El comunicado que la FGR difundió ayer, al cumplirse un año del hallazgo del campo de exterminio en Teuchitlán, parece una pieza de humor negro, un elogio del escarnio.
El miércoles le pregunté al portavoz de Guerreros Buscadores de Jalisco —la organización que dio con el horror en el Rancho Izaguirre de Teuchitlán— sobre el avance en la investigación.
“No sabemos de ninguno ni tenemos pruebas de lo que se ha trabajado en 365 días”, me respondió. “Desgraciadamente, el gobierno federal y la FGR quieren seguir escondiendo la realidad vivida en Jalisco”.
Veinticuatro horas después, la FGR publicó que lleva un burocrático avance general de 64.44% en el “procesamiento integral” de la investigación. Un año y un avance de dos terceras partes. Literal. ¿Qué tanto revisa si, como afirma, sólo se analizó un resto óseo? A cambio, presumió 47 detenciones e incontables diligencias ministeriales, y reforzó lo expresado hace un año: que ese rancho era un sitio de reclutamiento forzado y adiestramiento de criminales, no un centro de exterminio.
“Nada informan de los restos de las personas quemadas”, me había dicho el día previo Raúl Servín, antes de despedirse así: “Yo no sé a qué juegan la FGR y el gobierno con nosotros”. Y eso que no conocía el comunicado del jueves.