La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma electoral, la cual será discutida y votada en el pleno entre el 18 y el 25 de marzo. El proyecto plantea modificaciones a 11 artículos de la Constitución, aunque por ahora Morena no cuenta con los votos suficientes para aprobarla.
Para que la reforma sea avalada se requieren las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión, sin embargo, hasta el momento la propuesta presidencial solo cuenta con el respaldo de los 253 legisladores de Morena, quienes, de acuerdo con su coordinador parlamentario Ricardo Monreal, votarán en bloque a favor.
La iniciativa fue enviada sin el apoyo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ni del Partido del Trabajo (PT), cuyos dirigentes nacionales ya manifestaron su rechazo a varios puntos del proyecto. Con ello, Morena pierde el respaldo de 111 diputados aliados: 62 del PVEM y 49 del PT, además de la negativa anticipada de los partidos de oposición.
Entre los aspectos que han generado mayor desacuerdo se encuentra la propuesta de reducir las prerrogativas de los partidos políticos, que pasarían de 65% a 48.75% del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) multiplicado por el número de ciudadanos inscritos en el padrón.
El documento establece que “el 30% de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante, de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos en la elección de diputados inmediata anterior”.
Las dirigencias del PVEM y del PT han rechazado este esquema al considerar que los recursos deberían reducirse de manera igualitaria para todos los partidos, sin tomar en cuenta el porcentaje de votación obtenido. Morena ha rechazado modificar ese planteamiento.
Otro de los puntos cuestionados por los aliados es la forma en que se elegirían 200 diputaciones bajo el principio de representación proporcional. La propuesta plantea que se establezcan cinco circunscripciones electorales en el país, integradas bajo el principio de paridad.
El documento detalla que dichas circunscripciones “serán encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones”.
Asimismo, se prevé que 100 diputaciones se asignen a candidatos que no obtuvieron el triunfo en sus distritos pero lograron los porcentajes más altos de votación de su partido, ordenados de manera decreciente conforme a la votación distrital válida emitida.
Otras 100 diputaciones se elegirían por votación directa en cinco circunscripciones regionales, donde también se integrarían las diputaciones electas por los mexicanos residentes en el extranjero.
La iniciativa señala que “la asignación de las 200 diputaciones iniciará con la relación del sistema de personas que no habiendo obtenido el triunfo, obtuvieron los mejores porcentajes de votación distrital emitida de su partido político, por circunscripción”, alternado con el sistema de mayor porcentaje de votación individual.
También establece que las diputaciones elegidas por ciudadanos que residen fuera del país se asignarán al partido político correspondiente en cada circunscripción, iniciando por aquella en la que el partido haya obtenido el mayor porcentaje de votación.
En el caso del Senado de la República, la propuesta plantea que la Cámara Alta quede integrada por 96 senadurías, lo que implica la eliminación de 32 escaños de representación proporcional, uno por cada entidad federativa.
La iniciativa también establece que las autoridades de seguridad, procuración de justicia e inteligencia financiera deberán coordinarse con la autoridad electoral nacional para proporcionar información relacionada con el registro de candidaturas que pueda ser relevante para salvaguardar la integridad del proceso electoral.
Respecto al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), el documento plantea un rediseño de su estructura y organización, aunque no especifica el monto de los posibles recortes, ya que estos se definirían a partir del próximo Presupuesto de Egresos.
