El exconsejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, advirtió que el denominado “Plan B” de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum podría representar un riesgo para partidos aliados de Morena, como el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al abrir la posibilidad de someter temas electorales a consultas populares.
A través de sus redes sociales, el especialista en temas electorales señaló que permitir consultas ciudadanas sobre asuntos electorales podría reactivar propuestas como la reducción del financiamiento público a los partidos o la disminución de legisladores plurinominales.
“El riesgo persiste para los ‘aliados’ del gobierno con plan B. Permitir que las consultas populares incluyan temas electorales es avivar propuesta de reducir financiamiento a los partidos… Por eso el boletín de apoyo de los senadores ‘verdes’ al plan B que ayer se difundió no menciona ese tema”, puntualizó.
Según Ugalde, la inclusión de este mecanismo podría convertirse en una herramienta política, ya que el resultado de una consulta de este tipo podría utilizarse como argumento para impulsar cambios en el sistema electoral.
“Ya sabemos el resultado de una consulta así (es como preguntar si quieres que se reduzcan los impuestos). Con ese “mandato” de las urnas el gobierno podría relanzar con mayor fuerza su propuesta de quitar dinero a los partidos (o reducir pluris). Además, es una bandera muy atractiva de campaña que podría esconder muchos temas incómodos para el oficialismo”, señaló.
El análisis del exfuncionario ocurre luego de que PT y PVEM anunciaron su respaldo al llamado “Plan B”, propuesta que la presidenta Sheinbaum impulsa tras el rechazo de la reforma electoral original en el Congreso de la Unión.
De acuerdo con la propuesta planteada por el gobierno federal, el nuevo proyecto se estructura en varios ejes, entre ellos permitir consultas populares sobre temas electorales, lo que abriría la posibilidad de someter a votación ciudadana asuntos como el financiamiento público a partidos políticos o el modelo de representación.
Otro de los puntos contempla medidas de austeridad en congresos estatales y ayuntamientos, como la reducción del número de regidores y la implementación de topes salariales para diputados locales.
La iniciativa también plantea fortalecer mecanismos de democracia participativa, con ajustes para facilitar la revocación de mandato en el tercer o cuarto año de gobierno, además de promover herramientas como el voto electrónico para reducir costos operativos.
Entre las modificaciones propuestas también se contempla posponer hasta 2028 la segunda etapa de la elección judicial.
Durante su conferencia matutina del viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó además que el plan B podría incluir la revisión de los salarios de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).
“No estamos de acuerdo con los grandes salarios de los consejeros del INE… Vamos a seguir trabajando para disminuir los privilegios y esencialmente el principio juarista de la austeridad republicana: que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, expresó.
El Plan B de la reforma electoral cuenta con el respaldo de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, cuyos legisladores aseguraron en un comunicado conjunto que la propuesta busca mejorar las condiciones de la vida democrática del país.
Por su parte, la bancada del Partido Verde en el Senado también manifestó su apoyo a la iniciativa, al señalar coincidencias con la propuesta de generar ahorros en el gasto público que puedan destinarse a programas sociales.
