El pleno del Senado de la República desechó la reforma al artículo 35 de la Constitución, con lo que, en caso de solicitarse, la consulta de revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum se realizará hasta 2028 y no en 2027, como se había planteado inicialmente.
La decisión se tomó luego de que el Partido del Trabajo (PT) presentó una reserva para eliminar las modificaciones a dicho artículo, lo que permitió que se mantenga en sus términos actuales. La propuesta fue avalada a mano alzada, por lo que el artículo ya no fue sometido a votación nominal.
Al defender la reserva, la senadora del PT, Lizeth Sánchez, señaló que su partido busca preservar el mecanismo vigente. “Nuestra reserva propone eliminar en su totalidad el artículo 35 dentro de ese dictamen, para que la revocación de mandato se mantenga en los términos vigentes de la Constitución”, afirmó.
La legisladora añadió que la intención es garantizar la estabilidad democrática y evitar distorsiones en los mecanismos de participación ciudadana, en medio de presiones o tensiones políticas.
El ajuste ocurrió después de que el PT manifestara su desacuerdo con la posibilidad de que la titular del Ejecutivo participara en campaña durante el proceso electoral de 2027, como contemplaba la propuesta original.
La decisión fue respaldada por legisladores de oposición. La senadora del PAN, Mayuli Latifa Martínez, calificó la propuesta de revocación como una “trampa y cinismo”, al considerar que permitiría a la Presidenta hacer campaña y solicitar el voto en paralelo a las elecciones concurrentes de 2027.
En el mismo sentido, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, sostuvo que el proyecto rechazado no tendría impacto positivo en la vida pública y acusó que buscaba beneficiar al partido en el poder.
Pese a este cambio, el Senado aprobó otros componentes del denominado Plan B, entre ellos la eliminación de privilegios, recortes presupuestales a congresos locales y al propio Senado, así como un límite máximo de 15 regidores en los municipios.
También se avaló la eliminación de prestaciones consideradas onerosas en órganos electorales y la prohibición de contratar seguros con recursos públicos. Además, se estableció que todos los entes públicos deberán ajustar las remuneraciones de sus servidores públicos.
La votación de los artículos reservados 115, 116 y 134 registró 87 votos a favor y 41 en contra. La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para continuar con su trámite legislativo.
