PUES NADA, QUE un caso que estremeció al mundo empresarial mexicano acaba de dar un giro contundente: la semana pasada fue detenida, en Estados Unidos, Rosa María Rubio Zepeda.
Está señalada como la presunta autora intelectual y material del secuestro y homicidio de quien en vida fuera dueño y director general de Grupo Radio Centro, Carlos de Jesús Aguirre Gómez.
De acuerdo con las investigaciones, Rubio Zepeda habría tejido una operación cuidadosamente planeada para despojar al empresario de su patrimonio.
En 2019, el entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), presidido por Gabriel Contreras, validó la transmisión de acciones de una radiodifusora a su favor.
La empresaria también fue accionista y socia en Grupo Coral, encabezado por Miguel Alemán Magnani, que seguramente recordará, intentó arrebatarle a Prisa el control de Radiópolis, lo que no cuajó.
Mediante maniobras financieras presuntamente ilícitas, logró transferir a su nombre fideicomisos, fondos de inversión, propiedades y activos valuados en cientos de millones de dólares, consolidando así el control total de la fortuna de su entonces esposo.
Una vez consumado el despojo, la ahora detenida habría ordenado y ejecutado el crimen que hoy la tiene en el centro de una persecución internacional.
Su captura se llevó a cabo el pasado miércoles en Brickell Avenue, en Miami, Florida, uno de los puntos más exclusivos de la ciudad, donde agentes del ICE y del FBI cumplimentaron una orden de detención internacional emitida por la
Interpol.
Rubio Zepeda está recluida en en el centro de detención de Broward, y enfrenta cargos por secuestro agravado y homicidio, delitos de la más alta gravedad que podrían derivar en severas sanciones penales en territorio mexicano.
La Fiscalía General de la República, a cargo de Ernestina Godoy, ya inició el proceso de extradición, por lo que en breve podría ser trasladada a México para enfrentar la justicia por uno de los casos más impactantes de los últimos años.
EL MERCADO AUTOMOTRIZ mexicano cerró marzo de 2026 con cifras históricas que confirmaron un momento excepcional. De acuerdo con datos del Inegi, que encabeza Graciela Márquez, se comercializaron 131 mil 548 vehículos ligeros, un crecimiento anual de 2.4% y el mejor registro para un mes de marzo desde 2018. En el acumulado enero-marzo, las ventas alcanzaron 381 mil 632 unidades, 3.7% más que en 2025 y el nivel más alto jamás observado en la industria. Aunque marcas tradicionales como Nissan, GM o Toyota cedieron terreno, el empuje vino de armadoras asiáticas como Geely, Jetour Soueast y MG, con crecimientos de doble y triple dígito. La Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices, que preside Guillermo Rosales, atribuyó el repunte mensual de 11.2% a campañas comerciales agresivas. Incluso, al sumar marcas no reportadas al Inegi, como BYD u Omoda, marzo habría cerrado con 140 mil 146 unidades. El récord superó al máximo previo de 2017.
EN 2025, LA seguridad pública exhibió una de sus grietas más sensibles con el uso ilegal de videovigilancia por parte del crimen organizado. En Ecatepec se desinstalaron 252 cámaras colocadas en infraestructura pública, todas fuera del marco de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La cifra no fue nada insignificante. Alejandro Desfassiaux, fundador de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, advirtió que permitir una red paralela de monitoreo equivale a ceder territorio sin confrontación. El Estado, como responsable de la seguridad, llegó tarde a un fenómeno que llevaba años operando. Las cámaras no sólo observaron: anticiparon movimientos policiacos. Como expuso Desfassiaux en su libro “40 años sin resultados”, el problema no fue la falta de diagnósticos, sino la ausencia de decisiones sostenidas. La tecnología estuvo del lado equivocado demasiado tiempo.
A SEIS MESES de iniciada la huelga en el Nacional Monte de Piedad, el balance para los trabajadores es de pérdida de ingresos, desgaste y nulos avances. En contraste, a los llamados Arturos el conflicto pareció beneficiarles. Arturo Zayún, líder del sindicato, con un patrimonio multimillonario y el control de cuotas y recursos del sindicato, mantuvo activos espacios como el Deportivo Sindical, rentado a particulares y allegados mientras los agremiados siguieron excluidos. A su lado, el abogado laboral Arturo Alcalde operó como asesor bajo una estrategia que maneja muy bien: prolongar huelgas, asumir cierres costosos y dilatar soluciones. Los antecedentes de Notimex y Mexicana mostraron el mismo patrón, incluso con resoluciones judiciales que declararon la inexistencia de huelga. Medio año después, el paro no resolvió problemas laborales: consolidó posiciones de poder. Y, como suele ocurrir, el costo recayó en quienes menos control tuvieron sobre el conflicto.
EL ALZA INTERNACIONAL del diésel evidenció la vulnerabilidad logística de México, advirtió Augusto Ramos Melo, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). Entre diciembre de 2025 y abril de 2026, los futuros del combustible subieron 123%, al pasar de 611 a mil 363 dólares. Ese incremento se tradujo en un alza de 4% en los fletes por cada peso adicional en el diésel. En un país donde 80% de las mercancías se movieron por carretera, el impacto fue transversal. Más de 215 mil empresas de carga, en su mayoría micro y pequeñas, absorbieron una presión que no generaron. El subsidio y el control de precios del combustible evitaron un golpe inflacionario mayor, reconoció el sector.