El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó formalmente al Congreso de la Unión posponer 90 días la elección directa de 881 cargos judiciales programada para el 1 de junio de 2025, alegando retrasos significativos en la organización del proceso y desafíos inéditos debido a la magnitud de esta votación.

En el oficio enviado a los presidentes de la Mesa Directiva del Senado y de la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, respectivamente, la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, Claudia Edith Suárez Ojeda, expuso que la elección requiere la gestión de 5 mil 379 candidaturas y la evaluación de más de 100 mil precandidatos, algo nunca antes realizado en la historia electoral del país.

Motivos del retraso
El INE detalló que las acciones legales en contra de la reforma judicial han afectado significativamente los tiempos de preparación. Hasta el momento, se han presentado 572 amparos y 366 suspensiones, lo que ha generado un retraso en los procedimientos organizativos y reglamentarios necesarios para llevar a cabo el proceso.

“Estas acciones han generado un retraso considerable en el desarrollo de las etapas siguientes. En materia electoral, no están previstos los efectos suspensivos de los actos de autoridad, pero el impacto ha sido significativo”, señaló el INE en su oficio.

Además, la institución alertó que esta elección, por su magnitud, será más grande que una elección presidencial, lo que implica imprimir millones de boletas, capacitar a miles de trabajadores y delimitar geografías específicas para garantizar el voto independiente y efectivo en las diversas regiones del país.

El Instituto propuso que la jornada electoral extraordinaria se realice 90 días después de lo previsto originalmente, lo que permitiría subsanar los retrasos y garantizar una organización adecuada.

A pesar de la solicitud del INE, el pasado lunes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) invalidó las suspensiones judiciales que detenían el proceso, ordenando que la elección judicial continúe conforme al calendario establecido.

“Los actos vinculados con el desarrollo y organización del proceso electoral para la renovación de los Poderes de la Unión no pueden detenerse… dado que devienen de un mandato constitucional”, dictaminó la Sala Superior.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, rechazó la posibilidad de aplazar la elección y afirmó que “no hay poder del mundo” que pueda detener la votación del 1 de junio.

Sin embargo, el panorama sigue siendo incierto, pues el INE tampoco ha recibido la garantía de que contará con los 13 mil millones de pesos solicitados para organizar la elección, lo que añade presión al proceso.

Este proceso electoral será la primera vez en la historia del país que los ciudadanos elijan directamente a jueces, magistrados y ministros, como parte de la reforma judicial impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum. No obstante, la complejidad logística y los problemas presupuestarios podrían poner en riesgo el desarrollo de esta elección sin un consenso claro entre las partes involucradas.