando el sol se fue apagando, en dichas playas todo se llenó con la luz parpadeante de miles de teléfonos que grababan el avance del fenómeno. Mucha gente comenzó a llorar. Apareció la luna, se vieron los planetas. Los gritos de sorpresa y algarabía fueron indescriptibles.

La reportera de Foro TV Guadalupe Madrigal grabó la irrupción de las famosas perlas de Baily: ese resplandor que brilla alrededor del sol y que llevó a la gente que se hallaba en la playa a algo cercano al paroxismo.

A lo largo del país, 193 zonas arqueológicas fueron abiertas para recibir a quienes deseaban mirar algo que no volverá a presentarse sino hasta el 30 de marzo de 2052.

En la Ciudad de México, más de 65 mil personas llenaron las Islas y los alrededores de la Rectoría armadas con lentes, cajas de cartón, vidrios especiales y hojas de papel.

Durante los cuatro minutos en que todo se oscureció, en Torreón, Coahuila, según la crónica de Antimio Cruz, “mujeres y hombres miraron hacia el cielo al mismo tiempo y se generó una memoria colectiva que no se olvidará hasta que muera la última persona que hoy presenció el eclipse total de Sol”: miles subieron al Cerro de las Noas o acudieron al Bosque Urbano para aplaudir y llorar.

Cuenta Antimio que mientras todo se oscurecía un joven pidió matrimonio a su novia y ella dijo que sí.

Una periodista de Ciudad Juárez, Chihuahua escribió que aquellos que ayer se dieron un tiempo para mirar el cielo, recordarán para siempre dónde estuvieron el 8 de abril de 2024, poco después de las 11 de la mañana.

Yo también recordaré esos breves minutos en que la luz se atenuó en una bella, hermosa ciudad semivacía.

Dos horas antes de la llegada de Claudia Sheinbaum a la ciudad de Loreto, Zacatecas se desencadenó, el pasado 4 de abril, una persecución en un tramo de la carretera Loreto-Pinos.

Un convoy formado por criminales armados acababa de ser detectado en las comunidades de La Victoria y La Lobeña. Se dirigía a Loreto, el sitio en donde la candidata oficialista a la presidencia iba a dar un mitin a las 11:30 de la mañana.

Según reportes confirmados por la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, durante la persecución realizada por policías estatales hubo un nutrido intercambio de disparos.

No se reportaron muertos ni heridos. Se puso en marcha, sin embargo, un aparatoso operativo en el que tomaron parte la Sedena y las FRIZ, el grupo de élite de la Policía Estatal, con el fin de encapsular la zona.

Sheinbaum ha dicho que no comparte “la evaluación pesimista del momento actual” que se vive en México. Diría más tarde que fue recibida en Loreto con “mucho amor, entusiasmo, esperanza y alegría”.

Había llegado, sin embargo, a uno de los municipios zacatecanos más azotados por la violencia. Apenas en noviembre pasado, cinco cuerpos de hombres, víctimas de tortura, fueron abandonados, mejor dicho, recargados, en las letras turísticas y monumentales de Loreto. La inseguridad provocó que, tras una serie de ataques armados en contra de la policía estatal preventiva, en algunas comunidades de dicho municipio la SEP suspendiera clases presenciales.

Fue Loreto el municipio en donde en 2021 la mitad de la policía dejó de ejercer sus actividades tras la ejecución de dos de sus integrantes.

Desde entonces no cesan los secuestros, los enfrentamientos y la ejecución de policías.

“¡Cuarta Transformación!”, gritaban en el mitin de la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia.

Sheinbaum evitó abordar el tema de la inseguridad en el estado que gobierna el morenista David Monreal –41 masacres en 2023; más de 3,600 homicidios en los últimos cuatro años—, y siguió de largo hacia el municipio más violento de México, Fresnillo, donde el 96.4% de la población ha declarado sentirse insegura, según la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, ENSU, levantada en 2023.

Encapsulada siempre, la candidata presumió ahí sus logros como jefa de gobierno de la CDMX: una reducción, según dijo, de 50% en los homicidios, y una reducción de 60% en los delitos de alto impacto.

Ahí, el exalcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, quien dejó el cargo para aspirar a un escaño en el Senado, ofreció entregarle “buenas cuentas”. No se refería a las cuentas en materia de seguridad, sino al número de votos que de acuerdo con Monreal serán entregados a Morena el próximo 2 de junio: 150 mil más que en 2018.

Apenas el 7 de febrero, un día antes de que el gobernador David Monreal presentara en Frenillo su Estrategia Estatal para la Construcción de Paz, Prevención y Convivencia Ciudadana, ahí fue asesinado a tiros el director de Desarrollo Social, Juan Pérez Guardado, cuñado del senador Ricardo Monreal.

Pérez Guardado monitoreaba tareas de limpieza realizadas en la avenida Prolongación Sonora, por la que al día siguiente pasaría el gobernador. Dos sujetos a bordo de una motocicleta lo ejecutaron.

Tres días más tarde, esta vez en el municipio de Plateros, fue asesinado otro miembro de la familia: Jorge Antonio Monreal Martínez, sobrino de los Monreal.

Un año antes un grupo armado secuestró a otro primo de los Monreal, Pedro Ávila Rodríguez, y lo mantuvo privado de la libertad durante varios días.

Los asesinatos de febrero causaron revuelo nacional. La familia operó, sin embargo, para echarles tierra, y evitar que, al menos en medios de Zacatecas, el asunto se siguiera abordando.

¿Cuál era el mensaje?

A consecuencia del choque entre el Cártel Jalisco y el Cártel de Sinaloa, Zacatecas y sus municipios están hoy en llamas. El infierno de los muertos, los ejecutados, los secuestrados, los desplazados; el infierno de las comunidades y las carreteras en manos del crimen organizado, no formó parte de la gira de la candidata del oficialismo.

“Ya vamos a hablar de eso con más detalle”, dijo Sheinbaum.

Los Monreal la acompañaron al aeropuerto. No dejaba nada para los zacatecanos. Se llevaba, en cambio, la promesa de 500 mil votos.

En la calle 16 de septiembre de San Miguel Octopan, Guanajuato, donde fue asesinada la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Bertha Gisela Gaytán, la policía recogió cartuchos percutidos del calibre .38, cartuchos percutidos del calibre .40 mm, y también cartuchos percutidos del calibre 5.7 mm, según el reporte de los primeros respondientes.

Al lado del cuerpo de la candidata asesinada había tres lesionados: José Fernando “N”, de 55 años, enviado al hospital regional bajo “código rojo” debido a la gravedad de sus heridas; Manuel “N”, de 67, enviado al mismo sitio bajo “código amarillo”, y María Guadalupe “N”, de 35 años, expolicía del municipio de Villagrán que en ese momento se hallaba al servicio de la empresa de seguridad privada SEYM de México, S.A. de C.V., y quien apenas dos horas antes del ataque había sido asignada como escolta de la candidata morenista.

La expolicía habría logrado accionar su arma, calibre .38, hiriendo al menos a uno de los atacantes, ya que en una de las motocicletas empleadas en el atentado, y abandonada cerca del lugar del asesinato, se detectaron rastros de sangre.

Las versiones recogidas indican que en la agresión participaron dos motocicletas y entre tres y cuatro individuos. Uno de ellos, un joven de entre 20 y 25 años de edad, caminó entre la gente que rodeaba a la candidata, se acercó a esta “como si fuera a saludarla” y abrió fuego varias veces. El periódico La Vanguardia rescató un testimonio que indica que el agresor le disparó a Gaytán a quemarropa: “Al cuerpo, al abdomen, y ya cuando estaba en el suelo la remató con otros tres balazos en la cabeza”.

La expolicía recibió un impacto en un glúteo y fue trasladada al hospital bajo “código amarillo”.

Se ignora hasta el momento quién la contrató. Fuentes oficiales creen que sus servicios fueron negociados por el propio partido político.

Desde la noche del ataque, ocurrido el lunes pasado, el candidato al Senado por Morena, Ricardo Sheffield, aseguró que en el atentado también había perdido la vida el candidato a primer regidor Adrián Guerrero Caracheo.

Al día siguiente, en conferencia de prensa, tanto la candidata de Morena a la gubernatura, Alma Alcaraz, como Ricardo Sheffield, confirmaron la muerte de los dos candidatos y pidieron un minuto de silencio. Sheffield sostuvo que Adrián Guerrero había muerto tras el ataque en un hospital.

La información subió al gobierno federal. Durante la “mañanera” de ese día la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, lamentó ambos asesinatos y se solidarizó con familiares y amigos.

En ese momento la fiscalía del estado negó el fallecimiento del candidato a primer regidor. Su cuerpo no estaba en la calle 16 de septiembre, ni en el reporte de los primeros respondientes: tampoco había registro suyo en algún hospital.

El único cuerpo sin vida era el de Gisela Gaytán.

Durante el momento mismo de la conferencia de Alcaraz y Sheffield, mientras se guardaba el minuto de silencio, integrantes de Morena en Guanajuato hacían correr la versión de que Guerrero Caracheo no estaba muerto.

Autoridades del estado lo localizaron, a través de un primo, en San Miguel de Allende, a donde había ido a refugiarse. Las investigaciones mostraron que el candidato a primer regidor había instruido a su familia para que no dieran informes suyos. Ni siquiera se desmintió, durante horas, el rumor de su muerte.

¿De dónde sacó Sheffield esa información, que replicó irresponsablemente de cara a los medios, e hizo llegar incluso al primer micrófono de la nación? La otra pregunta es ¿por qué desapareció el candidato a regidor y dejó correr la noticia de su muerte? ¿Por qué se ha negado, al menos hasta anoche, a rendir su declaración?

Sheffield, Alcaraz y el propio presidente no dudaron en emplear la muerte de Gaytán como garrote político en contra del gobierno de Guanajuato. Ninguno de ellos menciona, sin embargo, que hasta el momento del ataque Morena no había cumplido ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato con los requisitos necesarios para que Gisela Gaytán contara con la protección del municipio (se había acordado que los municipios brindarían seguridad a los candidatos a las alcaldías), entre otros, la presentación de una denuncia ante el ministerio público en caso de se hubieran recibido amenazas (Sheffield alega que sí se recibieron: ¿cuáles fueron?).

Mientras el caso se enreda en la mentira y es usado como ariete político, la muerte de la candidata, en un territorio dominado totalmente por el Cártel de Santa Rosa de Lima, sigue sin esclarecerse.

En marzo de 1935 el maestro David Moreno Herrera fue linchado por una turba en Aguascalientes. Habían ido por él hasta su casa. Lo sacaron a rastras, le prendieron fuego a sus muebles y sus libros, lo golpearon hasta matarlo y colgaron su cuerpo de un árbol.

Moreno se sumó a lista de maestros que entre 1934 y 1940 fueron linchados en estados como Puebla, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Morelos y Chiapas.

Su delito había sido promover la nueva política educativa impulsada por el cardenismo, la educación socialista, que en innumerables comunidades del país fue leída como un ataque a las creencias religiosas del pueblo.

En esos días la prensa se pobló de relatos sobre linchamientos. Los maestros eran acusados de inculcar ideas perniciosas, de profanar imágenes religiosas, de usar incluso las iglesias como establos.

El artista Leopoldo Méndez, con apoyo de la SEP, lanzó una dramática colección de litografías agrupadas bajo el título: “En el nombre de Cristo… han asesinado a más de 200 maestros”.

En los primeras décadas del siglo XX, en México fueron linchados también ingenieros que fueron a restaurar la pirámide de Cholula —porque había rumores de que su verdadera intención era destruir la iglesia construida sobre esta—, comunistas y protestantes que predicaban en público, así como agentes gubernamentales que parcelaban ejidos para llevar a cabo la reforma agraria (la cual atentaba seriamente contra el poder de caciques y terratenientes locales, y que muchas veces fueron promovidos por estos).

Las campanas sonaron en los pueblos, las antorchas se encendieron, y machetes y palos salieron a relucir con el arribo a las poblaciones de integrantes de los comités de reclutamiento, tras la entrada en vigor del servicio militar obligatorio, y con la llegada de brigadas que combatían con el llamado “rifle sanitario” la epidemia de fiebre aftosa que diezmaba al ganado mexicano.

En Senguio, Michoacán, médicos y militares fueron brutalmente linchados en 1947, por el descontento que provocó el sacrificio de animales enfermos: 500 personas enardecidas despedazaron aquel día a los integrantes de la brigada sanitaria, y a uno de ellos le sacaron los ojos. Dos años más tarde, una tragedia semejante ocurrió en Temascalcingo, Estado de México: más de 600 personas despedazaron a dos médicos estadounidenses que formaban parte de la comisión para la erradicación de la fiebre aftosa.

Gema Klope-Santamaría, historiadora especializada en violencia, ha recogido en un libro de claridad deslumbrante, En la vorágine de la violencia (Grano de Sal, 2023), la historia de los linchamientos en el México posrevolucionario. El libro propone que la mayor parte de estos no ocurrieron por ausencia del Estado, sino precisamente por lo contrario: como una forma de defenderse de este. Según Klope-Santamaría, se trató de una forma de resistencia: una reacción a la intervención del Estado, el asesinato tumultuario como una forma de preservación del statu quo.

La historiadora localizó también, en diarios publicados entre 1930 y 1960, una segunda forma de castigo colectivo: el linchamiento de alcaldes, policías, militares, políticos y caciques, “actos de justicia” desatados por el abuso, la manipulación, la explotación y la corrupción. Un caso célebre es el ocurrido en 1959 en Ciudad Hidalgo, Michoacán, en el que el cacique Aquiles de la Peña fue linchado luego de que se difundiera el rumor de que había mandado envenenar el agua. Aunque solo había en el pueblo un intoxicado, azuzada por años de agravios y resentimientos, la muchedumbre asaltó y quemó la casa del cacique, lapidó a sus pistoleros, ¡desplumó a sus pavos reales! y a él lo dejó convertido en una masa de carne desfigurada a golpes, culatazos y tiros.

Hay una suerte de linchamientos autorizados por el Estado como una forma de legitimar la violencia extralegal: Klope-Santamaría refiere casos en que, de manera abierta, funcionarios públicos, representantes del gobierno, agentes de policía, jueces, presidentes municipales y otras figuras de autoridad organizaron, toleraron, impulsaron linchamientos: fueron ellos mismos quienes tocaron las campanas para convocar a las muchedumbres o sacaron a los acusados de las prisiones para entregarlos a las turbas que los esperaban a la luz de las antorchas, “como una forma de gobernanza y control social”.

México linchó a criminales sanguinarios, a violadores, a robachicos, a descuartizadores. A los llamados “sátiros” que violaban niñas. La nota roja celebró estos linchamientos “como una respuesta aceptable, incluso desde una perspectiva moral”. Las historias de “monstruos” y “chacales”, de “brujas”, “nahuales” y “chupasangres” cuyas transgresiones sociales provocaban y amplificaban la náusea, contribuyeron a hacer tolerables formas ilegales y expeditas de “obtener justicia”. El destino de muchos criminales no lo decidió la ley, escribe Klope-Santamaría, sino “la cultura del castigo que se había arraigado en el México posrevolucionario” y que sigue apareciendo cíclicamente en México en un contexto en el que, cada vez más, las autoridades son percibidas como inútiles, corruptas e incapaces de ofrecer justicia.

En la vorágine de la violencia descrita por la historiadora inquieta la persistencia de linchamientos desatados por rumores, o por el testimonio de una sola persona. Cientos de mexicanos han sido linchados porque alguien creyó ver o escuchar algo.

En solo seis años, de 2016 a 2022, más de 1,600 linchamientos han sido documentados en el país. Habitamos el país con mayor número de casos en América Latina. Los atribuimos a “ausencia del Estado”.

El libro de Klope-Santamaría parece probar que esta forma de violencia, en realidad, ha formado parte de la construcción del Estado: una forma de control social, y político.

Estamos, en efecto, en la vorágine de la violencia.

En una rueda de prensa, la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán, anunció que a través del jurídico de su partido había solicitado “protocolos de seguridad” que la protegieran durante su campaña.

A esa hora, sin embargo, se había determinado que tres sicarios la esperaran en la comunidad de San Miguel Octopan para asesinarla.

La candidata de Morena había acudido al Mercado Morelos para escuchar las demandas de locatarios. En la rueda de prensa afirmó que al lugar habían llegado elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para cuidarla, y que también la cuidaba la ciudadanía.

Apenas el 9 de marzo, en ese mismo mercado, mientras Gisela acompañaba a la candidata de Morena a la gubernatura, Alma Alcaraz, militantes del partido protestaron contra su candidatura y la acusaron de pertenecer “al PRIAN”, y de haber sido impuesta por el candidato al senado Ricardo Sheffield:

“Sheffield no te pases de rosca en Celaya”, “No a la imposición de Gisela”, se leía en las cartulinas.

Aquella vez, Gerardo Fernández Noroña, enlace de Claudia Sheinbaum con organizaciones sociales, intentó calmar los ánimos de los inconformes. Le gritaron que Gaytán estaba a diez puntos de otro de los precandidatos: Gerardo Sierra, y más tarde, en un mitin en el Parque Ximhai, un segundo grupo de morenistas la abucheó: “¡No nos representa!”.

Fue en ese mercado donde la candidata hizo el penúltimo recorrido de su vida. En sus redes, Gaytán definió el encuentro con comerciantes como “lleno de apoyo y cariño”.

En su agenda estaba marcado un mitin a las 17:00 horas de ayer en el jardín principal de San Miguel Octopan, una pequeña comunidad de 12 mil habitantes, ubicada a solo 20 minutos de Celaya.

En San Miguel Octopan fue detenida, en enero de 2020, Karina “N”, la esposa de José Antonio Yépez, El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima. Reportes de seguridad definen ese lugar como “Zona Marro”.

La mujer del líder criminal había ido a esconderse a una casa de seguridad situada en aquel lugar. La acompañaban tres miembros del equipo de seguridad de El Marro.

Cuando una fuerza federal compuesta por 300 hombres inició el operativo para su detención, decenas de pobladores salieron a la calle —incluidos niños y mujeres— a fin de impedir que el cateo correspondiente se llevara a cabo.

Poco antes había caído en el lugar una célula de colombianos que mantenía en una casa de seguridad a varias personas privadas de la libertad que, según las autoridades, eran sometidas a trabajo forzado.

Ahí mataron hace un año a la madre buscadora Teresa Magueyal, miembro de un colectivo de 70 familias, quien buscaba a un hijo desaparecido desde abril de 2020.

Las sospechas recayeron en el grupo que controla la zona: el Cártel de Santa Rosa, a quien incomodaban los hallazgos del colectivo “Una promesa por cumplir”.

Durante los últimos años, San Miguel Octopan es sede de las venganzas del Cártel Jalisco Nuevo Generación, cuyos comandos entran de noche a la comunidad en busca de enemigos. La ejecución de uno de estos fue videograbada en diciembre de 2021, la noche en que un grupo de sicarios irrumpió en una casa buscando al autor de un video en el que supuestamente se había ofendido a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder de esa organización.

“¡Esto es por ofender a mi papá Mencho, hijo de tu…!”, se escuchaba en la grabación antes de que un hombre en paños menores fuera acribillado.

San Miguel registra el horror que la guerra entre estos grupos ha dejado en la geografía celayense: los medios rebosan de noticias sobre enfrentamientos, persecuciones, emboscadas a policías, ataques en viviendas, aparición de cuerpos tirados en las carreteras. Hallazgo de cadáveres torturados y mutilados en brechas y baldíos.

Hacia las seis de la tarde, la candidata de Morena caminaba por una calle de San Miguel, la acompañaba un grupo de personas que agitaban banderas y gritaban: “¡Morena! ¡Morena!”.

Las primeras informaciones señalan que dos hombres en moto y uno más pie tierra comenzaron a seguirla. Hasta donde se sabe, no había hasta entonces ningún oficio que solicitara al municipio, como se había acordado desde marzo pasado, la protección de la candidata.

El único escudo con que Gaytán contaba en ese momento era el que le brindaba una mujer armada, que iba en calidad de escolta –y que resultó lesionada durante el ataque.

Sonaron primero tres disparos. Y un segundo más tarde, otros tres. Comenzaron los gritos. Rugieron las motos. La gente se agazapó o echó a correr.

Las elecciones bañaron de sangre otro pueblo de México.

¿En dónde estaba la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, cuando Camila, una niña de ocho años de edad, desapareció en Taxco y una turba amenazante comenzó a rodear la casa de sus presuntos secuestradores?

Solo la gobernadora lo sabe. El alcalde de Taxco, Mario Figueroa Mundo, declaró el viernes 29 que Evelyn Salgado no tomó jamás su llamada de auxilio.

“No sé si esté aquí (en Guerrero). No sé si haya salido”, dijo en entrevista un día después de que el linchamiento de la presunta secuestradora, Ana Luis Aguilar Díaz, hubiera ocurrido.

Ese día, la mayor parte de los 40 elementos de la policía municipal de Taxco habían sido enviados a cubrir la procesión del Cristo de Xochula, en la que participaban más de 5 mil personas. Solo dos patrullas se hallaban disponibles: una vigilaba el centro de la ciudad; la otra se movilizó al domicilio donde cerca de 300 personas cercaban la casa a la que niña había sido invitada a nadar, en una alberca inflable, el miércoles 27.

No era la primera vez que Camila iba a jugar a aquella casa, ubicada a solo 200 metros de la suya, con la hija de Ana Rosa Aguilar. La niña salió hacia la una de la tarde. A las cuatro, su madre llamó por teléfono para avisar que iría a recogerla. Ana Rosa le dijo que la pequeña nunca había llegado.

Según Margarita Ortega, la madre de Camila, más o menos a esa misma hora comenzó a recibir llamadas en las que le exigían un rescate de 250 mil pesos.

A las 16:40 Figueroa Mundo recibió el aviso de que la niña estaba desaparecida. Según su propia versión, recomendó a la familia acudir al ministerio público y llamar al 911. Al mismo tiempo instruyó al secretario de Seguridad Pública que, apoyado por Tránsito y Protección Civil, desplegara en la ciudad, así como en sus accesos, un operativo de búsqueda.

La familia de Camila había obtenido para entonces, en negocios y domicilios vecinos, imágenes en las que se se veía a la niña ingresar a la casa de Ana Rosa Aguilar, en el callejón de la Florida. Había un segundo video en el que se veía a Ana Rosa, así como a su pareja sentimental, José Ricardo Amado Gaytán, subir una pesada bolsa negra a la cajuela de un taxi. Era el taxi número 14.

A las 7:30 de la noche se reportó que un nutrido grupo de personas había bloqueado la avenida de los Plateros y exigía la aparición de la menor. Las dos únicas unidades disponibles se movilizaron al lugar y fueron colocadas “a ambos lados de la manifestación”, según el reporte municipal.

La prioridad fue la localización del taxi número 14. Con ayuda de cámaras de seguridad, de acuerdo con fuentes municipales, lo ubicaron a 28 kilómetros de la ciudad, en la población de El Naranjo, ya para llegar a Iguala. Era el lugar al que Amado Gaytán había ido a esconderse.

Al mismo tiempo, por geolocalización, se buscaba el teléfono celular de Camila.

El número rebotó en algún punto de la carretera Taxco-Iguala.

La búsqueda se concentró en ese sitio. El taxista, mientras tanto, confesaba “el móvil”. Una versión lo liga con una célula de la Nueva Familia Michoacana. En todo caso, llevaba cerca de cinco años relacionado con Ana Rosa Aguilar, la mujer que fue linchada.

En la madrugada del jueves 28 el cuerpo de Camila fue encontrado en la carretera dentro de una bolsa de plástico negro. La autopsia diría que había muerto por estrangulamiento. Los familiares recibieron la noticia hacia las ocho de la mañana. El bloqueo en la calzada de los Plateros crecía.

Figueroa Mundo dice que insistió en sus peticiones de ayuda al gobierno del estado: Taxco era un polvorín. La gobernadora, que tardó 48 horas en subir en X un mensaje en el que se “sensibilizó” con la tragedia, no atendió ninguna de esas llamadas. “La respuesta fue nula”, denunció Figueroa Mundo.

Lo que había en X hasta entonces era un tuit de Salgado en el que invitaba a la gente: “Enamórate de Taxco y escribe tu propia historia en Guerrero”.

Fue hasta las once de la mañana cuando el director de gobernación de la Zona Norte se comunicó con el alcalde Figueroa para decirle algo que este sabía desde la madrugada: que Camila había sido encontrada sin vida. “Te pido que salgas a dar la cara”, le dijo.

“La doy, siempre y cuando venga mi gobernadora. Esto urge que se atienda. Necesitamos policías”, respondió el alcalde.

A esa hora, la autopista Iguala-Taxco había sido bloqueada y la furia iba en aumento.

EL UNIVERSAL ha publicado la crónica extraordinaria de Arturo de Dios Palma: desde el hallazgo del cuerpo la madre de Camila había exigido que se detuviera a los presuntos responsables. No pudo denunciar en Taxco y tuvo que hacerlo en el MP de Iguala.

Le prometieron tramitar una orden de aprehensión que sencillamente no llegó. La multitud seguía creciendo. A las 12:40 seguía sin llegar la orden de aprehensión al callejón Florida.

Hacía casi 24 horas que la pequeña había entrado a aquel domicilio. Escribe Dios Palma:

“Tomaron barrotes, varillas, barretas, piedras y todos se enfilaron hacia la casa. Un grupo comenzó con la puerta, con un barrote la golpearon incesantemente. Al mismo tiempo otro grupo subió al techo, con barretas despegaron las láminas.

‘¡Aquí están! ¡Aquí están!’, gritó un hombre desde el techo.

El grito fue leña seca para la hoguera”.

En el cuarto oscuro estaban una mujer y dos adolescentes: “Todos querían a la mujer. A la que apareció en el video. La que le dijo a la mamá de Camila que la niña no llegó nunca a su casa”.

Los sacaron a todos a rastras.

Unos habían secuestrado a la niña porque pudieron hacerlo en aquella ciudad sin ley. Otros, iniciaron el linchamiento por las mismas razones.

Policías y militares que habían llegado a la avenida se limitaron a ver. Lo mismo hizo el país entero. Vino el funeral y al día siguiente Taxco amaneció sin ley.

En 2020, Greenpeace y varias organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado al presidente de la República para que detuviera los recortes a la Comisión Nacional Forestal, Conafor. Corría el mes de marzo y estaba en puerta una temporada de incendios forestales que dejarían impactos económicos, sociales y ambientales, y afectarían gravemente tanto la biodiversidad como la calidad del aire.

Con su supuesta política de austeridad republicana, que era en realidad un disfraz para derrochar dinero en obras faraónicas, así como en la compra de una amplia base electoral, López Obrador había decretado el desmantelamiento “de las capacidades técnicas, humanas, financieras y operativas” de la Conafor.

Había cancelado el programa de empleo temporal que dejó en el desempleo a brigadas enteras de cortafuegos que hacían labores preventivas en bosques y áreas protegidas, y que, llegado el caso, se movilizaban para atender incendios.

Se avecinaba un año de altas temperaturas, y de acumulación de material altamente combustible a consecuencia de las sequías. Las organizaciones exigían que el combate a los incendios forestales se clasificara como un asunto de Prioridad y Seguridad Nacional.

En el último año de Peña Nieto se habían asignado 5,361 millones de pesos a la Conafor. En el primer año de AMLO, el organismo sufrió un recorte brutal, de dos mil millones de pesos.

A lo largo de 2019, en un país que se había quedado sin brigadas cortafuegos, ocurrieron 7,410 incendios forestales que afectaron 633, mil 677.92 hectáreas, y ocasionaron la muerte de miles de mamíferos, aves y reptiles —sin contar el impacto catastrófico sufrido por la flora.

López Obrador no se detuvo. De 3 mil 567 millones asignados a la Conafor en 2019, le destinó a la Comisión 3 mil 204 millones en 2020, y 3 mil millones en 2021.

En esos dos años ocurrieron 13, 250 incendios que redujeron a cenizas un millón 39 mil 666.61 hectáreas. López Obrador declaró en junio de 2021, sin embargo, que “ahora se destinan más recursos que antes para apagar los incendios”.

Los recortes siguieron en 2022 y 2023. Solo en este último año se incendiaron un millón, 47 mil 492.52 hectáreas, según cifras oficiales.

De 5, 361 millones en el último año del sexenio anterior, en 2024 la Conafor recibió 2, 672 millones de pesos: un recorte de 50%.

En esas condiciones vino el infierno que hoy tiene en llamas a 18 estados de la república y en el que poblaciones abandonadas por el gobierno luchan a brazo partido contra el fuego, e incluso han tenido que ser evacuadas.

Los incendios pasaron de 26 a 52 en solo 72 horas. La Conafor informó que debía enfrentarlos con apenas 1,300 personas.

De visita por Oaxaca, López Obrador dijo que de los 26 incendios activos hasta entonces no había ninguno de riesgo.

“Ya se está en eso”, dijo.

Un día más tarde se contabilizaban ya 95 incendios activos en México, 14 de estos en áreas naturales.

Las imágenes del fuego, en muchos sitios fuera de control, que devora regiones de Veracruz, el Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán y Nuevo León, han causado conmoción.

En el Edomex, el fuego consume dramáticamente los bosques de Jilotzingo, Coatepec, Malinalco, Ixtapaluca, Luvianos, Villa del Carbón, Texcoco, Chalco y Jiquipilco.

En 24 horas seis incendios forestales, empujados por suradas o ráfagas de aire caliente, devastan las Altas Montañas y el Valle de Perote.

Para colmo, las peligrosas concentraciones de material particulado fino, PM2,5, despedido por los incendios, penetran fácilmente en las vías respiratorias y se alojan en los alvéolos y el torrente sanguíneo, provocando cortes de tejidos que, además de exacerbar padecimientos respiratorios y cardiovasculares, son capaces de llevar a las personas a la muerte.

Entre 2019 y 2024 López Obrador redujo en 50% el presupuesto de Conafor. En ese tiempo se dieron 34, 990 incendios que debieron ser atendidos con el personal y el presupuesto adecuado.

No fue así. Su Presidencia se despide con un país literalmente en llamas, con graves afectaciones a la biodiversidad, y con el brutal sacrificio de miles y miles de especies.

Son cifras. Otras cifras que irán a su cuenta.

Así amaneció Cárdenas, San Luis Potosí, la madrugada de este lunes: con cinco cuerpos maniatados y con huellas de tortura que hombres armados bajaron de un vehículo y acomodaron frente a las escalinatas del mismísimo Palacio Municipal.

Las primeras personas que cruzaron por la esquina de Álvaro Obregón y Dr. Armonario Díaz de León de la Rosa —transeúntes, comerciantes, taxistas—  hablaron de un vehículo oscuro que se detuvo unos instantes frente a las puertas cerradas del edificio.

El alcalde, Jorge Omar Muñoz Martínez, al que se ha vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, se encuentra actualmente de licencia: solicitó apartarse del cargo para apoyar, según dijo, las campañas políticas de los candidatos del Verde Ecologista —partido al que se pasó, luego de militar en el PRI.

Esta solicitud de licencia coincidió con el secuestro y ejecución de un personaje cercano a Muñoz: José Salvador Rosales San Juan, quien fue privado de la libertad el pasado 16 de febrero en un barrio de Cárdenas y cuyo cuerpo, con impactos de bala, fue encontrado en la comunidad de Tortugas, en el municipio de Rayón.

Rosales San Juan, quien era visto con frecuencia al lado del alcalde, fue relacionado con el tráfico de drogas y de migrantes. Su ejecución forma parte de un catálogo de asesinatos, extorsiones y desapariciones que sacude desde hace meses la zona media potosina.

El boletín emitido este lunes en la fiscalía hizo referencia a la aparición en Cárdenas de los cinco cuerpos maniatados, pero omitió mencionar que habían sido abandonados a las puertas del Palacio Municipal. El secretario de seguridad pública, Guzmar Ángel González Castillo, negó la existencia en la zona de “focos rojos” —y cuando le preguntaron si la aparición de los cuerpos podría estar ligado con el proceso electoral en curso apuntó: “No queremos ligarlo con eso”.

Mientras tanto, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, anunció a sus gobernados, desde su cuenta de X: “Les tengo una increíble sorpresa: tenemos a nuestra primera artista confirmada para la #FENAPO2024, Kenia Os”.

A pesar de los esfuerzos por invisibilizar la violencia que desde hace por lo menos dos años se ha recrudecido en pueblos y municipios de la región media potosina, la muerte y la sangre asoman la cara.

Un reporte del Ejército, hackeado por el colectivo Guacamaya, describe la pugna que seis grupos criminales sostienen en una decena de municipios.

Cárdenas está en el centro de la disputa entre el Cártel Jalisco y el Cártel del Golfo. Estas organizaciones pelean también con Los Zetas por el control de Rayón, Alaquines, Ríoverde, Ciudad Fernández y Tamasopo (municipio de la Huasteca).

Grupos como el Cártel San Luis Potosí Nueva Generación, el Cártel Unido de la Huasteca y la Familia Michoacana también mantienen presencia en la región.

El secretario de seguridad no ve focos rojos. Y el gobernador ha llegado a acusar de “protagonismo” a los directores de escuelas que suspendieron clases tras una balacera ocurrida en Cárdenas.

Interrogado sobre el número de enfrentamientos que las organizaciones criminales han sostenido en la zona, Guzmar Ángel González respondió que en su dependencia no los contaban, “porque no ocurren seguido”.

Apenas el 15 de enero pasado, a las 3 de la mañana, un convoy de 15 camionetas recorrió el Barrio del Chaparral y se enfrascó en un tiroteo, que duró 40 minutos, con un grupo de civiles armados.

Ese fin de semana desaparecieron 15 personas en Cárdenas, Rayón y Alaquines, incluidos unos primos que tres semanas más tarde fueron rescatados por el Ejército en una casa de seguridad de Tamasopo.

El 29 de enero los accesos de Cárdenas fueron bloqueados y camionetas con hombres armados desataron el pánico el centro y en diversos barrios.

Ataques a domicilios, vehículos, patrullas, policías y comandancias, forman parte de la vida cotidiana en la región. El propio gobernador ha llegado a quejarse de que la Fiscalía General de la República “no asoma ni las narices” cuando suceden “levantones”, ejecuciones, persecuciones y ataques.

Ahora fueron a dejarles cinco cuerpos frente al Palacio Municipal.

¿Para quién es el mensaje? Cárdenas es mientras tanto otra pequeña ciudad de calles vacías y gente encerrada en sus casas. Una pequeña ciudad en el país que, nos han enterado, figura como el más feliz de América Latina. Así están las cosas.

En la madrugada del viernes 22 de marzo llegaron cuatro reportes en cascada al número de emergencia 911. Indicaban que hombres armados se estaban llevando a familias enteras en diversos sectores de Culiacán, Sinaloa.

El primer reporte llegó a las 4:30 de la mañana desde la colonia Villa Bonita. Vino uno más desde la comunidad de El Carrizalejo. Siguieron dos llamadas: una desde el sector Paraíso y otra desde la comunidad de La Noria, en la sindicatura de Imala.

Solo en este último lugar habían extraído a 16 personas de tres domicilios.

Entre los “levantados” había mujeres y niños. Según el recuento de las autoridades, de otra colonia, Industrial El Palmito, los sicarios extrajeron, junto a dos mujeres, a tres menores de 2, 6 y 11 años.

De Los Ángeles se llevaron a siete miembros de una familia, entre la que había cuatro niños de 6, 9, 11 y 12 años.

A muchos los sorprendieron mientras dormían. Los vecinos reportaron golpes y gritos.

La cifra fue creciendo de manera escandalosa. El secretario de seguridad de Culiacán, Sergio Antonio Leyva, admitió que efectivamente se habían recibido llamadas de emergencia, aunque hasta el momento, dijo, no había “nada confirmado”.

A las 3 de la tarde de ese día de horror, después de postear una foto en la que aparece abrazado al presidente López Obrador, y de expresar su beneplácito por la visita que hará este a Sinaloa el próximo 8 de abril —a fin de presenciar el eclipse de sol—, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, habló en un post de hechos “presuntamente ocurridos” en Culiacán y afirmó que se trataba “de versiones aún no confirmadas”.

Según el gobernador, autoridades de los tres niveles de gobierno desarrollaban, sin embargo, “un operativo conjunto para esclarecer los hechos”. En su propio operativo, en realidad, para esa hora los narcos habían arrancado de sus domicilios a un total de 66 personas.

—¿Qué mensaje a los sinaloenses, gobernador? —le preguntaron a Rocha Moya a las cinco de la tarde, a propósito de los secuestros.

—Que no tengan miedo. Que son cosas que lamentablemente ocurren —dijo el gobernador.

A esa hora, Rocha Moya creía que los “levantados” “presuntamente” eran 15.

De pronto, misteriosamente, en cuestión de horas, los desaparecidos fueron regresando a sus respectivos hogares. Algunos fueron abandonados en el centro. Otros, en comunidades y colonias.

El sábado en la mañana el gobernador anunció que 9 adultos y 9 niñas y niños habían recobrado la libertad. Horas más tarde admitió que ya habían sido localizadas 42 víctimas. El domingo, el gobernador se “permitió” informar que se había localizado a un total de 58 (36 adultos y 22 niñas y niños).

De las 66 ausentes, escribió Rocha Moya, 8 personas permanecían aún con el “carácter de desaparecidas por ausencia”.

El secretario de Seguridad del estado, Gerardo Mérida Sánchez, precisó que no era posible determinar si esas personas se hallaban privadas de la libertad o solo estaban ausentes de su domicilio.

“Ninguno de los liberados se decidió a hablar. Nadie quiso contar qué fue lo que pasó en esas horas”, reconoció una fuente de primer nivel del gobierno estatal.

El periodista Adrián López, director del periódico Noroeste, afirma que es extraño que aún no se conozcan videos o fotografías de los secuestros. “Lo único concreto son los reportes al 911 que se registraron en el C4”, explica.

Fuentes federales de seguridad creen que existe una conexión entre lo que llaman “los decapitados de Badiraguato” y “los levantados de Culiacán”. El 21 de marzo pasado, un día antes de que se desataran los secuestros masivos, ocurrió un enfrentamiento en las cercanías de San José del Llano, en la sierra de Badiraguato.

Ahí, las autoridades encontraron una camioneta calcinada y con impactos de bala, así como los cadáveres de tres sicarios del grupo de Los Chapitos, dos de los cuales habían sido decapitados. Había también un trozo de cartón frente a las dos cabezas. “Así les va pasar a toda la bola de v… que le busquen al Guano. Atte. GDG”.

Se trataba de un episodio más en el enfrentamiento por el control del territorio entre los hijos del Chapo Guzmán (Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocidos como Los Menores) y su tío, Aureliano Guzmán Loera, al que apodan El Guano.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el operativo efectuado el viernes pasado en Culiacán tenía como fin ubicar a personajes que forman parte o llegaron a participar en la facción de El Guano.

Mientras se esclarece la verdad, en Culiacán reina el silencio.

Tras la llegada intempestiva a la ciudad de dos batallones de fuerzas especiales con más de 600 elementos, ocurrió ya un primer enfrentamiento con la delincuencia: un tiroteo en el Nuevo Malecón, de acuerdo con la prensa local, culminó con la muerte de un Guardia Nacional.

El periodista Ismael Bojórquez, de Ríodoce, escribió que la ciudad está tomada por soldados y pistoleros, y que la gente parece atrapada en sus propias casas.

El tercer Culiacanazo, como le llaman ya al secuestro masivo de ciudadanos ocurrido el viernes, confirma que Sinaloa está a merced del crimen: como ha escrito Héctor Aguilar Camín, ahí ocurre lo que quiera el crimen, cuando quiera el crimen. Lo vimos en 2019. Volvimos a verlo en 2021. Ocurrió el viernes nuevamente, y nadie saber por qué. Lo único que sabemos, como dice el gobernador, es que en Sinaloa el secuestro de 66 personas “son cosas que lamentablemente ocurren”.

El Cártel Jalisco Nueva Generación había elaborado una lista de 15 objetivos de agentes de la fiscalía del estado de Jalisco a los que pensaba asesinar. Lanzó un operativo coordinado en la zona metropolitana de Guadalajara. Logró atacar a tres elementos y asesinar a dos. Un comando entró más tarde al Mr. Bar de Acapulco, en Guerrero, y dejó a once personas tendidas. Seis de ellas perdieron la vida ahí mismo.

En Uruapan, Michoacán, dejaron colgados sobre un puente vehicular y abandonados en la calle 19 cadáveres. Seis de ellos, metidos en bolsas, estaban sin pies, ni manos, ni cabezas.

En el bar Caballo Negro de Coatzacoalcos, Veracruz, sicarios encerraron a 28 personas y luego le prendieron fuego al establecimiento. En Tepalcatepec, Michoacán, 18 encapuchados del Cártel Jalisco anunciaron que entrarían a matar sus rivales. Tomaron Tepalcatepec durante cuatro horas. Dejaron 9 muertos, 11 heridos, vehículos en llamas y casas acribilladas.

En La Primavera, municipio de Zapopan, colectivos de búsqueda encontraron la mayor fosa clandestina de Jalisco. Habían inhumado ahí 40 cuerpos. En Ixtlahuacán de los Membrillos fueron halladas bolsas de plástico con los cadáveres de 20 personas.

En Empalme, Sonora, 15 camionetas del crimen organizado entraron a la ciudad al grito de “¡Pura Gente Nueva!” y quemaron y acribillaron varias casas. Buscaban al “encargado” o jefe de plaza de un grupo rival. El saldo fue de varios muertos y familias llorando en la calle. Cinco patrullas que iban a cumplir un mandamiento judicial fueron emboscadas en El Aguaje, Michoacán. 13 policías perdieron la vida, 9 más resultaron heridos, se habló de 7 agentes “levantados”.

26 cuerpos fueron hallados en fosas ubicadas en la Ostionera 2, en Puerto Peñasco, Sonora. Nueve integrantes de la familia LeBaron fueron asesinados y quemados a sangre fría en un camino de Bavispe. En Uruapan, sicarios de Los Viagras entraron a un local de maquinitas e hicieron 65 disparos. Mataron a cinco muchachos de 12, 13, 14, 17 y 18 años, así como a tres adultos.

Gatilleros de Guerreros Unidos entraron a la plaza de toros de Zacacoyuca y mataron a cinco, entre ellos, un comisario ejidal.

Pobladores de Córdoba, Veracruz, quedaron encerrados durante cuatro horas en centros comerciales que bajaron sus cortinas. La detención de un jefe criminal desató el caos y el pánico en la ciudad: las balaceras, las persecuciones, los enfrentamientos se dieron en varias calles. “Van a seguir su desmadre hasta que no lo suelten”, se leía en un mensaje de WhatsApp.

Los medios se enteraron de la existencia de San Lorenzo Chachapa, en Puebla, el día en que aparecieron ocho cuerpos descuartizados en un tiradero de escombros. Los restos fueron llevados a ese lugar por un camión de volteo, y uno de los cuerpos portaba ropas con insignias de la policía estatal.

Una llamada de auxilio llevó a la policía hasta Chuhichupa, Chihuahua. En ese sitio había 17 cuerpos con impactos de bala en la cara y en el cuello. Era el saldo de una emboscada planeada por La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez.

12 cadáveres apilados en una camioneta fueron encontrados en Huetamo, Michoacán. Las víctimas habían sido acribilladas con armas largas luego de un enfrentamiento entre La Familia Michoacana y el CJNG. A una de estas le habían amputado las dos manos. Una de esas manos apareció en Carácuaro, a cuatro horas y media de distancia. En esos días José Dolores Villegas, El Iraquí, líder de Los Aztecas, ordenó la muerte de 20 personas relacionadas con el narcomenudeo en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El horror siguió: 17 personas fusiladas en San José de Gracia, Michoacán; 6 ejecutados en Pinos, Zacatecas; 15 bolsas con cuerpos descuartizados halladas en El Salto, Jalisco; 10 personas ejecutadas en León, Guanajuato; 10 personas asesinadas en un bar de Tarimoro, Guanajuato; 20 personas ejecutadas en San Miguel Totolapan, Guerrero; 9 acribillados en un bar de Apaseo el Alto, Guanajuato.

86 bolsas con restos humanos localizadas en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Restos humanos de al menos 10 personas enterradas en un predio de Ziratécuaro, Michoacán; 39 migrantes asfixiados y calcinados en una estación migratoria de Chihuahua.

Siete personas ejecutadas en San Pedro Chenalhó, en Chiapas. 55 fosas con 92 restos humanos halladas en Tecomán, Colima; 27 personas más inhumadas clandestinamente en un predio de Ciudad Victoria, Tamaulipas; seis cadáveres de adolescentes localizados en Malpaso, Zacatecas, y restos de cuatro personas calcinadas encontrados en Lagos de Moreno, Jalisco.

Hallazgo de una fosa en Tacámbaro, Michoacán, en donde se han contabilizado al menos 80 cuerpos completos; cuerpos desmembrados arrojados a un costado de las letras turísticas de Cazones de Herrera, Veracruz (el número exacto de las víctimas aún se desconoce) y tres elementos de la Guardia Civil, entre ellos una comisaria regional, decapitados en Pátzcuaro.

Aumento de los homicidios en 15 estados: en Chiapas, el aumento fue de 61%; en Campeche y Nayarit de 18%; en Querétaro y Tamaulipas, de 35 y 33% respectivamente.

He hecho aquí un recuento parcial de lo ocurrido en México en los últimos cinco años. Desde los primeros meses del gobierno de AMLO, cuando se acumulaban ya los primeros 30 mil homicidios, el poeta Javier Sicilia se refirió al país como “la casa ensangrentada”, y advirtió que la consecuencia de los abrazos sería la misma que la de los balazos: sufrimiento, indefensión y muerte.

La cuenta supera hoy los 180 mil asesinatos. Un mínimo recuento pone de relieve la gravedad de lo que se vive en México.

Pero esa pesadilla, al parecer, es solo la de unos cuantos. Leo, como en un sueño, la postura de negación del desastre adoptada por la candidata del oficialismo. “No hay miedo en el país… Quiere la oposición decir que hay miedo. No. No es lo que yo he visto en el país”, declaró ayer Claudia Sheinbaum.

Malas noticias para quienes viven con la bota en el cuello.

A las once de la noche del domingo se reportó el hallazgo de tres cuerpos decapitados en el lugar conocido como El Columpio, en el kilómetro 8 de la carretera Zirahuén-Pátzcuaro, en el estado de Michoacán.

Las autoridades que llegaron a la zona divisaron a lo lejos una patrulla en llamas y, más allá, una escena de horror indescriptible.

Esa noche, la comisaria regional de la Guardia Civil en Pátzcuaro, Cristal García Hurtado, y dos de los agentes que tenía asignados como escoltas, Itzel Madero y David de Jesús Espinosa (de 32 y 33 años respectivamente), volvían de efectuar labores de vigilancia en la zona de Tzintzuntzan, en donde se había verificado la K’uinchekua, un festival de danzas y cantos rituales.

Fuentes cercanas a la investigación sostienen que la comisaria pudo ser cazada por los integrantes de un grupo criminal: en días pasados había logrado el aseguramiento de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, la organización delincuencial con mayor presencia en la región, la cual disputa el control territorial con células de Los Templarios, asociados al grupo conocido como Cárteles Unidos.

Se tiene el reporte de que tal vez cuatro camionetas cerraron el paso a la unidad de la comisaria. Los agentes de la Guardia Civil fueron sometidos, esposados y decapitados.

Más tarde se prendió fuego a la camioneta de doble cabina en la que se desplazaban.

No había en el lugar evidencias de un enfrentamiento o de una emboscada. El cuerpo decapitado de la comisaria fue localizado a unos metros de su vehículo.

Ejército, Guardia Nacional y Guardia Civil se desplegaron por la zona. Con drones se realizó un monitoreo aéreo. Las autoridades analizaron cámaras de vigilancia y arcos viales. Hasta el momento, sin embargo, no existen detenidos.

Apenas el 1 de marzo la Guardia Civil a cargo de Cristal García repelió una emboscada en la Quinta de Ibarra: sicarios habían abierto fuego contra los uniformados. Se inició una persecución que culminó con el aseguramiento de una Jeep Cherokee.

Pátzcuaro es uno de los municipios de Michoacán que se encuentran bajo el dominio de los grupos criminales. Hace un par de años, un convoy formado por un centenar de presuntos autodefensas de los llamados Pueblos Unidos tomó la cabecera municipal, a bordo de 25 camionetas, con la intención, según dijeron, “de dejar Pátzcuaro libre de delincuentes”.

Pueblos Unidos surgió en 2020 con el aparente propósito de librar a los productores de las extorsiones del crimen organizado.

Las organizaciones reconocidas de aguacateros y limoneros del estado, no reconocen, sin embargo, vínculo alguno con estos grupos. Se les ha señalado, en cambio, como uno de los brazos de Cárteles Unidos.

En las zonas montañosas de Pátzcuaro han sido desmantelados laboratorios dedicados a la fabricación de narcóticos y campos de entrenamiento de la delincuencia organizada. En la ciudad, los “levantones” ocurren a la luz del día. Con frecuencia se realizan cateos en la zona urbana, que dejan al descubierto almacenes de metanfetaminas.

La delincuencia se ha disparado en tal forma que vecinos, armados con palos y silbatos, han tenido que efectuar rondines nocturnos —de los que forman parte adultos mayores y niños—, para tratar de contener a asaltantes y vendedores de droga.

Como en otras regiones de la geografía michoacana, la gente vive ahí en zozobra permanente.

En agosto de 2022 fueron detenidos 167 miembros de Pueblos Unidos que se dirigían a Pátzcuaro. Se les decomisaron 182 armas.

La gente vive entre la espada y la pared, sin saber bien a bien de quién cuidarse.

La comisaria García y los escoltas decapitados el domingo fueron sorprendidos justo en el límite donde termina el control de Cárteles Unidos y comienza el de Los Templarios.

Con la monstruosidad cometida contra dos mujeres y un agente de la Guardia Civil, Pátzcuaro se suma a la lista negra de los municipios donde el crimen organizado ha dejado una marca de sangre: al Atlas de un país teñido de rojo, donde lo peor está siempre por ocurrir, como ocurrió el domingo en el kilómetro 8.

La violencia electoral regresó a Chilapa a las 10:30 de la noche del 12 de marzo de pasado. A esa hora, el candidato de Morena a la presidencia municipal, Tomás Álvarez Patrón, volvía de una asamblea informativa que se llevó a cabo en la comunidad Cuadrilla Nueva de Chilapa.

Al bajar de su automóvil, un viejo Pointer de color rojo, Álvarez Patrón fue interceptado y recibió dos tiros en la cabeza.

Chilapa fue el municipio donde más agresiones sufrieron los integrantes de partidos durante el proceso electoral de 2021.

Al aspirante perredista a la alcaldía, Antonio Hernández, hombres armados lo acribillaron en el interior de su negocio de venta de materiales de construcción. Al también aspirante, pero de Morena, Orencio Bello lo asesinaron a tiros en la carretera Chilpancingo-Chilapa.

El río de sangre se llevó las vidas de las precandidatas del PRD y el PRI Antonia Jaimes Moctezuma y Dulce Rebajas Pedro. Tres operadores del PRI, del PRD y de Morena, también fueron abatidos.

A principios de 2019, una comitiva de pobladores del municipio, y de integrantes del colectivo Siempre Vivos intentó entrevistarse con el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas y con el presidente López Obrador. Ninguno de los dos los recibió.

Querían denunciar la crisis humanitaria que la guerra entre Los Rojos y Los Ardillos había desatado en el municipio desde tres años antes. Sangrientas masacres estremecían la región.

Los Ardillos habían decidido extender su dominio desde Quechultenango y expulsar del municipio al líder de Los Rojos, Zenén Sánchez Nava, que había fincado su bastión en Chilapa desde inicios del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Los males cundieron: el despojo, el secuestro, el abigeato, las decapitaciones, los descuartizamientos y la quema de casas. La zona se llenó de pueblos fantasma y los cerros se poblaron de fosas.

En aquel 2019 los pobladores entregaron en Palacio Nacional un documento que contenía el organigrama de Los Ardillos: sus nombres, sus apodos, sus domicilios. Les dieron un papel de recibido y se comprometieron a buscarlos. El colectivo denunció más tarde que nada ocurrió.

Más de 1,300 personas fueron asesinadas en Chilapa. Otras 400 desaparecieron.

Ese año, Chilapa quedó bajo el poder de Los Ardillos y sus tres jefes: los hermanos Celso, Antonio y Jorge Iván Ortega Jiménez.

En ese municipio la muerte forma parte del paisaje diario.

En abril de 2022 el país se estremeció con la imagen de seis cabezas abandonadas en el toldo de un Pointer gris. Los cuerpos, en bolsas de plástico, habían sido colocados dentro del vehículo. Había un mensaje de Los Ardillos: “La plaza tiene dueño y se respeta”.

Poco después aparecieron varios cuerpos desmembrados con este mensaje: “No que se les olvide que yo los hago y yo los deshago”.

Celso Ortega Jiménez es el personaje que apareció en un video desayunando con la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández. El mismo que hoy controla seis municipios de la Montaña y que ha extendido su poder sobre Chilpancingo, incendiando negocios y taxis, y desatando la extorsión masiva entre los vendedores de carne de pollo, de res y de cerdo.

El mismo que abandonó seis cabezas sobre el toldo de un coche para exigirle a la alcaldesa Hernández el cumplimiento de acuerdos. El mismo que en julio pasado lanzó contra Chilpancingo a más de dos mil integrantes de su organización, para sitiar el Congreso del estado y el Palacio de Gobierno.

El horror de Chilapa abarca ya seis años del gobierno de Enrique Peña Nieto y otros seis del gobierno de Andrés Manuel López Obrador: son los años de impunidad de Celso Ortega Jiménez en el municipio donde la peor violencia electoral se desató en 2021.

En 2016, restos humanos calcinados fueron esparcidos en el barrio de San Juan. Había una cartulina firmada por Los Jefes.

En la misma semana en que esto ocurrió un nuevo mensaje señaló al entonces presidente municipal, el priista Jesús Parra García, de brindar protección a una operadora de Los Ardillos: Mercedes Carballo Chino. La revista Proceso dio cuenta de la aparición de aquel mensaje.

Carballo Chino es cuñada de Celso Ortega Jiménez, el líder de Los Ardillos.

Hoy hace campaña por el PRI, como candidata a la presidencia municipal de Chilapa. Su antiguo protector, el exalcalde Jesús Parra García, figura como candidato a la diputación local del 25 distrito.

“Todo el poder para Los Ardillos”, dicen en Chilapa, donde el rumor es que el morenista Tomás Álvarez Patrón fue asesinado a fin de abrirle paso a la cuñada de Ortega Jiménez y garantizar el reinado, por otros tres años, de este grupo criminal.