Hay un éxodo en Cárdenas, San Luis Potosí. Familias completas se van del municipio, ahogadas por la extorsión, las amenazas, los secuestros, el asedio: la impunidad que despliega el crimen organizado.

En marzo de este año un grupo de desconocidos abandonó cinco cadáveres frente al Palacio Municipal de Cárdenas. El alcalde del Verde Ecologista, Jorge Omar Muñoz Martínez, conocido como El Melones, había pedido licencia para meterse en la contienda electoral y operar la campaña de un candidato afín. El hallazgo de aquellos cinco cuerpos hizo que el gobernador del estado le quitara el respaldo. Tal vez el mensaje había quedado claro.

Finalmente, en Cárdenas ganó el PT. Pero la campaña de Edgar Miguel Hernández, El Conta, fue aprobada y favorecida por la célula del Cártel Jalisco Nuevo Generación que opera en la región. Reportes de inteligencia indican que quien fue coordinador de campaña de El Conta es suegro del jefe de plaza de ese grupo criminal en la zona media del estado.

En 2020 fuerzas federales detuvieron a una mujer en Cárdenas. Llevaba consigo una manta firmada por el Cártel del Golfo, la cual contenía amenazas en contra de un sujeto llamado Héctor Ávalos, al que la Sedena ubicó más tarde como líder del CJNG en Cárdenas, Rayón, Tamasopo, Rioverde y Alaquines, entre otros municipios.

Según los reportes, Ávalos fue cercano a quien pronto sería alcalde del Verde, Jorge Omar Muñoz, El Melones. En junio de 2020, sin embargo, fue detenido con droga en el municipio de Rayón.

Durante el tiempo que pasó en la cárcel fue o se sintió traicionado por su antiguo aliado. De acuerdo con las fuentes de inteligencia consultadas, es probable que Ávalos haya dejado los cuerpos frente la alcaldía de Cárdenas, como una forma de avisar que estaba de vuelta e iba a cobrárselas.

A dicho personaje se atribuye la ola de asesinatos, secuestros, extorsiones y desapariciones que han llevado al éxodo a numerosas familias de Cárdenas, San Luis Potosí. Desde su salida de prisión comenzó la peor racha de violencia que se ha vivido en la región.

En la manta que llevaba la mujer detenida en 2020 aparecían mencionados otros dos individuos: un tal Comandante Lucifer y un hombre apodado La Loba.

En un reporte de la Sedena el Comandante Lucifer es identificado como Eduardo de Jesús Muñoz Brambila; La Loba, como Víctor Manuel Reyes de León, detenido con droga (cocaína, cristal y mariguana) en 2020 en Tamasopo.

El reporte informa que la célula del Cártel Jalisco que opera en la zona media cuenta con la protección del alcalde de Cárdenas, El Melones, y con la colaboración de dos individuos que fueron militares: Pablo Ramón Palomino Rojas, del 40 Batallón de Infantería, y Jesús Ortega Coronado, quien desertó de la Guardia Nacional en septiembre de 2020.

En toda la región los secuestros se cometen a la luz del día. El video de un secuestro en una calle céntrica, cometido por hombres con gorras y cubrebocas, se viralizó hace dos años. En 2023, una balacera en el jardín principal de Cárdenas, a unos metros del Palacio Municipal, desató el terror de la población. La Cruz Roja canceló sus servicios en ese municipio. Desde las ocho de la noche, las calles quedan desiertas: son frecuentes los enfrentamientos entre grupos criminales: el Cártel Jalisco, el Cártel del Golfo, el Cártel San Luis Potosí Nueva Generación, el Cártel Unido de la Huasteca e incluso la Familia Michoacana.

En un fin de semana desaparecieron 15 personas en Cárdenas, Rayón y Alaquines. Apenas en abril, elementos de la Guardia Civil rescataron a 46 migrantes que se hallaban encerrados en un inmueble de Rioverde: un menor de edad había informado a los agentes que varias personas estaban privadas de la libertad en una bodega: las autoridades encontraron ahí a hondureños, salvadoreños y guatemaltecos

A principios de este mes, los cadáveres de tres personas aparecieron con visibles huellas de tortura, y maniatados, en la plaza principal de Rioverde, dentro de una camioneta. Apenas el 12 de junio, sujetos armados se llevaron a tres jóvenes que dormían en sus casas.

Los pobladores realizan marchas y protestas exigiendo paz y seguridad. En Cárdenas, el barrio Brownsville comienza a quedarse sin familias, según ha reportado el diario Quadratín SLP.

Asesinatos, secuestros, ataques a domicilios, patrullas y comandancias, forman parte de la vida cotidiana en la zona media de San Luis Potosí. El avance de las organizaciones criminales y su captura de la vida cotidiana han vuelto un infierno la vida de cientos de miles de potosinos. Desde los gobiernos federal y estatal la crisis de violencia e inseguridad, sin embargo, se ha negado.

Es la crisis que su antecesor legará al gobierno de Claudia Sheinbaum: un cartucho de dinamita, hecho de contubernios con la política local, que más temprano que tarde terminará por estallarle en las manos.

Ojalá que, en lugar de negar la realidad, como ha ocurrido estos seis años, el gobierno entrante comprenda que, para ser viable, es imprescindible enfrentar, y corregir.

Pocos repararon aquella mañana de 1924 en la esquela mortuoria en la que se leía el nombre de Rosario de la Peña y Llerena. Se hallaba en la cuarta plana de EL UNIVERSAL y desaparecía un poco entre una serie de anuncios atractivos: el de un método perfecto para encontrar tesoros ocultos, el de un medicamento milagroso para conciliar el sueño, el que enumeraba las bondades que traía en casos de gripe la aplicación de Bromural, y otro que avisaba dónde encontrar llantas resistentes de la marca Goodrich.

Rosario de la Peña. Era un nombre que solo decía algo a “los viejos de cincuenta a sesenta años”, según un artículo publicado días más tarde en EL UNIVERSAL Ilustrado. Ese nombre “venía a recordarles su juventud lejana”. Porque la esquela aquella, aprisionada en un marco fúnebre, daba cuenta de la muerte de un mito.

La mujer “que parecía inmortal”, la musa a cuyos pies cayeron, derramando flores y versos, los mayores poetas de su tiempo: Ignacio Ramírez, Manuel M. Flores, Guillermo Prieto e incluso el joven Luis G. Urbina. La diosa cruel, de ojos negros y abismales, a la que se culpaba del suicidio en 1873, en pleno ascenso a la gloria literaria, del inigualable poeta Manuel Acuña.

Nunca se había leído un poema con tanta furia, nunca un poema había sido declamado “hasta por cocheros y lavanderas” de México, Centro y Sudamérica, como el que Acuña le dedicó a Rosario de la Peña poco antes de apurar un trago de arsénico.

En 1890, cuando todo mundo la llamaba ya “Rosario la de Acuña”, Luis G. Urbina la visitó en su “casa de dama pobre” en Tacubaya —avenida Morelos 87: una casa “con vestigios de faustos extinguidos”—, y se asomó al álbum que Rosario guardaba bajo siete llaves como una reliquia, y en el que se hallaban —eso dice la leyenda— los versos que todos esos poetas le habían dedicado.

Rosario pasaba entonces de los 40 años, pero seguía conservando una “belleza arrogante” y un “perfil cleopátrico” que no aparece en ninguna de sus fotos (“hay algo en ti que no será nunca retratable”, le escribió Manuel M. Flores: “es ese no sé qué sin el cual la hermosura no tiene vida ni durable encanto”). Aunque comenzaba a marchitarse, su cuerpo era todavía el que describe Marco Antonio Campos: “la viva imagen del deseo” que hacía “que los hombres, al verla, contuvieran la respiración”.

Deslumbrado por su presencia, esa tarde Urbina le dedicó también unos versos de amor sin esperanza.

Con su ritmo hipnótico, el poema de Manuel Acuña (“Nocturno a Rosario”) figura entre los más citados, los más memorizados, los más conocidos de la literatura mexicana. La musa que lo inspiró pasó a formar parte del gran mito trágico del romanticismo mexicano, pero la mujer de carne y hueso fue completamente olvidada. Cuando apareció la noticia de su muerte, muchos se sorprendieron de que en 1924 aquel mito de tiempos de Juárez continuara con vida. Habían pasado 51 años del suicidio del poeta. De acuerdo con una nota de EL UNIVERSAL Ilustrado, a los jóvenes de entonces les había llegado a parecer que Rosario era una invención, “como Ligeia, Annabel Lee y Eleonora”, entre otros personajes imaginados por Poe. “Sentimos la misma impresión que si nos hubiesen dicho: ‘Les presento a Don Quijote’”, escribió uno de los colaboradores de dicho suplemento.

El cronista estelar de EL UNIVERSAL, Fernando Ramírez de Aguilar, que firmaba con el seudónimo de Jacobo Dalevuelta, se trasladó a la vieja “casa de dama pobre” donde Rosario había pasado sus últimos años en un oscuro retiro, “en medio de los dolores crueles de una tragedia moral”. Aunque en las contadas entrevistas que concedió había aclarado que no sostuvo nunca relaciones amorosas con Acuña, la seguían culpando del suicidio y la seguían llamando “Rosario la de Acuña”. Los dos amores reales que tuvo en la vida habían muerto trágicamente: el coronel Juan Espinosa, en un duelo; el poeta Manuel M. Flores, consumido por la sífilis.

Ramírez de Aguilar atravesó el viejo jardín de la casa de Tacubaya, lleno de flores y lleno de abandono. En la humilde estancia, ante la caja blanca que guardaba el cadáver de la musa, recordó que apenas un año antes, en una fiesta a la que había acudido la cantante y actriz argentina Berta Singerman, Rosario había mostrado el famoso álbum, e incluso el manuscrito original del “Nocturno”. Cuando Singerman declamó aquellos versos ante el pequeño y familiar auditorio, “casi todos los presentes lloraron, incluso la ancianita”.

Cuenta Ramírez de Aguilar que, en la sala mortuoria, a un lado de la caja blanca, repitió mentalmente los versos del “Nocturno”, cruzó unas palabras con la hermana de Rosario, Margarita, para recordar la lejana tragedia del 6 de diciembre de 1873, y pudo averiguar que los míticos documentos que habían permanecido guardados durante medio siglo quedarían en manos de Asunción de la Peña, viuda del poeta Enrique Fernández Granados.

Al día siguiente, a las diez de la mañana, un reducido cortejo fúnebre se encaminó al Panteón de Dolores. Lentamente, Rosario volvió a caer en el olvido. De ese día, está por cumplirse un siglo.

La incursión de un comando del Cártel de Caborca que el jueves pasado arrasó el ejido El Gallito, en Bacalar, Quintana Roo, tuvo un antecedente siniestro la noche del 18 de mayo.

Esa noche, dos ataúdes con cadáveres que presentaban signos de tortura fueron colocados a las puertas de una céntrica funeraria en Bacalar.

Los dos ejecutados eran Marina Coronel y su sobrino José Roberto Coronel. La primera era secretaria general del Ayuntamiento de Bacalar; el segundo formaba parte del equipo cercano al presidente municipal de Morena, José Alfredo Contreras Méndez.

Los Coronel han sido señalados por medios locales como operadores del Cártel de Sinaloa en la región. Desde hace meses, el Cártel de Caborca, que dirige José Gil Caro Quintero, El Pelo Chino, ha intentado controlar esa zona de Quintana Roo, célebre desde hace décadas por sus pistas de aterrizaje clandestinas, a las que llegan cargamentos procedentes de Centro y Sudamérica.

Los cuerpos de Marina y de José Roberto Coronel fueron trasladados al Semefo bajo protección de la Guardia Nacional: el Cártel de Caborca había amenazado con asesinar a quienes acudieran a reclamarlos.

Los familiares no habían reportado su desaparición, alegando que desconfiaban de las autoridades.

El jueves pasado, hacia las seis de la mañana, cerca de 40 sicarios del Cártel de Caborca arribaron a El Gallito. De acuerdo con pobladores, Los Coronel habían cerrado los accesos a la comunidad, en donde viven unas 40 familias de ejidatarios. Se desató un enfrentamiento que duró cerca de dos horas.

Muchos de los habitantes se refugiaron en el monte “y por eso están vivos”. Se afirma que algunos siguen perdidos.

Más tarde circularon imágenes captadas por los habitantes del ejido, que muestran la comunidad vacía y en buena parte arrasada. Casas y palapas fueron quemadas. Maquinaria, tractocamiones y otros vehículos quedaron calcinados. Los agresores revolvieron el interior de las casas, revolviendo hasta el último de los cajones. Varias fachadas muestran el impacto brutal de las balas.

Los primeros avisos llegaron al ejido desde hace unas semanas, cuando proveedores de verduras y otros alimentos avisaron que la gente de Caborca los estaba amenazando: “No entren a vender al Gallo porque los vamos a matar”. Amenazados también, los compradores dejaron de adquirir ganado de engorda.

Se fue restringiendo, hasta agotarse, el paso de productos. Finalmente, al ejido le cortaron la luz.

El Cártel de Caborca había decidido sacar a los Coronel de una zona considerada centro de acopio de drogas, codiciada por los grupos criminales al formar parte de la ruta de tráfico aéreo de enervantes y poseer, en su terrenos planos, pistas de aterrizaje prácticamente naturales. En algunos caminos cercanos se advierten incluso las huellas que dejan las llantas de las aeronaves al descender.

La gente de El Gallito quedó entre dos fuegos.

Además de este ejido, comunidades como Río Verde, Miguel Alemán, Canaán, Otilio Montaño, Melchor Ocampo, Zamora y Francisco Villa se hallan dentro del círculo de violencia desatada por los cárteles. “Tienen arrinconados a todos los pueblos. En todo lugar están esos cabrones”, aseguran pobladores del ejido.

El 22 de mayo el ejército evacuó a mujeres y niños de unas 40 familias. Los hombres decidieron quedarse a defender sus propiedades. Se habla de que antes de la evacuación, pobladores sostuvieron una reunión con personal de la fiscalía y de la Guardia Nacional. Denunciaron a los criminales que les cobran cuotas e imponen precios a los productos básicos. Según dicen, los sicarios volvieron días después con una lista en la que aparecían los nombres de los denunciantes: “Si siguen hablando, los vamos a matar a ustedes y a sus familias”.

“¿Quién les puede decir algo si ni el mismo gobierno les dice nada?”, preguntan.

La región de Bacalar ha sido una zona de actividad del Cártel de Sinaloa al menos desde el año 2000. Desde 2020, sin embargo, comenzó a cobrar fuerza el Cártel de Caborca, desplazando a grupos como el Cártel Jalisco, Guerreros Unidos, los Zetas y los Pelones.

Hoy se dice que hay una prohibición para circular por las noches en los caminos que llevan a Miguel Alemán, Río Verde, Nuevo Canaán, Veracruz y Nuevo Beccar. Ahí, abandonados por todos, los autos de los pobladores, sus pertenencias y sus teléfonos celulares son revisados a conciencia por la única ley: la ley del crimen organizado.

La noche del 10 de junio, un comando integrado por 10 sujetos vestidos de negro, que viajaban a bordo de camionetas y motocicletas, irrumpió en una unidad habitacional de la colonia Flores Magón, en Cuernavaca, Morelos.

Los agresores abrieron fuego contra un edificio: vecinos declararon que los agresores se habían llevado heridos, del departamento 220 del edificio 34 de la Unidad Morelos, a entre dos y tres menores de alrededor de 16 años de edad.

Aunque se ha confirmado que el ataque efectivamente ocurrió, las autoridades no han recibido ninguna denuncia por desaparición: tampoco hay registro de familiares que busquen personas desaparecidas en ese sitio.

Pasaron unas horas y a plena luz del día (10 de la mañana), en pleno centro de Cuernavaca, un muy conocido líder de comerciantes, el vicepresidente de la Unión de Introductores de Fruta, Omar Vértiz, fue emboscado y acribillado al lado de su chofer en la glorieta de Caballitos, en las cercanías del mercado Adolfo López Mateos.

El presidente de la Unión, Gabriel Núñez, declaró:

“Estamos bajo la lupa de la delincuencia”.

Según los testigos, los autores del asesinato de Vértiz se refugiaron dentro del mismo mercado. Pero ninguno de los locatarios quiso hablar. Todos están “bajo la lupa de la delincuencia”.

A fines de abril, en la madrugada del día 30, un comando ingresó en el Hospital Center, de la colonia Vista Hermosa, y buscó el área de terapia intensiva. Ahí se encontraba un joven de 23 años al que sus propios familiares habían ingresado luego de que sobreviviera a duras penas a un ataque armado. Los sicarios llegaron al área en el que la víctima estaba postrado, y lo remataron.

A mediados de mayo, un ataque armado en el centro de Cuernavaca dejó un muerto y dos heridos, a una cuadra del Zócalo: esa noche, desde una camioneta tres hombres que salían de un negocio y estaban a punto de abordar una camioneta, fueron barridos con ráfagas de R-15.

A principios de ese mes cuatro hombres y una mujer fueron acribillados cuando preparaban un convivio en la colonia Villa Santiago, de Cuernavaca. Los agresores despojaron a las víctimas de tres automóviles y huyeron hacia Tepoztlán.

A los pocos días, un ataque con R-15 dejó tres personas tendidas en pleno centro de Cuernavaca, en la colonia Gutemberg. De acuerdo con el parte, sujetos a bordo de una camioneta se aproximaron a las víctimas y abrieron fuego contra ellas.

Una violencia incontenible azota la capital de Morelos. En una sola mañana en la región metropolitana, un hombre y una mujer murieron en un ataque armado; un hombre que fue encontrado maniatado murió poco después en un hospital, y un motociclista fue acribillado desde una camioneta.

Ahí, diariamente aparecen desmembrados.

Los saldos del gobierno que deja atrás Cuauhtémoc Blanco son aterradores: 911 homicidios en 2019; 802 en 2020; 1,035 en 2021; 1,041 en 2022; 1,303 en 2023… 663 en lo que va de 2024.

El año pasado el promedio de asesinatos fue de 14.3 diarios. Un solo fin de semana dejó 19 homicidios a fines de ese año.

Para el primer trimestre de 2024 la tasa de homicidios fue de 20.36 víctimas por cada 100 mil habitantes: 45.58% más que a la llegada de Blanco al gobierno de la entidad (incluso por arriba de Colima, donde la tasa es de 20.29 por cada 100 mil habitantes).

Cuernavaca, Taxco, Emiliano Zapata, Cuautla, Yecapixtla y Yautepec se hallaban bajo el dominio de 14 organizaciones criminales que hicieron de 2023 el año más sangriento en la historia de Morelos y que tienen al comercio y a la población bajo el cobro de cuotas, y víctimas del secuestro.

Ha declarado Cuauhtémoc Blanco que se va del estado feliz y con la cara en alto. Ese día, por el número de homicidios, Morelos se ubicó en los primeros lugares nacionales entre los estados más violentos.

Al mismo tiempo, el Índice de Estado de Derecho 2023-2014, presentado por World Justice Project, ubicó a Morelos con la peor calificación a nivel nacional en materia de corrupción. En un tabulador de 0 a 1, donde 1 mide la ausencia de prácticas corruptas, la entidad gobernada por el exfutbolista obtuvo 0.29 de calificación y fue ubicada en el número 31 a nivel nacional.

A la vista de todos los datos disponibles, el legado de Blanco, premiado ahora por la 4T como flamante legislador, es de incontenible avance criminal: de muerte, de sangre y destrucción.

Pero él se va feliz, y con la cara en blanco.

El signo de los tiempos.

La Guardia Nacional estuvo en la casa donde la noche del domingo pasado fueron asesinadas cuatro mujeres y dos niños. Un video de seguridad de la calle Pénjamo, en la colonia Industrial de León, Guanajuato, muestra el instante en que cinco elementos de esa corporación cruzaron la calle, vestidos con uniformes tácticos y con armas de alto poder en las manos.

Los guardias cruzaron unas palabras con algún vecino y luego ingresaron en la vecindad marcada con el número 405. Eran las 21:10.

Estuvieron ahí siete minutos.

La cámara los captó saliendo del domicilio de manera apresurada. Uno de ellos llevaba consigo una bolsa negra de basura. En fila india, se dirigieron a la misma esquina por la que habían llegado.

Minutos más tarde, a las 21:22, varios sujetos que fueron descritos como “tipo cholos” arribaron en una camioneta gris y entraron en el inmueble. Vecinos reportaron al 911 que se habían escuchado entre 10 y 15 detonaciones.

Las autoridades hallaron en la vivienda marcada con el número 12 una verdadera masacre. Los cadáveres de seis personas: cuatro mujeres y dos niños. Había casquillos de .223, así como de armas cortas.

Las mujeres tenían 53, 32, 21 y 19 años de edad. Los niños: dos años y tres meses.

En la azotea del inmueble se habían refugiado dos hombres. Según las indagaciones, era a ellos a quienes iban a buscar. El primero, Marcos Adrián, de 51 años, es hermano de un integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación: Cristian Israel Ramírez Reyes, apodado El Barbas, quien desde hace tiempo se convirtió en objetivo de células del Cártel de Sinaloa actúan en el estado. El otro sobreviviente es un joven de 18 años, padre de la niña de tres meses que los sicarios ejecutaron.

Entre noviembre de 2021 y enero de 2022, hermanos y familiares de Cristian Israel Ramírez Reyes, El Barbas, fueron ejecutados por gatilleros del grupo que le disputa a Jalisco el control territorial de esa zona.

El 11 de noviembre de 2021, a bordo de su vehículo, fue acribillado José Gerardo Ramírez Reyes. Once días más tarde, sicarios cazaron a un segundo hermano de El Barbas: Edgar Iván Ramírez Reyes, apodado El Rey.

El 2 de diciembre de ese año las balas alcanzaron también a un sobrino de los Ramírez Reyes: Jorge Adrián Ramírez Reyna, conocido como Sambiño. Un mes después fue ejecutado Jaime Ulises Jiménez Torres, pareja sentimental de una las mujeres que asesinaron el domingo en León.

Otra de las víctimas del multihomicidio, Araceli “M”, era pareja sentimental de Marcos Adrián, uno de los dos hombres que logró refugiarse en la azotea del inmueble, y contra quien se cree que iba dirigido el ataque.

En la agresión perdieron la vida también las hijas de Araceli, Ana Cristina, de 32 años de edad, y Nayelli Yarel, de 21. El niño de dos años asesinado a sangre fría por los sicarios era hijo de esta última.

De acuerdo con la investigación, el lugar fue identificado por vecinos como un punto de venta de drogas.

¿Qué relación tuvieron los integrantes de la Guardia Nacional con lo que pasó en Pénjamo 405 minutos después de que salieran del inmueble cargando una bolsa?

Cuando abordó el caso en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador admitió que, al reportar la masacre, la Guardia Nacional había omitido parte de la información. Según declaró el secretario de Gobierno del estado, el jefe de la zona militar sostuvo que ninguno de sus elementos tenía permiso para actuar ahí, que no había reporte alguno de integrantes de la Guardia en esa zona.

Un reporte consultado por el columnista indica que los sobrevivientes señalaron que los miembros de la Guardia Nacional irrumpieron en la vivienda, preguntaron a los moradores por “la droga, las armas y el dinero”, y que se llevaron “varias cosas en unas bolsas”. Declararon también que, antes de salir, los guardias les dijeron que se fueran de esa casa, “porque van a venir a ‘reventarlos’”.

Minutos después ocurrió la masacre.

El video involucra de manera escandalosamente a la Guardia Nacional, que no solo le omitió información al Presidente, sino que, según los sobrevivientes, sabía lo que estaba a punto de ocurrir.

¿Qué relación hay entre la Guardia Nacional y los sicarios del Cártel de Sinaloa que, según las investigaciones, acudieron al domicilio para perpetrar un brutal ajuste de cuentas?

Es la pregunta que se desprende del video: la pregunta que el gobierno de AMLO está obligado a contestar.

Fueron días de balaceras, de quema de casas, de comercios y de autos. Finalmente, más de cuatro mil pobladores del ejido de Tila, al norte de Chiapas, tuvieron que dejar sus hogares en un éxodo dramático: tras la llegada del Ejército y de la Guardia Nacional salieron del lugar llevando en brazos a niños y adultos mayores, y cargando bolsas, mochilas, maletas con lo poco que pudieron sacar.

“Tuvimos que salir de Tila porque la verdad ya no era vida… Todos estábamos encerrados adentro de las casas, esperando a ver a qué horas nos iba a tocar a nosotros… Salimos sin nada, sin las ropas, con los brazos vacíos, porque ya no podíamos estar… Ya dejamos nuestras mascotas, nuestros animalitos, ya de plano estamos en la calle… La gente estuvo pidiendo auxilio desde hace años, que esa delincuencia no creciera, sin embargo, nunca fuimos escuchados… Toda esa masacre se pudo haber evitado”, informó una mujer en un testimonio recogido por el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa Chiapas.

Cuando el Ejército entró, había gente escondida hasta debajo de las camas. Se habían quedado sin luz, sin señal de internet, sin agua y sin comida. Los Autónomos, un grupo de ejidatarios que alegan ser propietarios de las tierras donde se alza el Ayuntamiento y se extiende el casco de la población, habían sitiado las entradas y salidas de Tila y anunciado una limpia “casa por casa” para desterrar a los avecindados, quienes se llaman a sí mismos Los Legales (porque afirman poseer documentos que los acreditan como propietarios de sus tierras), y enfrentar a una organización criminal conocida como Grupo Karma.

Un total de 17 inmuebles fueron quemados y más de 21 vehículos vandalizados. Dentro de las ruinas de uno de los domicilios el Ejército encontró los cuerpos calcinados de dos personas.

En las calles, mientras tanto, privaban la histeria y el horror. Gente llorando, gritando y pidiendo ayuda, se acercaba a los uniformados para que los sacaran del pueblo.

De acuerdo con Luis Abarca, coordinador del Comité Digna Ochoa Chiapas, lo que hace medio siglo comenzó como un conflicto político y agrario, terminó convirtiéndose en una disputa detrás de la cual se encuentran los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación: se trata una pugna por el control de rutas, del tráfico de drogas y de personas, de extorsiones al transporte, y del cobro piso a locatarios y comerciantes, quienes han denunciado cobros de entre 50 mil y 70 mil pesos mensuales.

En octubre de 2020, el enfrentamiento entre ambos grupos dejó varios muertos: el Digna Ochoa habla de cuatro ejecutados y dos desollados. Desde meses antes se había pedido la ayuda del gobierno estatal y federal, pero no hubo respuesta.

La tensión siguió creciendo a lo largo de cuatro años, “con la omisión y la complicidad del gobierno”, afirma Abarca.

El presidente López Obrador acaba de decir en la “mañanera” que los desplazados “son pocos”, que su número “no es significativo”.

Para Luis Abarca, sin embargo, los más de cuatro mil desplazados que reporta Protección Civil pertenecen solo al ejido de Tila, y no a los ocho anexos que lo componen: la población de Cantioc, por ejemplo, “ya se fue completa”, y no hay registro de los pobladores que en la sierra se desplazan “de manera silenciosa”. En Chicomuselo, por ejemplo, han sido desplazadas de manera forzosa, 3,700 personas. Abarca calcula que el número total de desplazados puede llegar a 12 mil.

Desde mayo pasado Los Autónomos habían anunciado que entrarían a Tila para hacer justicia casa por casa. “El gobierno fue avisado y no intervino. El Ejército tampoco. Dejaron a la gente abandonada y se cumplió la amenaza. Cuando el presidente dice que se trata del pleito entre un pueblo, sus palabras son encubridoras de los cárteles: su guion es el mismo, negar la realidad. En esta inmensa tragedia hay plena responsabilidad del presidente y del gobernador”, declara Abarca.

Pobladores de Tila afirman que el viejo conflicto agrario cambió de perfil claramente en los últimos cuatro años, cuando se hizo inocultable la aparición de vehículos blindados y armamento de alto poder. Hoy, hacinados en albergues de Petalcingo y Yajalón, miles de habitantes de ese ejido han entendido que no podrán volver: saben que si regresan, los van a masacrar.

El miércoles 15 de mayo, personal de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro con sede en Tuxpan fue alertado de que en un domicilio de Coatzintla, Veracruz (la avenida Lázaro Cárdenas, en la localidad de Palma Sola), había personas privadas de la libertad por civiles que portaban armas de fuego.

Con apoyo de la Marina, el personal de la UECS se dirigió al domicilio para llevar a cabo tareas de reconocimiento. Afuera del inmueble, según la versión oficial, ubicaron a dos individuos a bordo de un Kia, quienes “al notar la presencia del personal operativo comenzaron a realizar detonaciones de arma de fuego”. Los agresores, se lee en el parte, se refugiaron en el inmueble y ahí fueron detenidos. Uno de ellos era Silverio Daniel Cruz.

Un día más tarde se llevó a cabo en ese domicilio una diligencia de cateo “con fines de exhumación”. Se recuperaron dos cuerpos “sin identificar”, así como credenciales y documentos a nombre de Emma Lucía Bandala y Santiago Rodríguez Navarro, una pareja de Poza Rica que estaba desaparecida desde el 8 de abril, y cuyos familiares buscaban desesperadamente.

Ese 8 de abril, el señor Rodríguez Navarro recibió una llamada a su número celular. Lo citaron para que mostrara una camioneta cuya venta había anunciado en redes sociales. Su mujer se empeñó en acompañarlo “para mayor seguridad”. Salieron de Poza Rica, no se sabe si rumbo a Tuxpan o rumbo a Coatzintla, a bordo de una Pathfinder 2016.

Esa tarde la señora Emma llamó a un familiar para encargarle que le diera de comer a sus hijos. Cuando le preguntaron por su esposo, la voz se le quebró y acto seguido se cortó la comunicación.

No volvieron a su domicilio. Al día siguiente sus hijos intentaron denunciar la desaparición, pero en la fiscalía les dijeron que era preciso esperar.

Uno de los hijos vio que a la computadora de su padre llegaban notificaciones de “transacción exitosa”. Lo reportó de inmediato a la fiscalía, pero el personal se negó de nuevo a tomar la denuncia.

Como relaté en una entrega anterior, hasta que la familia llevó al caso a las redes sociales la fiscalía aceptó abrir una carpeta de investigación. Habían pasado ya 14 días desde la desaparición del matrimonio.

Hoy se sabe que la familia recibió una llamada en la que le exigieron un rescate de un millón de pesos. Era precisamente la cantidad que el señor Rodríguez Navarro acababa de cobrar al jubilarse como empleado de Pemex. Esa llamada se cortó y no volvió a darse ningún otro contacto.

La familia denunció que en la fiscalía, ni el policía a cargo de la investigación ni el asesor de crisis que les habían proporcionado, les tomaban la llamada. Tampoco contestaban sus mensajes.

El 6 de mayo se enteraron por las redes sociales de que la Pathfinder acababa de aparecer en el estacionamiento de un hotel. Acudieron al lugar y con una llave electrónica comprobaron que se trataba de la camioneta de sus padres, aunque acababan de pintarla de blanco.

La policía se llevó a varias personas en calidad de detenidos y se llevó también la camioneta. A los familiares siguieron sin tomarles la llamada.

De acuerdo con la fiscal Verónica Hernández Giadáns, “desde que se tuvo conocimiento de los hechos se procedió a brindar asesoría especializada correspondiente al manejo correcto de la negociación, se iniciaron trabajos de gabinete y campo, consistentes en la identificación de lugares, personas y análisis de telefonía celular, así como diversas periciales”.

El 15 de mayo el personal de la UECS “fue alertado” y llegó al domicilio donde, tras un enfrentamiento, fue detenido Silverio Daniel Cruz, y en donde un día más tarde se hallaron dos cuerpos sepultados, así como documentos e identificaciones pertenecientes a las víctimas.

La familia no fue informada del hallazgo, sin embargo, sino hasta el 5 de junio. La defensa de la familia se enteró de que en la fiscalía se había tomado la decisión de esperar a que pasaran las elecciones. El argumento fue que era necesario aguardar el dictamen de identidad.

Las razones del secuestro y el asesinato del matrimonio la fiscalía las tenía, sin embargo, desde que Silverio Daniel Cruz, “quien forma parte de un grupo de la delincuencia organizada”, fue detenido.

Había tramado el secuestro de la pareja para vengarse.

En enero de 2022, la señora Emma Lucía Bandala demandó por la vía civil a los ocupantes ilegales de un inmueble de su propiedad. Esos ocupantes ilegales eran los padres de Silverio Daniel.

Tras un juicio de varios meses, en marzo de 2023 el inmueble fue desalojado y se llevó a cabo la diligencia de entrega a su legítima propietaria. Para vengar ese supuesto agravio, Silverio Daniel organizó y ejecutó el secuestro y asesinato de Emma Lucía y de su esposo Santiago.

Hoy una familia está deshecha. Fue atropellada por el crimen y por la irresponsable omisión de las autoridades en el municipio veracruzano más violento e inseguro. Fue atropellada, también, por el más mezquino cálculo político.

Ocurrió lo nunca visto. Con un chaleco antibalas y un casco de corte militar, el presidente del PRI en el estado de Jalisco, Pablo Antonio Padilla, acudió ayer a las oficinas del consejo municipal de Pihuamo, al sureste de la entidad, para vigilar los avances en el cómputo distrital.

El 15 de marzo, el candidato del PRI a esa alcaldía, Humberto Amezcua, fue ejecutado en pleno centro de la cabecera municipal. Días antes del asesinato, Amezcua había buscado al presidente estatal de su partido para informarle que gente armada acababa de presentarse en su casa con un mensaje de “los señores” del crimen organizado: que debía bajarse de la contienda.

Padilla denunció más tarde que pasó esa información al gobierno del estado —concretamente al secretario general de Gobierno, Juan Ibarra Pedroza—, pidiendo protección para el alcalde de Pihuamo y otros 14 candidatos. No hubo respuesta.

Doce horas antes del ataque, Humberto Amezcua preguntó si la respuesta del gobierno por fin había llegado. Se le oía desesperado. Le respondieron que no. Que aún no.

Esa noche, cuando circuló la versión del asesinato, Padilla marcó impulsivamente al teléfono celular del alcalde, con la esperanza de que no fuera cierto. Contestó el secretario particular de Amezcua. Le dijo, con voz entrecortada: “Acaban de matarlo”.

El presidente estatal del PRI escribió en su cuenta de X: “Desde hace semanas hemos avisado al Gobierno de Jalisco sobre amenazas en 15 municipios contra nuestros candidatos. No obtuvimos respuesta… Ayer, Humberto Amezcua, alcalde de Pihuamo, nos avisa que está siendo amenazado. Yo avisé personalmente al Gobierno Estatal, pidiéndoles protección. No me contestaron en todo el día… Por la noche, recibimos la trágica noticia de que Humberto fue asesinado. Esta muerte pudo ser evitada, pero en Jalisco, nadie gobierna”.

La fiscalía de Jalisco informó que había interrogado a varios funcionarios del municipio —el secretario general del Ayuntamiento, el síndico municipal, el presidente municipal interino— y que nadie tenía conocimiento de que el alcalde hubiera recibido amenazas (el propio fiscal reconoció semanas después que el crimen organizado se hallaba detrás del homicidio).

Pablo Antonio Padilla denunció que desde el día en que se pronunció públicamente sobre el caso Amezcua comenzó a recibir llamadas, entre otras, de funcionarios estatales, en las que le pidieron que “le bajara al tema”. Denunció también que era víctima de amenazas y solicitó medidas de protección.

El gobierno estatal respondió que Padilla no había logrado “acreditar evidencias de amenazas o ataques en contra de su persona”. Más tarde, sin embargo, durante la campaña, recibió a través de un colaborador un nuevo mensaje: que no se parara en Pihuamo. El candidato que había accedido a remplazar a Amezcua también fue amenazado, y el aspirante de Movimiento Ciudadano a dicha alcaldía renunció a la candidatura “por motivos personales”.

De hecho, según los datos disponibles, de 15 abanderados del tricolor siete no pudieron continuar y ocho más recibieron amenazas directas por parte del crimen organizado. Ahí, prácticamente no hubo elecciones, porque no lo permitió el crimen organizado.

Pihuamo, con Tuxpan y Tecalitlán, forma parte de la cadena de municipios fronterizos que se encuentran en poder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Apenas en diciembre pasado un cateo de la Marina en la comunidad de Las Naranjas arrojó el hallazgo de 30 vehículos de alta gama, un jaguar, tres monos, cinco guacamayas, cuatro caballos y 900 gallos —además de cohetes, armas de alto poder y cartuchos—, que presuntamente pertenecían a César Morfín, El Primito: un exmiembro del Cártel del Golfo que abrió las puertas de Tamaulipas al Cártel Jalisco, y que hoy figura como jefe regional de la organización que dirige Nemesio Oseguera, El Mencho.

Los cateos desataron dos días de protestas por parte de pobladores de Pihuamo que acusaron a la Marina de robos y abusos. El Cártel Jalisco controla ahí la explotación forestal, el cultivo de caña y la explotación de las minas.

A finales de 2020, durante un enfrentamiento, resultó herido en el abdomen, por un artefacto explosivo, José Guadalupe Rodríguez, Don Lupe o El 15, el entonces jefe regional del Cártel Jalisco: una ambulancia custodiada por un comando armado lo condujo hasta un hospital, donde murió. Sicarios armados robaron más tarde su cuerpo.

Don Lupe fue durante años el gran cacique criminal de Pihuamo. Su grupo controlaba las entradas y salidas, todo lo que ocurría en la región.

El domingo pasado un grupo armado se robó dos paquetes electorales de las casillas 1908 básica y extraordinaria. El crimen organizado no quiso que los pobladores de las comunidades San José del Tule y Pozo Santo votaran.

Padilla solicitó al Instituto Electoral de Participación Ciudadana en Jalisco que el recuento se llevara a cabo en otro sitio. No sucedió.

Finalmente, con una escolta de la Guardia Nacional que le fue concedida desde mayo, el priista se presentó en Pihuamo con casco, chaleco y camionetas blindadas.

Una estampa de las elecciones en la tierra del crimen organizado.

México tiene nueva presidenta.

Por primera vez en la historia de este país, la presidenta es una mujer.

En unos meses, ella recibirá de su predecesor una nación en la que que masacres, narcomantas, ejecuciones, mutilaciones, cobros de piso, secuestros, extorsiones y desapariciones, se han registrado en exactamente 81% de los municipios.

En el que crimen organizado controla más de 30% del territorio nacional y en el que largos tramos de las carreteras que lo cruzan están fuera del control del Estado y en manos de grupos del crimen organizado.

Recibe una nación con una de las tasas de homicidios más altas del mundo: 25 por cada 100 mil habitantes, y en el que en el último sexenio se han contabilizado ya —al día de hoy—, 190 mil homicidios dolosos.

Un país en el que, probablemente, cuando ella reciba la banda presidencial, la cifra se habrá elevado a 200 mil.

Un país sumergido en una epidemia de violencia histórica, en el que en el día más violento del sexenio han llegado a cometerse 127 asesinatos y en el que el promedio de homicidios diarios es de 79: uno cada 20 minutos.

Tomará las riendas de un país en donde el narcomenudeo inunda los pueblos y las ciudades, y ha mostrado un incremento de 50% en los últimos años.

Un país en donde la percepción de inseguridad es en algunas regiones superior al 90%, y en donde decenas de miles de personas han sido desplazadas de sus lugares de origen por el crimen organizado.

Un país en el que el mal manejo de la epidemia de Covid-19 dejó 800 mil muertes, de las cuales 300 mil se pudieron haber evitado.

Un país donde, precisamente, la tasa de mortalidad evitable es la más alta de todas las naciones que forman parte de la OCDE (435 por cada 100 mil personas) y en el que más de 50 millones de personas dejaron de tener acceso a la salud.

Un país en el que los servicios de salud dejaron de dar 40 millones menos de consultas.

Un país con el menor gasto en salud en una década, y cuyos hospitales públicos fueron arrasados por una “austeridad” mal entendida: un país de hospitales en los que no solo es imposible practicar una cirugía, sino incluso realizar unos análisis o tomar una placa de rayos X.

Un país con una grave crisis de desabasto de medicinas.

Un país en el que las grandes obras faraónicas ideadas por su predecesor, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, al lado de las pérdidas económicas que provocó todo esto, causaron un despilfarro de entre cinco y seis billones de pesos.

Un país donde la educación se destruyó y cuyas ruinas fueron entregadas a leales e incondicionales marcados por la ignorancia y el desprecio al conocimiento.

Pero, sobre todo, un país dividido por el odio y la polarización, alimentados diariamente por quien había jurado gobernar para todos y gobernó solo para él y los suyos.

Ojalá que la primera presidenta en la historia de México llegue con ánimo, no de continuar la destrucción, sino de echar a andar la reconstrucción y, de manera urgente, la reconciliación.

Millones de personas salieron a votar el día de ayer en defensa de la democracia: desde que tengo memoria no había visto una participación y una motivación como las que se registraron en las urnas en la jornada electoral que acabamos de atestiguar: una jornada que llegó precedida por históricas movilizaciones ciudadanas en defensa de la democracia, de las instituciones, y del derecho al voto.

A pesar de que el número de casillas que no pudieron ser instaladas es el más alto desde el año 2000, a pesar de lamentables incidentes de violencia llevados a cabo en diversos lugares, tal vez la imagen que quedará en la historia es la de esas largas filas de ciudadanos que hicieron ver que las elecciones no fueron un simple “trámite”, sino una fiesta democrática en la que los verdaderos protagonistas no fueron los partidos ni los políticos, sino la ciudadanía.

Ojalá que ese espíritu democrático sea compartido por la primera presidenta que tiene este país. Ojalá que esa histórica jornada electoral sea el anuncio de que han quedado atrás los días de oscuridad, marcados por el odio, la mentira, la calumnia y el resentimiento.

Que sea el anuncio de que estos años siniestros han terminado: que encontraran su fin los días de sangre, de muerte, de avance criminal. Los días de odio y abrazos al crimen organizado.

Por la espalda, a punto de subir al templete desde el que iba a encabezar su cierre de campaña, y rodeado de Guardias Nacionales que le daban protección desde que el año pasado fue víctima de un atentado, fue asesinado hoy por la tarde el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Coyuca de Benítez, José Antonio Cabrera Barrientos.

El homicidio fue captado en videos grabados por los asistentes al mitin, en los que se escuchan al menos 15 detonaciones.

Se reportó que los Guardias Nacionales que brindaban medidas cautelares al candidato abatieron al agresor. Imágenes que circularon más tarde muestran el cadáver de este último tendido boca arriba.

Apenas el 17 de mayo, el candidato a regidor por la alianza PRI-PAN-PRD, Aníbal Zúñiga Cortés apareció desmembrado al lado de su esposa en la batea de su propia camioneta —en la que también se encontró la propaganda electoral de Zúñiga.

En ese clima, y en un municipio dominado por el grupo criminal de Los Granados, que en alianza con La Familia Michoacana disputa el predominio en la Costa Grande de Guerrero con organizaciones como Los Rusos (del Cártel de Caborca), el Cártel Jalisco Nueva Generación (aliado con los comunitarios de Tlacotepec), y mafias locales representadas por los Maldonado y los Arreola—, Cabrera Barrientos llevó a cabo su campaña.

Hace dos años inició un acercamiento con el Ejército e incluso donó un terreno de casi tres hectáreas para que se construyera ahí el cuartel de la Guardia Nacional. Fuentes locales reportan que dicho proyecto tropezó con la oposición del alcalde de Morena, Ossiel Pacheco Salas.

Coyuca de Benítez fue noticia nacional en octubre del año pasado cuando 13 elementos policiacos, incluido el secretario de seguridad local, Alfredo Alonso López, y el director de la policía preventiva, Honorio Salinas Garay, fueron atraídos a la comunidad de El Papayo. En ese sitio los emboscaron cerca de 30 hombres armados.

Según las investigaciones, al secretario de seguridad y al director de la preventiva los ejecutaron en ese sitio, al lado de otros cuatro agentes.

A siete elementos más, incluidas dos mujeres, se los llevaron esposados para ejecutarlos medio kilómetro más adelante. Sus cuerpos aparecieron bocabajo, amontonados, tirados sobre la arena.

“Ya se está atendiendo”, dijo el presidente López Obrador en los contados minutos que dedicó a esa masacre en la “mañanera”.

Pero había una historia oscura.

El secretario Alonso López llevaba solo unos meses en el cargo: había sustituido a Gabriel Borja Padilla, quien renunció luego de ser atacado a tiros en un tramo de la carretera Acapulco-Zihuatanejo.

Por su parte, el director de la policía preventiva, Honorio Salinas, había sustituido a Román Soto Gatica quien solo estuvo al frente de la policía cinco meses, pues renunció para hacerse cargo de la seguridad del alcalde de Morena, Ossiel Pacheco Salas.

A solo cuatro días de quedar al frente del equipo de seguridad del alcalde, Soto Gatica fue ejecutado en Bajos del Ejido. Según medios locales tenía parentesco con Alfredo Alonso Bustamante, ex esposo de la gobernadora Evelyn Salgado, e hijo del célebre Joaquín Alonso Piedra, conocido como El Abulón, ligado al cártel de los Beltrán Leyva, y asesinado en marzo de este año.

De acuerdo con reportes de inteligencia, El Abulón era el contacto entre el crimen organizado y el grupo político que encabeza el ex senador de Morena Félix Salgado Macedonio.

“Ya se está atendiendo”, dijo el presidente. Como siempre, como en todas partes, todo quedó reducido a la llegada a Coyuca de 300 elementos de la Guardia Nacional.

Pero la violencia entre los grupos criminales y su control territorial y político siguió.

La delincuencia organizada controló el actual proceso electoral mediante el financiamiento a partidos, funcionarios y candidatos, y sobre todo mediante el hostigamiento, el asesinato, el secuestro y la agresión.

Al cierre de las campañas de 2024, Coyuca figura entre los cinco municipios con mayor número de casos de violencia política: 14 en total.

Solo lo superan Tijuana (18), Celaya (17), Taxco (16) y Chilpancingo (15).

Guerrero se configura así como la entidad más violenta durante el actual proceso, con cerca de 80 agresiones en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos y funcionarios diversos.

Con un video brutal cierra el periodo de campañas en México.

A las 16:40 de ayer fue asesinado en la Plaza Comercial 12 de Octubre el candidato suplente a la presidencia municipal de Cuautla por la coalición PAN-PRI-PRD, Ricardo Arizmendi Reynoso.

El aspirante se hallaba en el interior de una tienda de abarrotes de su propiedad, en compañía de una empleada, en el momento en que dos hombres, que llegaron a bordo de una motocicleta, perpetraron un ataque directo en su contra. La mujer murió minutos más tarde en el hospital. Arizmendi acababa de llamar a votar este 2 de junio, a través de sus redes sociales.

Simultáneamente se reportó un ataque a tiros contra el candidato de Morena a la alcaldía de Encarnación de Díaz, en Jalisco, Gilberto “Tito” Palomar González.

La agresión ocurrió en la casa de campaña del candidato en Encarnación de Díaz, un municipio que figura entre los focos rojos que los partidos han encendido en Jalisco de cara a los próximos comicios a consecuencia de la violencia y la inseguridad, y en donde también figuran Teocaltiche, Casimiro Castillo, Pihuamo, Tecatitlán, Tomatlán y Huejuquilla.

Ambos casos de violencia política ocurrieron el mismo día en que Morena dio a conocer que seis integrantes del equipo de la candidata a la alcaldía de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantúrosas fueron privados de la libertad, desde hace cinco días, por un grupo de hombres armados, y a unas semanas de que el portal Elefante Blanco dio a conocer que el Cártel del Noreste había amenazado a 15 líderes de sectores, operadores políticos y funcionarios públicos, a fin de que dejaran de apoyar a la candidata de Morena en Nuevo Laredo.

En la madrugada del mismo día, el candidato a presidente municipal de Chalco por el Partido Verde, Eduardo Díaz, conocido como Lalo Paletas, denunció que fue víctima de un ataque armado al salir de su casa de campaña y detenerse brevemente en una farmacia,

De acuerdo con Díaz, mientras pagaba unas medicinas dos sujetos a bordo de una motocicleta acribillaron su camioneta, sin detener su marcha.

Hace unos días Integralia dio a conocer que en solo diez días, entre el 21 de abril y el 1 de mayo, las víctimas de violencia política pasaron de 501 a 560.

Según el reporte de la consultora, el promedio de víctimas diarias de violencia política durante el presente periodo electoral es de 2.3 y se espera que, de seguir la tendencia, luego del 2 de junio la cifra llegue a 630: más del doble que las registradas en el sangriento periodo 2020-2021.

Al 1 de mayo se registraban 195 asesinatos, 172 amenazas, 102 atentados, 21 desapariciones, 15 secuestros y 55 incidentes de diversa índole, incluidas agresiones físicas.

Las víctimas: aspirantes o candidatos, funcionarios o exfuncionarios, políticos, expolíticos, familiares, colaboradores y más de 90 víctimas colaterales.

La mayor parte de esta fiebre criminal se ha concentrado en Morelos, Michoacán, Chiapas, Jalisco, Puebla, Guerrero, Guanajuato y Oaxaca.

La Consultora Lantia, en su último reporte de violencia electoral, informa que la mayor parte de las agresiones se han dado contra integrantes de partidos que cuentan con mayor presencia electoral en los municipios afectados. En 48.3% de los casos, según Lantia, las víctimas son personajes ligados a Morena.

En 2024 la violencia ha azotado ya, a través de asesinatos, atentados, secuestros, amenazas y desapariciones, a 210 municipios de México. Lantia ubica como los críticos a Celaya, Taxco, Chilpancingo, Coyuca de Benítez, Fresnillo, Cuautla, San Cristóbal de las Casas y Juan Escudero.

Los meses con mayor número de casos de violencia política han sido abril de 2024, con 60, y octubre de 2023, con 59.

Para la consultora, a diferencia de 2018 y 2021 en que la mayor parte de las víctimas fueron aspirantes o candidatos, en 2024 los funcionarios públicos de nivel municipal se han mantenido como blanco constante de las agresiones: en un registro que abarca hasta el 29 de abril de este año, 260 funcionarios han sido atacados según Lantia (los otros protagonistas de este carnaval de terror serían precandidatos, candidatos, familiares, exfuncionarios, exalcaldes, militantes, alcaldes, dirigentes, regidores, excandidatos, exregidores, síndicos y exdiputados).

Cifras de Causa en Común elevan el número de candidatos asesinados durante este periodo a 45.

Aunque afirme el presidente que “ya no es como antes” y que “vivimos un proceso electoral pacífico”, las cifras rojas que arrojan estos meses son las más altas de la historia: lamentablemente, la cuenta de sangre sigue corriendo y a cuatro días de las elecciones nuevos focos rojos se han encendido.

“Acaba de entrar una muchacha a parto y no hay luz en el quirófano, la están atendiendo con la luz de los celulares”.

La escena retrata nítida y brutalmente el resultado de una política de austeridad que dejó el sistema de salud en ruinas y provocó la muerte, por falta de tratamientos, de atención, de cirugías, de los mexicanos más pobres.

“Pagaron los pobres”, escribe la periodista Nayeli Roldán en un libro difícil de leer, porque a cada página se vuelve más indignante y doloroso: “La austeridad mata”, recién editado por Planeta.

Roldán reúne un conjunto de cifras descorazonadoras.

En 2023 la tasa de mortalidad evitable en México fue la más alta de todos los países de la OCDE: 435 por cada 100 mil personas. En naciones como Italia, Islandia, Suiza o Suecia el número fue de menos de 100. Esas muertes se pudieron evitar con un tratamiento.

En 2018, cuando López Obrador llegó al poder, la tasa fue de 220 muertes. Ese año comenzó para los mexicanos la peor pesadilla. “Aun si tomamos en cuenta el deterioro del sistema de salud durante sexenios anteriores, los datos oficiales demuestran que México no solo no mejoró —como prometió el primer gobierno de izquierda—  sino que tuvo retrocesos”, escribe Roldán.

Juzguen ustedes:

En 2018, 20 millones de mexicanos carecían de acceso a la salud. En 2022 la cifra era ya de 50.4 millones de personas.

En las áreas de urgencias de los hospitales públicos hubo 600 mil consultas menos en 2023 que en 2019. Las consultas para mujeres embarazadas descendieron en 1.8 millones. Las muertes maternas aumentaron.

“López Obrador dejó sin consultas médicas a la mitad de los enfermos más pobres del país y dejó de hacer 20 millones de estudios de laboratorio si se compara con el sexenio pasado”.

La política de “ahorro” decretada por AMLO desató recortes que dejaron a los hospitales sin jeringas, gasas, agujas, vendajes, material de sutura, espátulas, lentes, lancetas, hojas de bisturí y prótesis en general.

Según los datos presentados por Roldán, en 2022 medio millón de personas que acudieron a centros de la Secretaría de Salud no pudieron realizarse los ultrasonidos que necesitaban. A 900 mil enfermos les fue imposible hacerse estudios de radiología.

No solo eso: no hubo dinero para instalar, reparar o dar mantenimiento a equipos de rayos X, ultrasonido, diálisis, máquinas esterilizadoras, sillas dentales, mesas operatorias e incubadoras, entre otros.

Si la Secretaría daba 95 millones de consultas en 2018, “la austeridad” provocó que solo pudieran ofrecerse 51 millones en 2022: un descenso de 44 millones.

Entre 2018 y 2021 hubo 14% menos cirugías. 500 mil personas no pudieron recibir la intervención quirúrgica que requerían.

Mientras en 2018 46% de la población se había atendido de manera privada, en 2022 la cifra subió al 60%.

“AMLO prometió primero los pobres, pero esa promesa no se vio en el presupuesto”, afirma la autora. Comienza entonces el desfile de historias de terror. Niños que mueren sin recibir quimioterapias, mujeres que pierden la vida esperando un traslado, madres que deben hacer viajes de cinco horas, llevando un hijo moribundo en brazos, sin hallar un hospital que los reciba. Desfilan los testimonios de médicos y enfermeras:

“No teníamos jeringas para poner una simple insulina a un paciente diabético que estaba con el azúcar superelevada”.

Los elevadores se quedaron sin mantenimiento y llegaron a provocar muertes. No hubo dinero ni siquiera para la papelería, ni siquiera para las recetas.

Dijo José Manuel Salcedo, jefe de pediatría del hospital Aurelio Valdivieso, donde ha trabajado más de 30 años:

“Fue una tragedia con este gobierno. La verdad no puedo yo mentir, y a quien quiera que le pregunte le va a decir lo mismo: ha sido una tragedia. No tenemos medicamentos, no tenemos cómo hacer las cosas…”.

Agregó:

“—Se acabó. Ya no hubo para diálisis, ya no hubo para nada.

—¿Y qué hicieron los pacientes, doctor?

—Pues se iban a morir a su casa.

—¿Y ustedes qué les decían?

—Que no tenemos con qué atenderlos, ni lugar, ni nada, porque lo quitaron (…) ni agua, ni alcohol, ¡ni gasas!”.

El “ahorro” salió caro, costó vidas. Dejó en el abandono a miles de personas. Ahí están las historias, y ahí están también las cifras.

“La austeridad mata” es un libro desolador. Deja al descubierto un legado de muerte y de ruinas. El legado con que cierra un sexenio oscuro, trágico.

A fines de 2021, fuerzas del Ejército mexicano mataron a 400 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Michoacán y desaparecieron los cuerpos con ayuda de un grupo criminal local, según un informe dado a conocer la semana pasada por la organización International Crisis Group.

La intención era que el presidente López Obrador pudiera presumir una baja en los niveles de violencia.

Crisis Group asegura que hubo un acuerdo entre cúpulas militares y líderes criminales para que estas organizaciones ocultaran “la violencia que perpetran”.

Según el documento “El laberinto de los generales: crimen y militares en México”, elaborado a partir de entrevistas con mandos del Ejército, comandantes policiacos locales, jefes criminales e incluso sicarios, hubo un acuerdo para reducir “la violencia visible” a cambio de que los grupos del crimen organizado pudieran “diversificar sus operaciones de tráfico (incluyendo drogas nuevas como fentanilo), ampliar sus redes de extorsión, expandir su control de negocios legales y asumir un mayor control sobre las comunidades y los gobiernos locales”.

El gobierno de López Obrador desplegó tropas en el país “en una escala nunca antes vista”. Pero esa medida, asegura el informe, solo logró una pequeña reducción en el control que ejercen sobre estados, ciudades y comunidades, los grupos del crimen organizado.

En Michoacán, Guerrero, Veracruz, Colima, entre otros estados afectados por la delincuencia organizada, hubo, señala el informe, un “acuerdo de coexistencia” que permitió a los cárteles “obtener ganancias y ampliar su control sobre comunidades” siempre que se redujera “la violencia visible”.

El informe de International Crisis Group es un escándalo. Acusa que el Ejército pactó con grupos criminales de Michoacán para enfrentar “de manera conjunta y coordinada” al Cártel Jalisco Nueva Generación: asesinaron a centenares de integrantes y enterraron los cuerpos en fosas clandestinas.

En febrero de 2022, un líder criminal asistió al velorio de su madre, en San José de Gracia, Michoacán. De ahí lo sacaron integrantes de un grupo del crimen organizado y lo fusilaron en la calle, contra una pared, al lado de otras diez personas. Un video que mostró las imágenes del fusilamiento se popularizó en redes sociales.

Pero los cuerpos de los fusilados no aparecieron jamás.

Según los testimonios recabados aquel día, los cadáveres fueron levantados de la calle y subidos a las bateas de varias camionetas. Más tarde llegaron personas con la misión de eliminar de la acera las manchas hemáticas

Según Falko Ernst, investigador experto en crimen organizado, “soldados y delincuentes formaron un frente conjunto contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, coordinando sus operaciones e incluso luchando uno al lado del otro”.

Decenas de sicarios fueron asesinados. International Crisis Group asegura que esas muertes “no se reflejan en las estadísticas de homicidios o desapariciones” que registra el gobierno federal.

La organización afirma que intentó hablar con el gobierno de López Obrador y su gabinete de seguridad, “pero las autoridades federales rechazaron entrar en diálogo con los investigadores”.

Más de 80 entrevistas con jefes militares, policías, funcionarios estatales, especialistas en crimen organizado, académicos, líderes delincuenciales e incluso sicarios sustentan el informe, que sostiene que hubo una oferta por parte del Estado para que los cárteles bajaran los niveles de violencia a cambio de un mayor control territorial. En algunas zonas, las operaciones militares cesaron por completo mientras los cárteles avanzaban en el control de territorios.

De acuerdo con el informe, un alto mando de la Marina confesó que al llegar al poder López Obrador se recibió la instrucción de “cesar todas las operaciones de inmediato”.

La indicación, reveló Falko Ernst, fue esconder los cadáveres: “desaparecer a las víctimas de homicidio en vez de exponerlas públicamente”. Todo para que López Obrador pudiera presentar sus gráficas engañosas en las “mañaneras”.

Un terrible, verdadero escándalo.

¡Me quedo sin aire!, ¡No me quiero morir!”, gritaba Emiliano en un video tomado por testigos que intentaron auxiliarlo mientras yacía en una banqueta de la calle 8 de Octubre, en Paraíso, Tabasco.

Emiliano tenía 12 años de edad. Cursaba el primer año de secundaria en la escuela federal José María Pino Suárez.

Murió 45 minutos después en el hospital regional de Petróleos Mexicanos, a consecuencia de tres heridas de bala: dos recibidas en el costado izquierdo y una más en el costado derecho.

Se había desatado el rumor, salido de no se sabe dónde, de que el niño había sido herido al impedir que su madre fuera secuestrada. Otra versión señaló que era él quien iba a ser secuestrado “y no se dejó”. Se aseguró más tarde que había muerto en el hospital por falta de insumos.

Vinieron horas de dolor e indignación acicateadas por las imágenes brutales que circularon en las redes.

La madre de Emiliano, sin embargo, no se encontraba en el domicilio cuando ocurrió el ataque. El menor se había quedado bajo el cuidado de su abuela. Según el parte policial, poco después de las 6 de la tarde del martes 21 recibió una llamada telefónica, salió a la calle y entonces fue baleado.

Su abuela declaró que al no poder caminar le fue imposible atestiguar lo que ocurrió. Testigos afirmaron que hubo un forcejeo. Otros dijeron, en cambio, que se trató de una agresión directa.

Las imágenes han quedado horrorosamente grabadas con fuego: un niño clamando por su vida en los días finales de un sexenio desbordado por la sangre, por la inseguridad, por el crimen y por la violencia.

24 horas más tarde no solo no había detenidos: ni siquiera una versión oficial de lo que verdaderamente le había ocurrido a Emiliano.

Día tras día somos asaltados por noticias de lo que en este país, totalmente rebasado por la violencia, le sucede a las niñas, los niños y los adolescentes de entre 0 y 17 años de edad.

La crónica de las brutalidades que México hace a sus niños es difícil de expresar.

En cinco años de la administración de Andrés Manuel López Obrador, entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023, 12,368 menores de edad fueron víctimas de homicidio, según cifras ofrecidas por el gobierno federal a través del SESNSP.

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, esto equivale a 6.7 homicidios diarios.

Solo en 2023, se registraron 675 homicidios cometidos con arma de fuego contra personas de 0 a 17 años.

En lo que va del gobierno de AMLO, 3,933 menores han perdido la vida por armas de fuego.

Si durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se cometieron con ese tipo de armas 50.2 homicidios de niños y adolescentes cada mes, durante el presente sexenio la cifra de homicidios ascendió hasta 64.5.

Entre 2015 y 2023, por lo demás, 6, 292 menores han muerto bajo las balas. Pero el número total de muertes violentas es muy superior: 22,839.

Los datos de REDIM indican el número de menores que fueron asesinados en México a lo largo del año pasado es superior incluso al observado en países en conflicto como Afganistán (2 asesinatos diarios), Ucrania (07), e Iraq (0.6).

En el último año, uno de cada cinco homicidios fue cometido en Michoacán, Guanajuato y el Estado de México.

Con sus imágenes descarnadas, el video del niño de Paraíso es el recuerdo de una tragedia general y muchas veces invisibilizada: el drama de infancias y adolescencias devoradas por la marea de sangre que inunda a México, y lo desborda.

El presidente López Obrador aseguró hace unos días que las campañas electorales estaban “fresas”, comparadas con las tres elecciones presidenciales en las que él participó, las cuales, dijo, estaban “más calientes”.

Más tarde aseguró que en el actual proceso se habían registrado menos agresiones que en los anteriores y acusó a los medios de sensacionalistas: “Se lucra bastante con los asesinatos y el dolor humano. Es temporada de zopilotes”, expresó.

Como siempre, la realidad lo ha alcanzado. Nuevamente se ha encargado de desmentirlo.

En 2018, por ejemplo, 150 aspirantes abandonaron la contienda en el estado de Chiapas. En el actual proceso, luego de una ola imparable de ataques y amenazas, 515 aspirantes han abandonado sus campañas.

La violencia se ha desbordado como nunca antes. En un ataque brutal ocurrido la noche del jueves pasado, la joven candidata a la presidencia municipal de La Concordia, Lucero López, fue masacrada durante un acto de campaña: en ese ataque murieron cinco personas de su equipo, entre ellas, su hermana.

Hacía apenas unos días, al padre de la candidata, un ganadero de aquella región chiapaneca, le quemaron su rancho y asesinaron a tiros a 10 de sus trabajadores.

Dos días más tarde, la noche del sábado, el convoy del candidato de Morena a la presidencia municipal de Villacorzo, Robertony Orozco, fue atacado en un tramo carretero. Tres de sus colaboradores murieron. El candidato resultó herido.

La madrugada del domingo, un grupo de colaboradores del candidato a la presidencia municipal de Mapastepec, Nicolás Noriega, fue emboscado por un grupo armado al volver de un baile que el propio candidato había patrocinado. El saldo fue brutal: otras cinco personas, de entre 50 y 22 años, perdieron la vida. Entre las víctimas se hallaba una candidata a regidora suplente, y la esposa del candidato a regidor José Antonio Ortiz de la Rosa.

El mismo día ocurrió otro ataque, esta vez en Rincón Chamula: la candidata de Morena a la alcaldía de ese municipio, María de la Luz Hernández fue atacada por un grupo armado. Ella resultó herida, otra persona pereció bajo las balas.

Se trata, en efecto, de una temporada de zopilotes: las elecciones se han puesto en el centro de la sangrienta lucha que desde hace años sostienen en el estado el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Son las elecciones del miedo. La violencia política azota también Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Veracruz y el Estado de México.

El 17 de mayo se encontró el cuerpo desmembrado, y abandonado en la batea de una camioneta Frontier, del candidato a regidor por Coyuca de Benítez, en Guerrero, Aníbal Zúñiga Cortés. A su lado se hallaba, mutilado también, el cadáver de su esposa.

El mismo día se reportó el hallazgo, en una carretera, del cadáver del candidato suplente a regidor por el municipio de Choix, en Sinaloa, Santos Moreno Cabada. Presentaba impactos de AK-47 en el abdomen.

En el Estado de México dos candidatas sufrieron ataques armados: el domingo 19, mientras se dirigía al debate, la candidata a la alcaldía de Ocoyoacac, Nancy Valdés, fue agredida desde una motocicleta: su vehículo recibió cinco impactos: ella resultó ilesa. Y ayer, la candidata a la alcaldía de Oztolotepec, Sinaí Lugo Vargas, también fue víctima de un atentado: dos sujetos con cascos negros abrieron fuego en contra de su vehículo. Los cristales de su camioneta quedaron destrozados.  Ella también resultó ilesa.

Al mismo tiempo, Morena suspendió de manera indefinida sus actos de campaña en Acambay, para preservar la integridad de la candidata Angélica Colín: en el Edomex, 99 candidatos han solicitado protección. Hace unas semanas fue agredido el domicilio en esa entidad del candidato a la presidencia de Amanalco, Arturo Lara de la Cruz, quien resultó herido en una pierna y a quien le dejaron un ultimátum: “Primero y último aviso tú no vas a ser candidato… para la otra te mato a tu familia”.

En las elecciones “fresas” de que habla el presidente, a dos semanas de las elecciones, se han lanzado más de 400 amenazas, se ha asesinado a más de 30 candidatos, y se registran más de 500 víctimas de violencia política.

Es temporada de zopilotes.