La iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados plantea nuevas reglas para evitar el financiamiento del crimen organizado en procesos electorales, además de permitir que funcionarios públicos promuevan la participación ciudadana en mecanismos de democracia directa bajo principios de neutralidad.
El proyecto, recibido este miércoles en San Lázaro, propone modificar 11 artículos de la Constitución y será analizado en comisiones. Coordinadores legislativos del PRI y el PAN adelantaron que no respaldarán la propuesta, mientras que Morena anunció su apoyo a la iniciativa.
Uno de los ejes del documento establece que precandidaturas, candidaturas y aspirantes independientes no podrán financiarse ni operar con recursos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas, con el objetivo de impedir la inyección de dinero del crimen organizado en las campañas.
La iniciativa también señala que todas las aportaciones privadas deberán provenir exclusivamente de personas físicas mexicanas y no podrán realizarse en efectivo. Los recursos tendrán que canalizarse mediante el sistema financiero nacional, a través de transferencias electrónicas, el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) u otros instrumentos financieros regulados.
Además, las instituciones financieras estarán obligadas a reportar estas operaciones al Instituto Nacional Electoral (INE) para efectos de fiscalización. Ninguna aportación podrá ser deducible de impuestos.
El proyecto también prohíbe que partidos, precandidatos o candidatos reciban dinero o donaciones provenientes de gobiernos extranjeros, fondos de inversión u organismos internacionales, así como de personas físicas o morales extranjeras o ciudadanos que residan fuera del territorio nacional.
Otro punto de la propuesta establece que personas representantes de los poderes públicos en los tres niveles de gobierno podrán promover la participación ciudadana en mecanismos de democracia directa, siempre que lo hagan bajo principios de imparcialidad y sin influir en los resultados.
La iniciativa también plantea medidas frente al uso de tecnología en los procesos electorales. Todo contenido relacionado con elecciones que haya sido modificado mediante inteligencia artificial deberá estar claramente etiquetado por su emisor, mientras que concesionarios de radio y televisión y plataformas digitales deberán advertir o evitar la difusión de material no identificado.
En materia de fiscalización, la propuesta indica que todos los ingresos, egresos y operaciones financieras de partidos políticos, precandidatos y candidatos deberán reportarse de forma constante al órgano electoral durante los periodos de precampaña y campaña.
El documento también contempla la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y autoridades de seguridad e inteligencia financiera para intercambiar información relacionada con el registro de candidaturas y así salvaguardar la integridad del proceso electoral.
Entre otros cambios, la iniciativa plantea modificar el mecanismo de asignación de diputaciones plurinominales, establecer acciones afirmativas para pueblos indígenas y afromexicanos, y reconocer el derecho ciudadano a participar en consultas populares, referéndums y plebiscitos.
La reforma requiere mayoría calificada en el Congreso para ser aprobada. Morena ha manifestado su respaldo, mientras que partidos de oposición han anticipado su rechazo y aliados legislativos como el PT y el PVEM han expresado reservas sobre diversos puntos del proyecto.
