El proceso para renovar a tres integrantes del Consejo General del INE entró en su fase decisiva, que es la del intenso cabildeo político. El Comité Técnico de Evaluación hizo su parte al ampliar la lista de aspirantes y perfilar quintetas. El siguiente paso recae en la Cámara de Diputados.
Las tres vacantes ya están abiertas y la Junta de Coordinación Política, a cargo de Ricardo Monreal, deberá construir un acuerdo para que el pleno de la Cámara Baja alcance la mayoría calificada. Si no lo logra, la Constitución prevé que la designación se resuelva por insaculación entre las quintetas, lo que elimina el margen de negociación política en la última etapa. Pero hay favoritos.
Desde Bucareli se impulsa con fuerza a Bernardo Valle, un perfil con trayectoria en el ámbito electoral capitalino y cercanía con el gobierno federal. Fue consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México y ha acompañado decisiones clave alineadas con Morena, lo que lo coloca como una carta viable para el bloque oficialista. Su perfil cumple con el requisito técnico y, sobre todo, con el político.
El segundo espacio apunta a una mujer. Patricia Avendaño, actual titular del Instituto Electoral de la Ciudad de México, figura entre los perfiles. Su nombre es impulsado desde circuitos cercanos al poder judicial local, en particular por Néstor Vargas, el actual presidente del Órgano de Administración Judicial.
El tercer asiento es el más disputado. Ricardo Monreal juega su propia partida y trae al menos tres cartas. La más sólida es Adolfo Román Montero, hoy en la Cámara de Diputados y con pasado directo en la estructura política de la alcaldía Cuauhtémoc durante la gestión de Monreal. Le sigue Armando Ambriz, magistrado electoral cercano al coordinador morenista. Y en una tercera línea aparece Publio Rivera, con experiencia en el Senado y en la propia Junta de Coordinación Política bajo el mando del zacatecano.
Otros nombres que siguen en la conversación, pero con menor probabilidad, son Flavio Cienfuegos, cercano a Guadalupe Taddei y cercano a la actual secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, quien tiene exposición pero arrastra resistencias internas. Lo mismo ocurre con perfiles técnicos que cumplen en papel, pero no en la lógica de cuotas.
También se habla de Elizabeth Sánchez González, actual presidenta del OPLE de Oaxaca; y de María del Carmen Alanís, con paso por el Tribunal Electoral y el IECM. O de Gabriela Williams Salazar, Erika Estrada Ruiz y Sonia Pérez Pérez, ligadas al ámbito electoral capitalino, así como Claudia Gabriela Villeda Mejía y Daniel Preciado Temiquel, provenientes del ámbito judicial.
Con la reforma electoral en marcha y la renovación escalonada del Consejo General, Morena está cada vez más cerca de consolidar una mayoría casi total dentro del INE.
Las elecciones intermedias serán la primera gran prueba del renovado INE. Ahí se medirá si el Instituto será una autoridad imparcial o si entra en una etapa donde las decisiones clave se procesen con sesgos políticos. La credibilidad del sistema electoral mexicano, construida durante décadas, vuelve a estar en riesgo.
Posdata 1
El 19 de marzo, en plena Convención Bancaria, aquí se adelantó la salida de Alfredo Navarrete Martínez de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de Hacienda. En ese momento, el propio funcionario lo negó a quien se lo preguntó durante la reunión anual del sector financiero. Dos semanas después, el comunicado de la Secretaría de Gobernación —fechado el 31 de marzo y dirigido al Senado— confirmó el movimiento: Navarrete fue propuesto como vocal de la Junta de Gobierno del IPAB.
El oficio firmado por la secretaria Rosa Icela Rodríguez formalizó la designación y detalló que la propuesta provino directamente de la presidenta Claudia Sheinbaum, en uso de sus facultades constitucionales. El traslado de Navarrete al IPAB implica su salida de una de las posiciones más relevantes de Hacienda, donde se articula la relación con bancos, intermediarios y reguladores, y donde se procesan decisiones clave para el sistema financiero.
El movimiento anticipa la llegada de Mauricio Montaño a la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, impulsado desde la subsecretaría que encabeza Maricarmen Bonilla. Junto con esto también se habría dado la salida de Mauricio Rogelio Rivero Márquez de la Unidad de Banca de Desarrollo y se mantienen en evaluación otros mandos estratégicos, como Héctor Santana en Seguros y Pensiones y Rodrigo Mariscal en Planeación Económica.
Los cambios forman parte de un ajuste de fondo en el equipo hacendario que coincide con un entorno más complejo. La economía mexicana arrancó el año con un crecimiento de apenas 0.8%, mientras análisis internacionales advierten sobre la debilidad de la inversión y de los ingresos del gobierno.
Posdata 2
Telefónica acordó vender su operación en México —Movistar— por 450 millones de dólares a Melisa Acquisition, en lo que representa su salida definitiva del país tras años de intentos por reconfigurar el negocio. La operación incluye el traspaso total de sus activos y confirma una decisión que venía madurándose desde hace tiempo.
Antes del cierre, hubo varios interesados. Entre ellos Virgin Mobile, que exploró quedarse con la base de clientes, junto con otros jugadores que vieron oportunidad en un mercado de más de 150 millones de líneas móviles.
La salida de Telefónica responde a una lógica estrictamente financiera. La compañía decidió abandonar México y otros mercados de América Latina para concentrarse en geografías más rentables, luego de enfrentar años de baja rentabilidad, altos costos y una competencia dominada por América Móvil, de Carlos Slim. El desequilibrio estructural del mercado terminó por hacer inviable sostener inversiones relevantes en el país.
Pero el movimiento no termina con Movistar. En el sector ya se anticipa un siguiente capítulo con la posible venta de AT&T México, donde Televisa aparece como uno de los interesados más visibles. La empresa analiza opciones para expandirse en telecomunicaciones, aunque probablemente requeriría capital o socios para concretar una operación de ese tamaño. De concretarse, el mapa competitivo se reconfiguraría otra vez, en un intento por disputar el dominio que mantiene América Móvil.
Posdata 3
Los desencuentros entre el alcalde panista de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y el gobierno morenista de Clara Brugada ya no sorprenden, y más bien forma parte del paisaje político de la Ciudad de México. La negativa del panista a autorizar un Fan Fest mundialista suena a una respuesta política tras la cancelación del evento inmersivo Alicia en el País de las Maravillas, previsto a realizarse en Parque Lira. En este caso el gobierno capitalino argumentó incumplimiento de requisitos en materia ambiental, patrimonial y de ordenamiento territorial; desde la alcaldía, la respuesta fue desestimar dichos señalamientos y acusar una intervención innecesaria.
No es un episodio aislado. El rechazo de Tabe al Plan General de Desarrollo 2025–2045 de Brugada marcó una línea divisoria frente a la intención del gobierno central de ampliar su presencia territorial. Desde entonces, la relación no ha hecho más que tensarse, alejando la posibilidad de coordinación institucional en la que a la larga los más afectados serán los ciudadanos.