La intervención del crimen organizado en procesos sindicales comenzó a impactar directamente los mecanismos laborales del T-MEC, según reveló la resolución del caso de la minera Camino Rojo, operada por la canadiense Orla Mining en Mazapil, Zacatecas.
El panel de expertos determinó que un “conocido narcotraficante” fue contratado para intimidar a trabajadores, con el objetivo de influir en su afiliación sindical. La investigación documentó que personas armadas irrumpieron en reuniones y realizaron visitas a domicilios para amenazar, incluso de muerte, a los empleados.
La resolución, publicada el 26 de marzo por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), confirmó que estas acciones afectaron las relaciones laborales dentro de la mina, en un caso analizado bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del tratado.
Además, el panel concluyó que la intervención del crimen organizado contó con la anuencia de empleados de la propia empresa, lo que agravó el conflicto y marcó un precedente sobre cómo la violencia puede incidir en disputas laborales bajo el T-MEC.
Este caso refleja que autoridades estadounidenses ya consideran la presencia del narco como un factor relevante en la resolución de quejas laborales internacionales, particularmente cuando se comprometen derechos de organización sindical.
