Sobre la revocación

El debate reciente nos debería llevar a discutir el sentido mismo de la institución. Más allá de sus efectos en la Presidencia de Sheinbaum, más allá de su posible impacto en las elecciones de medio tiempo, hay que discutir la idea misma de la revocación de mandato y su articulación con el régimen presidencial. La revocación se plantó en el texto de la Constitución sin mayor debate público. Suena bien: con votos, despedir a un Presidente impopular. Pero esta reforma no fue una modificación menor, aunque aún no nos percatemos de sus alcances. Por el contrario, altera uno de los principios esenciales del presidencialismo.

La Presidencia se aloja en una fortificación temporal que, en principio, le permite planear una estrategia. Al introducir una prueba electoral a mitad del camino, el horizonte presidencial se comprime sustancialmente y de esa manera la probabilidad de tener un gobierno eficaz y estable. Pero ni siquiera en términos democráticos la revocación tiene sentido: ofrece sustituir al Presidente repudiado con una figura que no ha recibido respaldo alguno para ocupar la Jefatura del Estado. Una Presidencia impopular no daría origen a un reemplazo propiamente democrático sino a un relevo sin apoyo popular directo. Si el electorado se haría presente al despedir al Presidente, sería espectador en el proceso de reemplazo. ¿En qué sentido sería democratizador el que nos libremos de un Presidente que ganó una elección para que lo supla el político que designen las camarillas dominantes en el Congreso?

Como inyección de control popular sobre la Presidencia, el proceso es una farsa. Como pieza de ingeniería constitucional es mucho peor: un impedimento al sistema presidencial en condiciones democráticas. Es difícil imaginar, en una atmósfera pluralista, el funcionamiento de una Presidencia eficaz, con la amenaza de la revocación. Si el proceso de revocación no dispara hoy una enorme intranquilidad pública y una gran incertidumbre económica es porque hemos perdido condiciones de competencia. La revocación, tal y como se insertó en la Constitución, solo tiene sentido en condiciones de pluralismo restringido. Y en estas condiciones no puede ser más que un mecanismo de ratificación. Así fue en la primera edición: un proceso activado desde el poder para beneficio del poder.

La implantación de este mecanismo en la Constitución es ejemplo de dos resortes del populismo constitucional. El primero es el de la simplificación institucional. Lejos de ser un asunto de diseño complejo, para el populista los órganos y prácticas constitucionales se subordinan a sus categorías binarias: el pueblo y sus enemigos. La elección es el mecanismo que todo lo resuelve. Ha de decidir gobiernos, legisladores y jueces. Ha de nombrar y remover. Poco hay que agregar a esta determinación. Una consigna como “el pueblo pone y el pueblo quita” es tomada como si fuera una tesis constitucional. El segundo resorte es el de la soberbia mayoritaria. Quien representa hoy a la mayoría imagina que su dominio será eterno. No es capaz de colocarse del otro lado de la rueda para formar instituciones que sirvan en la victoria y también en la derrota. Leyes que tienen sentido para quien está en el gobierno y para quien busca alcanzar la mayoría. Ese es el principio del constitucionalismo democrático: las mismas reglas que sirven al grupo gobernante cuidan a las minorías. Pero cuando el populismo pasa la plancha por la Constitución es para hacer irreversibles los cambios, para dificultar o impedir el ascenso de otra mayoría. No imagina que, en la siguiente estación, puede ser víctima de las reglas que diseñó para su fiesta.