La historia de la colección Gelman —uno de los acervos de arte moderno mexicano más importantes del mundo— dejó de ser solo un asunto cultural para convertirse en uno financiero y legal en el que están involucrados tanto el gobierno mexicano, una familia regiomontana y el tercer banco más grande del país: el español Santander, cuya presidenta y heredera, Ana Botín, mantiene buena relación con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Todo comienza con Robert Littman, quien tras años de litigio logró hacerse del control de la colección de Jacques y Natasha Gelman. Durante casi dos décadas la mantuvo itinerante bajo la lógica de preservar su integridad y respetar las restricciones legales mexicanas que impedían su salida definitiva. Intentó venderla en México en bloque, con un precio cercano a los 300 millones de dólares, sin éxito.
El punto de quiebre llegó en 2023, cuando Marcelo Zambrano Alanís —sin trayectoria en el mundo del arte ni presencia en patronatos o circuitos museísticos— accedió a una parte sustancial de la colección por una cifra estimada por debajo de los 200 millones de dólares. La operación no se hizo con capital propio. Se estructuró con financiamiento, lo que desde el inicio convirtió a las obras en activos sujetos a la presión de la deuda.
A partir de ese momento, la lógica cambió. Ya no se trataba de preservar una colección, sino de monetizarla. Se asegura que Zambrano intentó colocar piezas en el extranjero, pese a las restricciones legales. Cuando llegó el momento de cubrir intereses, ordenó subastar obras clave en Sotheby’s Nueva York. El resultado fue adverso. Muchos lotes no alcanzaron sus estimaciones y el INBAL, de la Secretaría de Cultura, intervino para impedir la salida de piezas con declaratoria de monumento artístico. En los hechos, la colección comenzó a fragmentarse y se rompió la voluntad original de los Gelman de mantenerla unida.
Uno de los problemas es que el mercado mexicano no tiene la profundidad para absorber obras de ese calibre a precios internacionales, pues mientras en México una pintura de Frida Kahlo puede tener un techo cercano a los 40 millones de dólares, en el extranjero su valor potencial puede multiplicarse varias veces. Esa brecha convirtió a la colección en un activo inviable dentro del país, pero altamente atractivo fuera de él.
Dicha tensión ha sido advertida en el ámbito internacional. En una carta abierta publicada en la plataforma e-flux se alerta sobre el riesgo de que la colección salga de México bajo esquemas opacos y se cuestiona el papel de los intermediarios financieros en su gestión. El documento advierte que una exportación temporal puede convertirse en permanente si no existe una vigilancia efectiva del Estado.
Asimismo, un artículo publicado en Brooklyn Rail subraya cómo el núcleo de la colección —especialmente la obra de Frida Kahlo— ha adquirido una dimensión global que rebasa los marcos institucionales mexicanos y la coloca en el centro de un mercado internacional dispuesto a pagar múltiplos muy superiores a los del mercado local. Ese diferencial es el que explica el interés financiero detrás del acervo.
Con la presión de la deuda encima, Zambrano regresó al mercado mexicano. Hubo interesados en adquirir las obras y mantenerlas en el país. El INBAL tenía derecho de preferencia. No hubo recursos ni voluntad. Incluso dentro del propio aparato cultural se reconoce que la colección no era prioritaria.
Cuando todo apuntaba a que al menos una parte —las 10 obras de Frida Kahlo— quedaría en una colección institucional mexicana, la operación se canceló. El crédito fue cubierto y semanas después apareció un nuevo actor: Santander.
El banco español anunció la gestión de la colección bajo el nombre “Gelman-Santander”. Oficialmente niega haberla adquirido y sostiene que únicamente administra, conserva y exhibe temporalmente las obras, en coordinación con el INBAL y bajo la legislación vigente. En el papel, el esquema cumple con la ley.
Pero en los hechos, abre un precedente delicado. La figura de “gestión” permite itinerar la colección globalmente, incrementar su valor y mantenerla fuera de México por periodos prolongados bajo autorizaciones temporales.
Las obras fueron utilizadas como colateral para refinanciar la deuda original. Eso implica que, en caso de incumplimiento, el acreedor puede ejecutar la garantía. Santander no necesita comprar la colección, se puede hacer de esta si el propietario incumple financieramente.
¿Por qué el Estado mexicano permitió un esquema de este tipo?, pues mientras se protege con rigor la salida de ciertas obras específicas, se autoriza un modelo que puede derivar en la dispersión internacional de una de las colecciones más importantes del país.
El contraste con otros casos recientes también es contradictorio. En la venta de Banamex se estableció como regla que el patrimonio cultural permaneciera en México. En este caso, tratándose de un banco extranjero, no hubo una exigencia equivalente.
La colección Gelman no ha salido de México de forma definitiva, pero tampoco está asegurada. Está sujeta a deuda, a valorización internacional y a decisiones administrativas que pueden extender indefinidamente su circulación fuera del país.
Posdata 1
Los movimientos dentro de la Secretaría de Hacienda al parecer sí van y son más. Como se adelantó en este espacio hace dos semanas, en el marco de la Convención Bancaria, ya se perfilaban cambios en áreas clave. En la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, encabezada hasta entonces por Alfredo Navarrete Martínez, el nombre que más sonaba para relevarlo era el de Mauricio Montaño, que pasó por la Unidad de Banca de Desarrollo, y quien, todo apunta, ya despacha como titular del área.
Por otro lado se anticipaba la renuncia a Mauricio Rogelio Rivero Márquez, titular de la Unidad de Banca de Desarrollo, la cual se efectuaría este martes.
Además de Navarrete Martínez y Rivero Márquez se baraja la salida de otros mandos estratégicos, entre ellos Héctor Santana en Seguros y Pensiones y el titular de la Unidad de Planeación Económica, Rodrigo Mariscal Paredes.
El entorno económico añade presión. El más reciente análisis de The Economist advierte que el bajo dinamismo de la economía mexicana responde principalmente a factores internos, como la incertidumbre regulatoria, los cambios institucionales —particularmente en el Poder Judicial— y la debilidad de la inversión privada. A ello se suma un arranque de año débil: el Indicador Global de la Actividad Económica reportó un crecimiento de apenas 0.8% en enero, reflejo de una desaceleración que ya se anticipaba desde finales de 2025.
Pese a ese contexto, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, mantiene su previsión de crecimiento en torno al 3% para 2026. La apuesta contrasta con los diagnósticos más cautelosos de analistas y organismos internacionales, y coloca mayor presión sobre el equipo económico en un momento en el que, además de los ajustes internos, deberá dar señales claras de certidumbre, capacidad de ejecución y que eso se refleje en inversión y crecimiento.
Posdata 2
Mientras tanto, el gobierno de México alista un nuevo frente de negociación con China en medio de las tensiones comerciales provocadas por la imposición de aranceles a productos asiáticos, justo cuando también avanza la revisión del T-MEC. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que durante 2026 se llevarán a cabo varias reuniones bilaterales, incluida una de “alto nivel”, como parte de una agenda que busca encauzar la relación económica entre ambos países sin romper equilibrios con Estados Unidos.
El eje de la discusión será doble. Por un lado, los aranceles que México impuso —de hasta 50%— a importaciones provenientes de países sin tratado comercial, que detonaron reclamos formales de China. Por el otro, las asimetrías en el acceso a mercados: mientras productos chinos entran con relativa facilidad a México, las exportaciones mexicanas enfrentan mayores barreras en China, un punto que el propio Ebrard ha puesto sobre la mesa como prioridad en las conversaciones.
Todo esto ocurre en medio de la renegociación del T-MEC, donde uno de los temas delicados para Estados Unidos es justamente la relación comercial de México con China y el riesgo de triangulación de productos. En ese contexto, el gobierno mexicano intenta mantener abiertos los canales con el país asiático, pero sin desalinearse de Norteamérica, donde se juega la mayor parte de su comercio exterior. La apuesta es compleja y definirá buena parte de la política industrial y comercial del país en los próximos años.
Posdata 3
Y en una buena para México, se dio a conocer que el país evitó el pago de más de 2 mil 100 millones de dólares tras ganar un arbitraje internacional iniciado por inversionistas extranjeros, en uno de los casos más relevantes en materia de controversias bajo tratados comerciales. La Secretaría de Economía informó que el fallo fue favorable al Estado mexicano en un litigio llevado ante el CIADI, el organismo del Banco Mundial encargado de dirimir disputas entre inversionistas y países.
El origen del conflicto se remonta a un proyecto para desarrollar un sistema de taxímetros digitales en la Ciudad de México entre 2016 y 2018. Las empresas demandantes —Espíritu Santo Holdings y L1bre Holding— acusaron a autoridades capitalinas de obstaculizar el proyecto e incluso de intentar apropiarse de la tecnología, lo que, según su argumento, les generó pérdidas millonarias.
Sin embargo, el tribunal arbitral desestimó las reclamaciones y dio la razón a México, con lo que el país no tendrá que cubrir la indemnización reclamada. Más allá del monto, el fallo fortalece la posición del gobierno mexicano frente a litigios internacionales en el marco de acuerdos comerciales como el TLCAN y su transición al T-MEC, en un momento en el que este tipo de disputas se han vuelto más frecuentes y estratégicas para las finanzas públicas.
El resultado también envía una señal relevante en términos de defensa jurídica del Estado frente a inversionistas extranjeros, especialmente en proyectos tecnológicos y regulatorios donde suelen concentrarse este tipo de controversias.