La carta enviada por Genaro García Luna lleva un secreto en su primer párrafo. Más allá de los señalamientos contra López Obrador, el exsecretario de Seguridad federal escribe que le ofrecieron dinero y libertad a cambio de volverse testigo protegido para “imputar personas e instituciones que en el corto plazo debilitaría el desarrollo, paz pública y vida institucional” de México.

De acuerdo con tres fuentes distintas, a García Luna le pidieron que declarara en contra de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Que implicara también a cinco de los empresarios más ricos y famosos de México (Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, entre ellos), a varios exprocuradores, exsecretarios de Seguridad y exdirigentes del PAN y del PRI.

El objetivo —según las fuentes— era desmontar desde Estados Unidos a toda la clase política, empresarial y mediática de México. Deslegitimarla, aniquilarla. Emprender una suerte de “maxiproceso” para declarar que en México operó un narcoestado entre los años de 1989 y 2018.

¿Por qué querría Estados Unidos esto? En realidad, Estados Unidos no lo quería. Fue una petición de México. La detención de García Luna sucedió en 2019. El gobierno de López Obrador estaba llegando al poder y puso este tema sobre la mesa como parte de la negociación con Estados Unidos para aceptar convertirse en un “tercer país seguro” para los migrantes y permitir una operación más laxa de la DEA en suelo mexicano. Para García Luna, según contó en su carta, el trato incluía una remuneración económica y la garantía de libertad en seis meses.

Al final, García Luna no aceptó el trato para declarar contra estos personajes, no sucedió el maxiproceso ni México se volvió oficialmente “tercer país seguro”.

Si esta información me llegara solamente de fuentes del equipo de defensa de García Luna, no la estaría publicando. Sospecharía de un intento de mandar un mensaje, incluso amenazante, de un hombre desesperado al borde de la condena. Lo que me sorprendió es que me la confirmaron dos fuentes adicionales, una que no tiene ninguna cercanía con el exsecretario de Seguridad Pública y otra que incluso lo considera culpable. Además, si uno analiza, es exactamente lo mismo que buscó la 4T con Emilio Lozoya y Juan Collado: testimonios contra la clase política y empresarial mexicana.

La carta de García Luna, como la de Ismael “El Mayo” Zambada, debe ser ubicada en el contexto de lo que está pasando en el país, pero también en el contexto que atraviesan quienes las están escribiendo. García Luna fue declarado culpable de recibir millones del narco para facilitar sus operaciones desde el gobierno y está a punto de recibir una sentencia que los especialistas pronostican que le implicará una larga vida tras las rejas. Refiere la existencia de videos, audios, fotografías y registro de comunicaciones entre López Obrador y sus operadores, con los líderes del narco y sus familias, que no son enteramente del dominio público. Así que la carta deja huecos, pistas y mucho para leer entrelíneas. El 9 de octubre está programado que le dicten sentencia. López Obrador llevará nueve días de expresidente.