La Suprema Corte de Justicia de la Nación votó, por unanimidad, una de las propuestas más peligrosas para acabar con las libertades en México.
Sin tener que probarlo, con la sola sospecha, el gobierno puede congelar sus cuentas bancarias y detener a cualquier ciudadano que considere que ha evadido al fisco o se ha enriquecido al margen de la Ley. Y su defensa tendrá que hacerse desde la cárcel.
Para cometer semejante atraco, los jurisconsultos mexicanos dieron luz verde para que la Unidad de Inteligencia Financiera y el Sistema de Administración Tributaria, sean los ejecutores de tal aberración.
¿A juicio de quién se establecerá la sospecha de que un ciudadano tiene su dinero “mal habido” y es merecedor de que se le congele su patrimonio y vaya a dar a una celda? ¿Quién tendrá bajo sus hombros el nada despreciable título de “verdugo fiscal”?
Lo que se está abriendo es una peligrosa puerta para darle entrada a denuncias anónimas -a modo- contra opositores al régimen -sean políticos, empresarios, académicos, intelectuales y comunicadores- y con ello acallar a la disidencia exhibiendo el terror de la cárcel, sólo “porque yo lo sospecho”.
Si de verdad la presidenta Claudia Sheinbaum busca combatir la evasión y la corrupción, vamos tomando la escoba y comencemos a barrer en casa, de arriba para abajo, dentro del gobierno de Morena.
Más que sospechas, existen suficientes certezas dentro de los gobiernos morenistas para estrenar la nueva propuesta contra personajes que, a todas luces, no pueden comprobar de dónde sacaron su muy peculiar e insultante estilo de vida.
Vamos comenzando, sin sospecha alguna, con todas las certezas, por Andy y Gonzalo López Beltrán, y por su cuates Amílcar Olán y Daniel Asaf, entre una lista de juniors que se dedicaron a hacer negocios ilícitos con el huachicol fiscal, con el balastro para las obras del Tren Maya y del Tren Interoceánico, además de todo lo que cobraron por facilitar la cobranza en Pemex, CFE y Seguro Social. Sobran las pruebas, no las sospechas.
Citemos para poner sobre la mesa con sus declaraciones fiscales a Audomaro Martínez y familia, quien desde el Centro Nacional de Inteligencia operaron el tráfico de migrantes con pasaportes falsos, vendidos lo mismo a rusos que a chinos o sudamericanos. Es el mismo Audomaro Martínez, el general retirado de todas las confianzas de Andrés Manuel López Obrador, quien bordó en fino -con Andy López Beltrán al frente- la red nacional de huachicol. El mismo Audomaro Martínez que a trasmano y con la ayuda de Ricardo Peralta se dedicaron a controlar el contrabando -lo mismo de precursores de fentanilo que de energéticos importados sin pagar impuestos- a través del sistema de aduanas más corrupto que haya conocido México.
Ni qué decir que merece citatorio de la UIF y del SAT el “hermano” del Monarco de Palenque, Adán Augusto López, a quien deberían aplicarle “La Barredora” fiscal con auditorías que demuestren de dónde salieron los dineros con los que pudo regalar jirafas a sus legisladoras favoritas, rentar aviones privados para irse de viaje y llevar un tren de vida, de esos que hace unos años no se le conocían en su natal Tabasco. Que le pregunten a su “financiero” Hernán Bermúdez Requena.
También calificarían, sobradamente, como sospechosos de vivir más allá de sus posibilidades personajes como Mario Delgado, el ahora Secretario de Educación que en su tiempo fue el centro nacional del reparto de los dineros del huachicol fiscal, dineros que le entregaba el fallecido Sergio Carmona a través del legislador Erasmo González, para financiar decenas de campañas electorales de Morena.
Otro sospechoso obligado en la primera ronda para probar la nueva legislación tendrían que ser Manuel Bartlett y familia, quienes hicieron de la CFE una moderna cueva de Alí Babá con el tráfico de huachi-diésel para operar -sin gas- decenas de plantas generadoras de energía eléctrica. Hoy pagamos con escasez de energía el lujoso estilo de vida de la pareja más electrizante de la Cuarta Transformación.
En la lista de sospechosos de la UIF y del SAT tendría que incluirse también a Ignacio Ovalle y su “Estafa Maestra” en Segalmex -la Conasupo cuatroteísta- por donde se desaparecieron 14 mil millones de pesos en tráfico de alimentos populares, durante los primeros años del sexenio lopezobradorista.
En pocas palabras, si de verdad la presidenta Claudia Sheinbaum quiere poner a prueba su tan cuestionada novedad jurídica del “sospechosismo”, que apunte hacia el ya famoso Cártel de Tabasco, en el que despachan como capos del buen vivir Andy y Gonzalo López Beltrán, Audomaro Martínez y Adán Augusto López. Que les congelen sus cuentas, que los pongan tras las rejas para que desde ahí se defiendan.
Si no se comienza por ahí, la confesión de una “legislación para el terror” acabará por confirmarse. Todos seremos sospechosos, menos ellos, los auténticos saqueadores de los bienes nacionales. Los que mudaron sus vacaciones en Veracruz y Campeche, y se fueron a pagar lujosos hoteles en Tokio y en Dubái.