México atraviesa una de las noches más largas de su historia moderna, marcada por la ausencia y el silencio de miles que no regresaron a casa. Ante esta tragedia, la respuesta del Estado no ha sido la movilización total de sus recursos para la búsqueda, sino un intento persistente por administrar la percepción de la crisis mediante una interpretación selectiva de las cifras. La estrategia del gobierno federal ha consistido en segmentar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, alegando que sólo pueden considerarse como casos reales y actuales aquellos sobre los cuales existen datos completos y verificables.
Al reclasificar a miles de personas bajo etiquetas de “datos insuficientes” o “en proceso de verificación”, la autoridad busca reducir artificialmente una estadística que le resulta incómoda. Este malabarismo estadístico ignora una realidad lacerante que las familias y colectivos de búsqueda enfrentan todos los días en el terreno. Mientras el discurso oficial intenta cerrar el expediente de la duda, el país acumula una deuda forense aterradora: hay más de 70 mil cuerpos sin identificar en morgues, servicios forenses y fosas comunes a lo largo del territorio. Esta cifra, que el gobierno prefiere pasar por alto en sus informes matutinos, representa casi el doble de la cantidad de desapariciones que la administración está dispuesta a reconocer como “casos confirmados”. Para grupos defensores de derechos humanos, como el Centro Pro, esta postura no sólo es una falta de respeto a la memoria de las víctimas, sino un intento deliberado por minimizar una crisis que ha desbordado cualquier capacidad institucional.
Frente a este escenario de negación interna, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada ha tomado una postura histórica y contundente. El organismo internacional ha reconocido que México se encuentra en una situación de crisis que rebasa manifiestamente las capacidades de respuesta de sus autoridades. No es una opinión subjetiva, es la constatación de un colapso en el sistema de justicia y de identificación humana. Por ello, el Comité ha decidido activar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Este mecanismo se utiliza únicamente ante situaciones de especial gravedad y permite al Comité solicitar la intervención de la Asamblea General de Naciones Unidas para que aborde el tema de manera urgente. La ONU no busca señalar culpables por capricho, sino que pide que se brinde asistencia técnica y financiera internacional para atender la emergencia y sugiere la creación de un mecanismo de verdad que permita entender la magnitud del fenómeno y brinde respuestas reales a las familias.
Lamentablemente, la reacción del gobierno mexicano ha sido el repliegue defensivo. En lugar de aprovechar la mano tendida de la comunidad internacional para resolver un problema que claramente no puede solucionar solo, la administración ha acusado a la ONU de “injerencismo”. Es una postura contradictoria y carente de lógica histórica. ¿Acaso el Estado mexicano no pidió ayuda a la ONU y a la UNOPS para gestionar la crisis de desabasto de medicamentos? Si en materia de salud se reconoció la necesidad de un acompañamiento internacional para limpiar procesos y garantizar suministros, ¿por qué se rechaza esa misma ayuda cuando se trata de identificar a miles de seres humanos que esperan en el olvido de una fosa?
La soberanía no debe entenderse como un muro de impunidad, sino como la responsabilidad de proteger a los ciudadanos. Pertenecer a un organismo internacional como Naciones Unidas implica aceptar que la situación de los derechos humanos en el país está sujeta a la revisión de instancias especializadas. Si el gobierno sostiene que nada tiene que esconder y que su voluntad de búsqueda es genuina, no debería oponerse a que la Asamblea General trate el tema. Abrirse a la asistencia técnica para la identificación forense y a un mecanismo de verdad no es una cesión de poder, sino un acto de humildad frente a la tragedia. El Estado mexicano está rebasado; reconocerlo es el primer paso para dejar de contar números y empezar a recuperar personas.