El mensaje de texto que Cynthia Menchaca recibió este verano era del tipo que veía cada vez más y más: una mujer que vivía en Texas decía que había dejado una relación violenta solo para descubrir que estaba embarazada y que quería desesperadamente un aborto. La mujer se había enterado de que Menchaca podía enviarle pastillas abortivas desde México, donde el procedimiento ha sido despenalizado en varios estados.
No obstante, la creciente demanda estadounidense de servicios de aborto no se limita a la entrega de medicamentos, según defensoras como Menchaca, que vive en el estado de Coahuila, en el noreste de México.
Clínicas en Tijuana y Ciudad de México, así como activistas en la ciudad de Hermosillo, al noroeste, dicen haber visto a mujeres cruzar la frontera desde Texas, Luisiana y Arizona en busca de acceso al aborto.
“Antes, las mujeres de Sonora acudían a Estados Unidos para acceder a abortos en las clínicas”, dijo Andrea Sánchez, una activista por el derecho al aborto, refiriéndose al estado mexicano que limita con Arizona. “Ahora las mujeres de Estados Unidos vienen a México”.
Más de un año después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló Roe contra Wade, los activistas mexicanos por el derecho al aborto han visto un aumento de mujeres estadounidenses que cruzan la frontera para solicitar abortos, un movimiento que es señal de las políticas cambiantes de dos naciones que alguna vez mantuvieron posiciones muy diferentes sobre el procedimiento.
El aborto estuvo penalizado en México y gran parte de América Latina durante décadas con pocas excepciones, mientras que en Estados Unidos, el fallo Roe contra Wade de 1973 estableció un derecho constitucional al aborto.
Hoy, la Corte Suprema de México ha despenalizado el aborto en todo el país, haciéndolo legalmente accesible en instituciones federales y eliminando las sanciones federales para el procedimiento. Doce de los 32 estados del país también han despenalizado el aborto, y las activistas dicen que hay un ímpetu renovado para presionar a los funcionarios locales en los estados restantes.
En comparación, más de 20 estados estadounidenses actualmente prohíben o restringen el procedimiento después de las 18 semanas de embarazo o antes, y 14 estados prohíben completamente el procedimiento en casi todas las circunstancias.
Las activistas mexicanas, anticipando que la Corte Suprema podría revocar a Roe cuando aún estaba sopesando el caso, comenzaron a organizarse y establecieron un sistema clandestino, enviando miles de pastillas al norte y ayudando a las mujeres a viajar hacia el sur a través de la frontera. Dicen que las restricciones que por tanto tiempo existieron en América Latina las prepararon para manejar la actual afluencia de demanda.
“Obviamente, nosotras hace años ni pensábamos en un trabajo con Estados Unidos”, dijo Verónica Cruz, quien hace 20 años ayudó a fundar la organización por los derechos reproductivos Las Libres.
Añadió: “Pero frente a la emergencia, a las restricciones y teniendo nosotras un modelo, los recursos, como son las pastillas, y con nuestro territorio que va avanzando, pues era eso: había que construir esa solidaridad internacional”.
![Verónica Cruz, who helped found a reproductive rights organization in Mexico, in her office.](https://static01.nyt.com/images/2023/09/20/multimedia/00mexico-abortion-02-ktcv-esp2/00mexico-abortion-02-ktcv-articleLarge.jpg?quality=75&auto=webp&disable=upscale)
Inicialmente, Cruz planeó ayudar a transportar a mujeres de Estados Unidos a México, pero descubrió que era una carga económica muy grande tanto para su organización como para quienes buscaban abortos. En cambio, se ha concentrado en enviar mifepristona y misoprostol, el régimen de dos medicamentos para interrumpir un embarazo, al otro lado de la frontera para las mujeres estadounidenses, particularmente a aquellas que viven en estados que prohíben el procedimiento o prohíben a los proveedores recetar las píldoras.
En estudios estadounidenses, la combinación de estas píldoras provoca un aborto completo en más del 99 por ciento de las pacientes, y es tan segura como el procedimiento de aborto tradicional administrado por un médico en una clínica. Cada vez más evidencia procedente del extranjero sugiere que las píldoras abortivas son seguras, incluso entre mujeres que no tienen un médico que las aconseje.
Desde la revocación de Roe, Cruz dijo que ha ayudado a aproximadamente 20.000 mujeres en 23 estados a obtener las píldoras abortivas. Dijo que continuará ayudando a estas mujeres, incluso cuando ciertos estados tomen medidas para penalizar a quienes colaboren con los abortos.
Cruz dijo que creía que el régimen de dos medicamentos ha mejorado el acceso al aborto tanto en México como en Estados Unidos y, como resultado, ha proporcionado un medio para combatir la mortalidad materna.
Las activistas involucradas en el envío de las píldoras a Estados Unidos se negaron a especificar sus métodos de envío y entrega, aunque la mayoría dijo que está coordinando con activistas al otro lado de la frontera. Una organizadora en México, que solicitó el anonimato por temor a represalias, dijo que oculta el medicamento en accesorios electrónicos, ropa, peluches de animales o suplementos dietéticos cuando lo envía a estados que lo restringen.
Si bien la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por su sigla en inglés) dijo que los fármacos abortivos se pueden entregar por correo, varios estados prohibieron este método de envío o exigen que los proveedores los entreguen en persona.
Carol Tobias, presidenta del Comité Nacional por el Derecho a la Vida, uno de los grupos antiaborto más grandes de Estados Unidos, dijo que no le sorprendía que las mujeres viajaran a México para abortar. Históricamente, los estadounidenses han cruzado la frontera para realizar diversos procedimientos, dijo.
Pero pidió una vigilancia más estricta en Estados Unidos para evitar que las personas entreguen píldoras abortivas por correo con facilidad. “Creo que es muy triste que a las mujeres les digan que la píldora abortiva es una forma fácil y segura de salir de una situación difícil”, dijo Tobias. “Es mucho más complicado que eso”.
No existen datos confiables sobre el aborto en México a nivel nacional, según expertos en salud pública. Las activistas por el derecho al aborto dicen que están enviando medicamentos principalmente al norte para ayudar a las estadounidenses, más que brindar acceso en el propio México.
![A box containing mifepristone and misoprostol, medications often sent north to America.](https://static01.nyt.com/images/2023/09/20/multimedia/00mexico-abortion-03-ktzw-esp3/00mexico-abortion-03-ktzw-articleLarge.jpg?quality=75&auto=webp&disable=upscale)
Luisa García, directora de las clínicas de Profem en Tijuana y Ciudad de México, dijo que normalmente solo veía a una paciente al mes que cruzaba la frontera hacia México, donde las clínicas ofrecen servicios de aborto a un precio más bajo que en Estados Unidos. Pero este año recibió al menos 80 llamadas de números estadounidenses solicitando una cita.
La situación era difícil de creer para García, dijo, pues Estados Unidos solía tener libertad y apertura respecto al aborto. Pero ahora, comentó, con los fallos de la corte las mujeres deben encontrar una forma de reubicar sus derechos sexuales y reproductivos.
García dijo que las estadounidenses ocasionalmente llegan solas a su clínica, nerviosas y hablando muy poco español. Algunas le han contado a su personal que viajaron a México en secreto, sin decírselo a sus familiares, que desaprueban el procedimiento.
Nicole Huberfeld, profesora de derecho sanitario en la Universidad de Boston, dijo que la decisión de cruzar la frontera para abortar muestra cuán desesperadas están muchas mujeres estadounidenses por hacerlo.
“Cuando vemos que más personas cruzan la frontera para recibir atención, eso demuestra que algo anda mal en Estados Unidos”, dijo Huberfield.
Las organizadoras mexicanas dicen que incluso en medio de recientes fallos sobre el derecho al aborto en México, el procedimiento todavía no está completamente disponible en todo el país. El fallo de la Corte Suprema de México no anuló las sanciones penales a nivel local, y las instituciones privadas o estatales aún pueden prohibirlo.
Los grupos antiaborto en México se opusieron rotundamente a la decisión del tribunal superior este mes.
Marcial Padilla, director de ConParticipación, con sede en México, dijo a la agencia católica de noticias ACI Prensa que la decisión de la Corte Suprema de México presionaría a los senadores para que “quiten la protección del derecho a la vida”.
Dijo que las recientes decisiones judiciales en México han trasmitido “que un hijo o una hija no merecen la misma protección de la ley antes de nacer que después de nacer”.
Algunas estadounidenses que buscaban servicios de aborto en México se sorprendieron al encontrar que al sur de la frontera todavía hay restricciones.
Vanessa Jiménez Ruvalcaba, una activista mexicana que abre su casa en el estado de Nuevo León, cerca de la frontera, para mujeres que buscan abortar, recibió una llamada en julio de un padre que viajó con su hija hasta allí desde Nebraska, donde está prohibido el aborto después de 12 semanas.
Pero Nuevo León solo permite el tratamiento en caso de incesto, violación o cuando la vida de la madre esté en peligro. Jiménez dijo que al padre y a la hija los rechazaron en una clínica antes de derivarlos a su organización, la Red Necesito Abortar.
Jiménez y sus compañeras activistas ayudaron a la joven a acceder finalmente a pastillas abortivas.
Incluso frente a las prohibiciones de aborto, los grupos mexicanos formaron un modelo conocido como “acompañamiento”, en el que distribuyen pastillas mientras brindan asesoramiento médico y apoyo psicológico a las mujeres.
Sánchez y su colega, Carolina Castillo, dijeron que han estado implementando el modelo en Sonora durante años. Ahora están respondiendo preguntas en las redes sociales de mujeres estadounidenses que temen enfrentar sanciones penales por buscar medicamentos para abortar en Estados Unidos. Dicen que las mujeres se sienten aliviadas de escuchar a organizadoras que han pasado años enfrentándose a tales restricciones.
“En México y Latinoamérica hemos estado viviendo durante muchos años en un contexto de penalización social y legal del aborto”, dijo Sánchez. “Por lo cual las mujeres hemos tenido que organizarnos”.