El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas solicitó al secretario general, António Guterres, remitir de manera urgente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General, con el objetivo de que se consideren medidas internacionales para atender este fenómeno.
De acuerdo con la decisión difundida este jueves, el organismo identificó indicios fundados de que en el país se han cometido y continúan ocurriendo desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. La evaluación señala que se han registrado ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en distintos momentos y regiones del territorio nacional.
El Comité subrayó que este procedimiento tiene un carácter preventivo y busca movilizar la atención y el respaldo internacional, sin que ello implique determinar responsabilidades penales individuales.
En su posicionamiento, el CED explicó que, conforme al artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, no actúa como una comisión de investigación ni está obligado a emitir conclusiones fácticas definitivas, aunque sí debe valorar si existen elementos suficientes provenientes de fuentes confiables.
Asimismo, el organismo tomó nota de la postura del Gobierno de México, que sostiene que muchas desapariciones son cometidas por grupos delictivos y no por agentes del Estado, por lo que no deberían clasificarse como desapariciones forzadas bajo los criterios de la Convención.
No obstante, el Comité indicó que en algunos casos ha recibido información que apunta a la posible participación directa de funcionarios públicos o a su autorización, apoyo o aquiescencia en estos hechos.
“El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”, señaló Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité.
El organismo reiteró que su actuación se basa en la valoración de información detallada y precisa proveniente de fuentes fidedignas, conforme a los criterios establecidos en la Convención internacional.
