El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) manifestaron su rechazo a varios puntos del llamado “Plan B” de la reforma electoral durante una reunión privada con la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que abrió diferencias dentro de la coalición gobernante.
Uno de los principales desacuerdos es la propuesta de realizar el ejercicio de revocación de mandato el mismo día de las elecciones federales de 2027, idea que ambos partidos rechazaron durante el encuentro realizado la noche del jueves.
De acuerdo con dirigentes y diputados consultados, Arturo Escobar, del PVEM, y Alberto Anaya, del PT, plantearon incluso incluir un artículo transitorio que prohíba la revocación de mandato en 2027. Los dirigentes argumentaron que, debido a la popularidad de la presidenta, el ejercicio podría cargar los votos hacia Morena y afectar el resultado electoral de sus aliados.
“Ellos creen que por la popularidad de la presidenta, pueda disminuir significativamente su votación en las urnas el año próximo”, señalaron asistentes a la reunión a puerta cerrada entre los liderazgos de la llamada Cuarta Transformación (4T).
Otro punto de fricción se centra en la reforma al artículo 35 constitucional sobre consulta popular. El PVEM y el PT buscan establecer un “candado” para impedir que, mediante consultas ciudadanas, se reduzca el número de diputados y senadores en el Congreso de la Unión, lo que podría afectar su representación.
La propuesta del PT consiste en que cualquier consulta popular tenga que ser aprobada previamente por mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso antes de llevarse a cabo. Anaya puso como ejemplo la posibilidad de que en el futuro se consulte a la ciudadanía si debe reducirse el número de legisladores, lo que podría perjudicar a partidos con menor representación.
El planteamiento fue respaldado por Arturo Escobar, quien señaló que con esa redacción el Partido Verde también estaría de acuerdo.
Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien sostuvo que si una reforma no logra mayoría en el Congreso, tampoco prosperaría una consulta popular sobre el mismo tema. Este argumento fue respaldado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Ante esa postura, Alberto Anaya reprochó que al PT se le trata como si fuera oposición, al señalar que “se nos pide el voto a cambio de nada”, según relataron asistentes al encuentro.
Durante la reunión también se planteó separar la reforma al Poder Judicial del paquete del “Plan B” electoral. La propuesta consiste en incluirla en otro paquete legislativo que contemple además la eliminación del fuero, iniciativa impulsada por el ministro Arturo Zaldívar, con el objetivo de que la elección de jueces y magistrados se realice en 2028 y no en los comicios federales de 2027.
De aprobarse ese planteamiento, los actuales jueces y magistrados permanecerían un año más en sus cargos, punto en el que, según las fuentes consultadas, existe consenso entre Morena, PVEM y PT.
Un tercer desacuerdo surgió en torno al papel de Pablo Gómez como interlocutor con los partidos políticos. Tanto el PT como el PVEM solicitaron que sea la Secretaría de Gobernación la instancia encargada de la comunicación política, en lugar del actual funcionario.
“Va a ayudar a consolidar el ‘Plan B’ que Pablo no intervenga en ninguno de los temas”, expresó primero Alberto Anaya, postura que fue respaldada posteriormente por Arturo Escobar.
Ante las diferencias, la presidenta Claudia Sheinbaum dio un plazo de unas horas a las dirigencias de Morena, PVEM y PT para alcanzar un acuerdo sobre la nueva iniciativa. El objetivo es contar con un documento consensuado entre las tres fuerzas políticas.
Debido a que se trata de modificaciones constitucionales que requieren el voto de las dos terceras partes en ambas cámaras, las dirigencias partidistas y coordinadores parlamentarios tienen previsto reunirse en la Secretaría de Gobernación para intentar destrabar los puntos en disputa y enviar el proyecto al Congreso de la Unión la próxima semana.
