La producción de gas en el norte de México permanece rezagada frente a regiones de Texas como Eagle Ford y Western Gulf Basin, donde la extracción —incluido el fracking— se mantiene activa, mientras que en la Cuenca de Burgos y Sabinas-Burro Picachos no se desarrolla ni de forma convencional ni mediante fractura hidráulica.
Estas cuencas mexicanas, consideradas extensiones naturales de los yacimientos estadounidenses, enfrentaron un freno en su desarrollo desde hace más de 15 años debido a la violencia del crimen organizado, que provocó la salida de inversiones en estados como Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.
Entre 2010 y 2014, en el contexto de la disputa entre Los Zetas y el Cártel del Golfo, se registraron ataques directos contra trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la región de Burgos. Al menos dos empleados fueron asesinados y 16 más secuestrados, en hechos atribuidos a grupos criminales que también bloquearon accesos a instalaciones y personal.
De acuerdo con testimonios de personal que laboró en la zona, el entorno de inseguridad fue determinante para frenar los proyectos energéticos. “Trabajar en Burgos era jugarse la vida”, señaló un superintendente de Pemex.
El mismo testimonio indicó que Los Zetas asumieron el control de las operaciones en la región, lo que agravó las condiciones para el desarrollo de actividades industriales.
