En estos días, para la vergüenza histórica de México, la ONU analiza la posibilidad calificar a las 130,000 personas desaparecidas en nuestro país como crímenes de lesa humanidad, sin olvidar, claro está, los 270,000 mil homicidios dolosos sin que se aclare uno solo de ellos. México enfrenta, se dice, una práctica extendida y repetitiva que ocurre de manera sistemática y generalizada, generalmente vinculada con el actuar de agentes del Estado o con la tolerancia de estos.
Ahí están los morenistas “defensores” de los pobres que reaccionan como Stalin cuando éste declaraba que “La muerte de un hombre es una tragedia. La muerte de millones es una estadística”. Ante la inmovilidad de la sociedad y la complicidad o ineficacia del gobierno, la responsabilidad por los escandalosos crímenes, ya no es solo competencia de las autoridades mexicanas, sino que la patética crisis humanitaria no puede ser ignorada en el mundo civilizado por lo que corresponde también a la Corte Penal Internacional y a otros tribunales internacionales evitar la proliferación de dichos delitos de lesa humanidad.
Por primera vez en nuestra historia nos podrían aplicar medidas internacionales para prevenir, investigar y erradicar crímenes, cuya solución corresponde al gobierno mexicano. Ahí está el descubrimiento de más de 4,500 fosas clandestinas con más de 6,200 cadáveres y 4,600 restos humanos, además de unos 72,000 restos sin identificar, la evidencia de ocultamientos sistemáticos y de niveles de impunidad del 98-99%, realidad que confirma la reputación internacional del gobierno mexicano en manos de organizaciones criminales. Carecemos de la menor credibilidad ante la ausencia de un Estado de derecho, entre otros vacíos, que no solo afectan nuestra imagen internacional, sino impiden la inversión extranjera, contraen el turismo y dañan las relaciones diplomáticas.
Apliquemos una parte del “modelo Bukele” que desmanteló estructuras criminales territoriales y cambió la imagen internacional de El Salvador que pasó de ser la “capital mundial del crimen” “al país más seguro del hemisferio”, con arrestos masivos de 90,000 pandilleros, en lugar de 130,000 desapariciones y 270,000 homicidios.
Es infame negar o politizar la terrible crisis humanitaria, así como que el gobierno adopte una posición de víctima rechazando diagnósticos externos sin ofrecer soluciones creíbles, solo para lograr la consolidación de la imagen de un “narcogobierno”. La actual CNDH constituye la mejor evidencia de la inexistencia del respeto a los derechos humanos y del encubrimiento oficial.
La imagen internacional de México se ha visto dañada por el poder de los cárteles, por las desapariciones forzadas, los homicidios dolosos, y la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad y la justicia. ¿De qué estamos hechos los mexicanos que no nos conmovemos con la muerte de 850,000 víctimas del Covid ni nos impactan los 270,000 homicidios dolosos ni la desaparición de 130,000 compatriotas, negamos cínicamente la realidad, rechazamos la ayuda exterior y además, destruimos a las ONG diseñadas, entre otras razones, para coadyuvar con ciertas tareas del gobierno y mejorar los sistemas judiciales? ¿Quién va a invertir en un Estado fallido o débil? ¿De qué estamos hechos?