Aquiescencia

La semana pasada escribí aquí sobre el duro informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Por primera vez en su historia, el Comité aprobó que se analizara la desaparición forzada en México ante el pleno de las Naciones Unidas. El gobierno mexicano ha dicho que el informe es tendencioso y carece de rigor jurídico. Pero una mirada más atenta al propio informe ayuda a explicar por qué esto es falso.

El informe dice que sí: el Estado mexicano militarizó la seguridad pública. Pero ello no constituye una política deliberada de desapariciones. Es decir, no se militarizó al país para desaparecer a civiles, ni los militares están desapareciendo a personas como parte de una política estatal, como ocurrió en Argentina.

Por tanto, no hay un crimen de lesa humanidad como política estatal deliberada. Lo que sí hay es una tremenda responsabilidad estatal de que casi todos los crímenes queden impunes y de que casi ningún caso llegue a juicio ni a condena. También es responsable el Estado de que haya poquísimas indagatorias oficiales para entender cómo agentes municipales, estatales y federales han usado autos oficiales para entregar a las víctimas a las mafias, torturado a civiles en instalaciones de gobierno; cómo en instituciones forenses se han ocultado cuerpos de víctimas, cómo agentes de seguridad de varios estados y agentes corruptos a nivel federal han participado directamente en los crímenes que deberían combatir.

Si no ordena una desaparición, ¿cómo puede considerarse responsable un Estado cuando, bajo su tutela, existe un problema sistémico de desaparición forzada? Si se prueba que se está ocultando información, encubriendo crímenes, usando tipos penales incorrectos para tipificar las desapariciones, realizando mal los análisis forenses y no realizando pruebas científicas. Esto no es solo negligencia; es complicidad estatal que perpetúa un sistema criminal al obstruir la impartición de justicia, aunque no implique una orden estatal directa.

El Comité es muy claro: no se necesita una orden firmada por una máxima autoridad que ordene la desaparición de sus ciudadanos. También hay responsabilidad en no proveer los elementos para que se coordinen los niveles de gobierno, se elabore una estrategia nacional eficaz, se judicialicen los casos, se dicten sentencias, se implementen reglamentos para los sistemas de búsqueda de personas, se cuente con registros completos y se identifiquen los restos que se encuentran en las fosas y en las morgues. Todas estas omisiones se observan en el caso de México.

Por tanto, la impunidad estructural es responsabilidad del Estado. La tolerancia estatal, la aquiescencia, es un punto clave en el informe del Comité. Muchas de las desapariciones en México las cometen civiles, que no forman parte del Estado mexicano. El Comité dice claramente: fueron civiles quienes cometieron las desapariciones, con autorización, apoyo, aquiescencia u omisión de servidores públicos. Esto implica que la aquiescencia conlleva una responsabilidad, aunque el Estado no ejecute directamente el crimen.

El Comité sí reconoce que el Estado mexicano ha creado la Comisión Nacional de Búsqueda, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, fiscalías especializadas, leyes locales y mecanismos de coordinación. En su informe, sin embargo, considera que esto no es suficiente. México sigue sin contar con un registro único y confiable de desapariciones, con datos desagregados que distingan entre la desaparición y la desaparición forzada.

La inacción del Estado también es una decisión. México aún tiene responsabilidad por la participación de funcionarios, la colusión y tolerancia estatal, la omisión y falta de investigación, la impunidad sistemática y la falta de responsabilidades institucionales.

Y aunque no le guste al gobierno, esa no solo es una realidad de este informe, sino la historia que hemos contado sobre México, caso a caso, víctima a víctima, desde hace muchísimos años.