CUENTAN por ahí que alguien convenció a Claudia Sheinbaum de que el informe de Naciones Unidas sobre desaparecidos era la punta de lanza de un acto de “intervencionismo” de EU en México.
BUENO, hasta han dicho que, como en esa comisión hay redactores de origen peruano y ecuatoriano, países cuyos gobiernos tienen conflictos con la 4T, fue elaborado de mala leche. ¡Vaya manera de construir versiones con tal de no reconocer la realidad!
PEOR AÚN, cuando ese informe le ofrece salidas al gobierno de México en temas como la cooperación forense y la asistencia internacional.
EL RECIÉN nombrado auditor tiene que coordinar su trabajo con el Tribunal de Justicia Administrativa, que encabeza José Ramón Amieva, y con la Secretaría Anticorrupción cuya titular es Raquel Buenrostro, con quien trae un pleito cantado.
DICEN que Hernández, a pesar de que tenía todo el apoyo de Palacio Nacional para obtener el cargo, enfrentó una campaña en su contra orquestada por Buenrostro, quien buscaba favorecer a su propia candidata al puesto, Natalia Téllez Torres Orozco.
Y NO ES la primera vez que la secretaria promueve a la actual magistrada anticorrupción para otro cargo, pues, a pesar de las restricciones legales, ya la había impulsado públicamente para ser ministra de la Suprema Corte, pero no logró que quedara en los acordeones oficiales.
ASÍ ES QUE, a menos que Hernández y Buenrostro limen asperezas o alguien funja como mediador para que hagan las paces, se ve muy difícil que logren una coordinación efectiva. ¿Y la lucha contra la corrupción? Bien, gracias.
Y ES QUE, detectaron que esas movilizaciones no tendrían como objetivo abanderar causas ciudadanas, sino dañar la imagen de la administración de Clara Brugada y del gobierno federal cuando los ojos del mundo estén puestos en la ciudad.
LA DUDA es de quién es la mano que mece esa cuna.