Señalamientos en Michoacán

Revelan audio que exhibe a exfuncionario de Michoacán en presunta negociación con el narco

Investigación del activista Miguel Meza apunta a Ignacio Mendoza por presuntos nexos con Cárteles Unidos y revela grabación con supuesto integrante del CJNG

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Una investigación difundida por el activista Miguel Meza señala que Ignacio Mendoza, excoordinador del sistema penitenciario de Michoacán, habría entregado el control de las cárceles estatales al grupo criminal Cárteles Unidos.

El reporte incluye un audio en el que presuntamente Mendoza sostiene una conversación con un líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la cual el interlocutor le ofrecería dos millones de pesos a cambio de permitir la operación de dicha organización dentro de los centros penitenciarios.

De acuerdo con la indagatoria, Cárteles Unidos también habría tenido participación en el proceso electoral que llevó a Alfredo Ramírez Bedolla a la gubernatura, según lo referido en una sentencia previa del Tribunal Electoral.



Con estos señalamientos, Mendoza fue incorporado como el séptimo michoacano en la lista de “Narcopolíticos”, una iniciativa ciudadana encabezada por Miguel Meza que busca evidenciar presuntos vínculos entre actores políticos y el crimen organizado.

El exfuncionario ya había sido detenido en 2009 durante el operativo conocido como “Michoacanazo”, acusado de proteger a La Familia Michoacana, aunque posteriormente fue liberado. Más tarde, se desempeñó como asesor en la administración del exgobernador Leonel Godoy.

En 2021, el actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla lo nombró coordinador del sistema penitenciario estatal, cargo desde el cual, según la investigación, habría facilitado el control de los penales a Cárteles Unidos.



El documento también refiere que esta situación generó inconformidad entre otros grupos criminales, entre ellos un exjefe de plaza identificado como “El Barbas”, quien presuntamente fue asesinado en 2025.

Mendoza dejó el cargo luego de que el activista Carlos Escobedo denunciara públicamente presuntos actos de tortura en su contra y de su familia.

Organizaciones y activistas que investigan la relación entre crimen organizado y política en Michoacán señalaron que continuarán impulsando que las autoridades revisen los hechos y determinen posibles responsabilidades.



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