¡Qué vergüenza!

La indolencia de la autoridad mexicana es entendida en Washington, con justa razón, como una complicidad criminal que debe ser desarticulada mediante drones y misiles destinados a eliminar a los cárteles en territorio nacional, sin recurrir, todavía, a una intervención armada que, de llevarse a cabo, acarrearía consecuencias de dimensiones impredecibles en la economía y en las relaciones bilaterales. El uso de la violencia solo complicaría las posibles soluciones, pues provocaría la fragmentación de las organizaciones criminales sin erradicar el mal ni disminuir el consumo de drogas en Estados Unidos.

El crimen organizado mueve decenas de miles de millones de dólares, monstruosas cantidades de dinero ilegal en la economía que se lava en la industria de la construcción, en bienes raíces, en restaurantes y bares, en el transporte, en la agricultura y en la minería, entre otras tantas actividades más. Los cárteles sobornan y coaccionan a las autoridades de los tres niveles de gobierno, para hacerse de contratos públicos, desviar recursos del erario y lucrar con la impunidad judicial que caracteriza a la 4T. En lo que hace a la sociedad, esta es extorsionada con los derechos de piso, la compra de protección forzada para evitar daños en el patrimonio personal y chantajeada con el control de proveedores obligados a pagar extorsiones para poder continuar con sus negocios legales.

Para empezar a limitar la participación del crimen organizado, se debe restringir drásticamente el uso del efectivo en transacciones máximas de 8,000 pesos. Cualquier pago mayor deberá hacerse por medio de una transferencia electrónica o a través de una tarjeta de crédito, como ya ocurre en muchos países. Los pagos electrónicos aumentarían la recaudación tributaria, disminuirían el tamaño de la economía informal e incrementarían el número de contribuyentes muy a pesar de la utilización de criptomonedas, la creación de empresas fantasmas, las transferencias internacionales, el comercio ficticio y el uso de prestanombres para sortear las estrategias del fisco, sin embargo, se reduciría la evasión fiscal en el comercio minorista, en la construcción y en los servicios profesionales. Con estos primeros pasos se empezaría a desmonetizar la economía, se retirarían cada vez más billetes de la circulación, se disminuiría el dinero ilegal y se reducirían el caos económico y el malestar social.

Antes del uso de misiles, de drones o de una intervención militar en México de terribles repercusiones, Washington, ante nuestra inmovilidad política, policiaca y militar, todavía podría cerrar solo por unos días las llaves a la exportación de gas y de combustibles a nuestro país, para obligarnos a desmonetizar la economía, entre otros objetivos, y debilitar de esta suerte el poder de los cárteles y del crimen organizado, tareas indiscutibles a cargo de un gobierno que debería luchar dignamente por los supremos intereses de la patria y entender la importancia de ser el primer cliente comercial de una de las dos grandes potencias del orbe.

De la misma manera en que no podemos permitir que, para nuestra vergüenza, Trump tenga que venir a extirpar un cáncer que devora el organismo nacional, cuando se trata de una responsabilidad a cargo del gobierno mexicano, también resulta inadmisible que AMLO y la 4T prefieran proteger los intereses criminales de los cárteles sin importarles la posibilidad de una agresión armada de Estados Unidos. Morena ya destruyó la República y sus instituciones, ¿ahora pretenden destruir hasta los mismísimos cimientos de México…?