La universalidad de la salud suena bien. Demasiado bien. Y cuando algo suena así en política mexicana, conviene revisar si es promesa… o advertencia.
La presidenta Claudia Sheinbaum lanza la idea de un sistema donde cualquier mexicano pueda atenderse en cualquier institución pública. IMSS, ISSSTE, Bienestar: todos para todos. El paraíso burocrático. O el colapso organizado.
Porque el problema no es la intención. Es la realidad.
El diagnóstico ya está sobre la mesa: hospitales saturados, falta de medicamentos, cirugías diferidas, personal rebasado. Y ahora la solución sería abrir aún más la puerta… sin ampliar la casa. Suena a receta conocida: prometer más con lo mismo. O peor, con menos.
Ahí aparece el primer bisturí: la legalidad.
El IMSS no es una fonda pública donde cualquiera llega con hambre. Es un sistema tripartita donde participan gobierno, empresarios y trabajadores. Tiene reglas, órganos de gobierno, equilibrios financieros. Convertirlo en hospital universal no es decreto, es cirugía mayor. Y sin anestesia.
Pero el segundo corte es más profundo: el presupuesto.
Porque mientras se habla de universalidad, los números cuentan otra historia. Caída en la recaudación del IVA, recortes al gasto, ajustes en áreas estratégicas. Optimismo oficial frente a una economía que empieza a toser. Y no precisamente por alergia.
El propio análisis advierte un posible “encontronazo con la realidad”. Y la realidad, en México, suele llegar sin avisar… y con factura incluida.
Aquí es donde la política se vuelve peligrosa: cuando la narrativa supera a la capacidad.
No es la primera vez. Ya lo vimos con reformas que prometían más de lo que podían sostener. Ya lo advertía en otra coyuntura: cuando el Estado estira la cobija sin medir consecuencias, el frío termina alcanzando a todos .
Y en salud, ese frío se traduce en vidas.
Porque universalizar sin fortalecer es democratizar la escasez. Todos tienen derecho… a esperar. A formarse. A no encontrar medicamento. A regresar mañana.
El tercer bisturí es jurídico-político: abrir el sistema sin acuerdos con quienes lo financian es invitar al conflicto. Empresarios y trabajadores no son espectadores. Son parte del engranaje. Ignorarlos puede derivar en litigios, bloqueos… o algo peor: desconfianza estructural.
Y sin confianza, no hay inversión. Sin inversión, no hay crecimiento. Y sin crecimiento, no hay dinero para sostener la universalidad que se promete.
Así de simple. Así de incómodo.
Mientras tanto, el discurso avanza más rápido que la infraestructura. Como si bastara anunciar derechos para que aparezcan camas, médicos y medicinas. Como si la voluntad política sustituyera al presupuesto.
No lo hace.
La salud universal no es una ocurrencia. Es una meta legítima. Pero también es una trampa si se construye sobre un sistema debilitado. Porque entonces no se amplía el acceso: se amplía el problema.
Y el problema, como siempre, no lo paga el gobierno.
Lo paga el ciudadano.
El que llega enfermo… y se encuentra con la promesa.