México criminal

Desde que comenzaron estos números atroces, gobernó un partido, luego otro y otro. En años recientes, ese país ya no estaba en una etapa de “guerra”, sino en otra de “abrazos”. Pero hay algo en común: desde la guerra hasta los abrazos, los militares han estado allí. Y solo 6 de cada 100 casos han llegado a juicio. ¿El resto? Impunes.

En más de 20 años, solo se han dictado 36 condenas. Menos que el número de personas que desaparecen en un solo día. En las morgues, más de 70 mil restos yacen sin que nadie los identifique. En cuatro años, aumentaron en más de 20 mil los restos no identificados.

Los dolientes y sus defensores llevan años investigando por su cuenta. La mayoría han hallado, con sus propias manos, más de 4 mil 500 fosas clandestinas. Han recuperado más de 4 mil 600 restos. No solo son fosas en sitios alejados. En estos años ominosos, han enterrado a más de 14 mil seres humanos sin identificar en fosas comunes públicas.

Con sus investigaciones, los dolientes han entendido cómo los criminales engañan a los suyos, los reclutan, los fuerzan a trabajar, los matan, los entierran allá del otro lado, en ese límite entre un pueblo y otro, entre un estado y otro, donde la responsabilidad es de otra policía, de otra fiscalía. A los dolientes los ignoran, los estigmatizan, los revictimizan, los convierten en objetivos.

Los dolientes también han demostrado, en muchos casos, que los límites entre matones y policías o militares están borrados. A veces es un político que quiere deshacerse de un periodista. Un grupo criminal utiliza a la policía para secuestrar a estudiantes. Las fuerzas especiales o una empresa de seguridad estatal secuestran a civiles al servicio de un jefe mafioso. Autoridades y bandidos actúan juntos, comparten información y se entregan a las víctimas unos a otros como si fueran mercancía. Usan el dinero público, incluso los vehículos oficiales, para sus crímenes.

En las oficinas donde se debe investigar, dicen que no tienen ni gente ni dinero ni recursos. Lo he visto: muchas veces no los tienen. Para investigar, muchas veces no buscan registros de llamadas ni videos, no toman pruebas genéticas, no entrevistan ni van a los sitios del crimen para averiguar qué pasó. Investigan como burócratas, girando oficios y presentando solicitudes de colaboración. A veces, los militares se investigan a sí mismos. Estas pesquisas casi nunca demuestran el vínculo entre la mafia y el Estado. Mientras, los dolientes pisan el barro, hilan las pistas y descubren qué pasó con sus hijos y los de otros.

En estas décadas, los más altos jefes y jefas de ese país han aprobado leyes, protocolos, reglamentos. La situación no ha mejorado sustancialmente. Por eso, los dolientes han acudido a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante la inacción de su propio Estado.

Más de 800 personas han pedido a la ONU que adopte medidas urgentes. Casi 4 de cada 10 peticiones en todo el mundo corresponden solo a ese país. Piden investigación, memoria, reparación.

Un Comité de la ONU ha indagado en los casos. Su informe, que resumí en este texto, indica que el número de personas desaparecidas, la crisis forense y la impunidad prevalecen. Las desapariciones siguieron patrones, cadenas de mando. Las víctimas no eran accidentales, sino los objetivos de los mafiosos. El gobierno del país respondió a la indagatoria y presentó sus argumentos. Pero no convenció al Comité.

Esta semana, por primera vez en su historia, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU dijo que en ese país, México, existen indicios de que se cometen crímenes de lesa humanidad de manera sistemática y generalizada. Los cometen organizaciones que actúan con la complicidad o la aquiescencia de las autoridades.

Ahora, esa verdad de la desaparición como fenómeno sostenido, la impunidad estructural y la crisis forense masiva tendrán una exposición internacional como nunca antes. Que sirva para traer justicia y verdad a tantos y tantas que aún buscan a los suyos.