La facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial está dirigida exclusivamente al combate del crimen organizado y no a la persecución política o de ciudadanos, afirmó Omar Reyes Colmenares, titular del organismo adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario explicó que la inmovilización de cuentas no es una acción arbitraria, ya que debe originarse a partir de reportes de instituciones bancarias o solicitudes del Ministerio Público. Subrayó que esta herramienta se ha utilizado durante años como parte de las estrategias para proteger el sistema financiero.
“Decirle a la sociedad que esté tranquila, si tiene una actividad legítima que no se preocupen, esto es en contra de aquellos que las propias instituciones bancarias identifiquen que están realizando alguna actividad inusual que salga de su perfil financiero”, declaró.
Reyes Colmenares insistió en que no existe margen para el uso político de esta medida, al tratarse de una acción cautelar orientada a evitar la circulación de recursos de procedencia ilícita. Aclaró que la UIF no determina responsabilidades penales, ya que esa facultad corresponde al Ministerio Público.
El titular del organismo detalló que el proceso parte del análisis de reportes de operaciones inusuales, relevantes o preocupantes provenientes del sistema financiero. Con base en esa información, la UIF evalúa los casos y, de ser necesario, incluye a personas físicas o morales en la Lista de Personas Bloqueadas para impedir el uso del sistema bancario.
Añadió que las personas afectadas cuentan con mecanismos de defensa, como la garantía de audiencia ante la propia UIF o la posibilidad de recurrir a instancias judiciales. El procedimiento establece plazos específicos: cinco días hábiles para solicitar audiencia, 10 días para su realización y 15 días para que la autoridad emita una resolución.
El funcionario indicó que en lo que va del año se han incorporado más de 500 personas a la lista de bloqueados y se mantienen cerca de 5 mil cuentas inmovilizadas, enfocadas en objetivos de alto riesgo. En algunos casos, señaló, los involucrados no acuden a defender sus recursos, por lo que la UIF notifica a la Fiscalía General de la República.
El proyecto avalado por la Suprema Corte también establece que el bloqueo de cuentas opera en un plano preventivo y bajo estándares internacionales de seguridad financiera, además de que las instituciones bancarias deben notificar a los usuarios las razones de la medida.
Finalmente, el titular de la UIF reiteró que el organismo también actúa para proteger el patrimonio de la ciudadanía, incluyendo el bloqueo de cuentas vinculadas a otros delitos distintos al crimen organizado.
