YA SE ESTÁ haciendo costumbre para los funcionarios federales mover las citas que tienen pactadas con las comisiones parlamentarias a las que tienen que rendir cuentas y explicaciones sobre su desempeño.
AYER la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, pospuso sin mayores explicaciones la reunión que tenía programada con diputados donde, obviamente, se revisaría el asunto del megaderrame en el Golfo de México.
ES HORA de que siguen buscando barcos fantasmas engendrados por Peña Nieto, y no hay claridad ni de cuándo se originó el derrame, quiénes son responsables, el alcance de los daños y las medidas de reparación. Pero no parece ser un asunto de mucha preocupación para la secretaria Bárcena.
EN EL PROCESO de selección de tres nuevas consejerías del INE, hay varios casos de aspirantes que están dando de qué hablar. Y no por sus buenas calificaciones, sino porque hay quien ya advierte que quieren obtener ventaja al inscribirse en categorías de acciones afirmativas, reservadas para grupos vulnerables… a los que no está claro que pertenezcan.
POR EJEMPLO César Ernesto Ramos Mega se dice “migrante” aunque ya se desempeñó como consejero electoral en la CDMX y no fue bajo esa categoría.
INCLUSIVE EN 2020 interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral para que le reconocieran su calidad de “mexicano”, a fin de convertirse en consejero electoral de la CDMX. Y ahora quiere reivindicar que migró desde Argentina (siendo niño) para conseguir esta nueva chamba. Efectivamente, ya adquirió la nacionalidad mexicana y no tiene una condición de un migrante que pretenda representar a las y los mexicanos radicados en el exterior. ¡Qué tango!
INTERESANTE lo que ha dicho la Asociación Mexicana de Fondos de Retiro, la Amafore, en relación con el uso de los recursos de los ahorradores en la nueva Ley de Inversión del Bienestar.
POR UN LADO, el límite regulatorio en el uso de los ahorros no fue modificado y, por el otro, asegura que el ahorro para el retiro de los trabajadores se mantiene protegido. En su consideración, la nueva ley no faculta al gobierno a un uso discrecional de los ahorros.
LAS AFORES invertirán en infraestructura si hay proyectos rentables, están bien estructurados y pasan los filtros técnicos y de riesgo, según la agrupación. Actualmente, de los activos administrados por las Afores (que rebasan los 8.6 billones de pesos), un 7.5 por ciento está etiquetado en infraestructura lo que equivale a 650 mil millones de pesos.
ESO SÍ: desde otros ámbitos advierten que no se pueden aflojar controles fiscales en aras de agilizar proyectos de inversión mixta, que nomás no han podido cuajar en este gobierno. Al menos expertos de Banamex han puesto ese dedo en el renglón.