El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, fue vinculado a proceso este martes por su presunta responsabilidad en irregularidades relacionadas con el contrato otorgado a la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica en la entidad.
De acuerdo con el gobierno estatal encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda, el exmandatario enfrenta cargos por peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como abuso de autoridad, y como medida cautelar se le impuso el pago de una garantía de 100 mil pesos.
La administración estatal señaló que el caso implica un posible daño al erario por 12 mil millones de pesos, derivado de compromisos financieros adquiridos para un proyecto que no se concretó debido a la falta de permisos necesarios.
En declaraciones a medios, Bonilla afirmó que el proceso en su contra era previsible. “Sabíamos que iban a empapelarnos porque ha sido el proceso de todos mis colaboradores, por qué iba a ser diferente conmigo”, expresó.
Durante su conferencia, la gobernadora indicó que la audiencia había sido diferida en 12 ocasiones previas, debido a que el exmandatario contaba con fuero en ese periodo. Añadió que su administración continuará con acciones legales para la defensa de los recursos públicos.
“Nosotros haremos lo propio en el sentido de defender los recursos públicos (…) ahora se rasgan las vestiduras y dicen que es un tema político”, declaró.
La investigación contra Bonilla se remonta a septiembre de 2021, cuando fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por diversos delitos, entre ellos abuso de autoridad, tráfico de influencias, encubrimiento y desvío de recursos públicos.
Además, el exgobernador enfrenta al menos cinco denuncias adicionales, incluyendo acusaciones por peculado y por presunta violencia política en razón de género en contra de la actual mandataria estatal.
