Hay que quitarle a los cárteles su brazo armado, hay que impedirles el control de las policías. El momento de debilidad del más grande de los grupos criminales debe ser convertido en una oportunidad.
Pasada una semana del operativo que decapitó al Cártel Nueva Generación, aflora información que confirman lo que ya sabemos. Las narconóminas nos recuerdan que sin policías a sueldo, un cártel está cojo.
El gobierno federal pega por arriba a los criminales quitando capos, y por abajo con programas sociales trata de que no enrolen jóvenes, ya sea como vigías o fuerza operativa. Lo que no hace el Estado es cuidar que no le coopten policías, que no le quiten lo que es suyo.
Si alguna noticia podría verse como positiva institucionalmente de los trágicos hechos del domingo tras la muerte de Nemesio Oseguera, es que sus cómplices ven a la Guardia Nacional como un cuerpo enemigo.
Es lamentable la muerte de 28 elementos federales como, básicamente, retaliación por el operativo de Tapalpa. También por eso resulta obligado volver al punto de partida. Si antes no se pudo detener a ese criminal fue porque tenía compradas a muchas policías.
Fuera de exabruptos, los criminales tienden a actuar con lógica. El Cártel Nueva Generación está en proceso de reestructura. Qué espera el gobierno para hacer lo mismo, para aprovechar el impasse y desarticular decenas de cuerpos policiacos a la espera de un nuevo “jefe”.
Cuando un criminal quiere someter a los locatarios de un mercado a pago de cuota, no duda en matar a un comerciante: el resto entenderá el mensaje y el puesto de la víctima será atendido por algún familiar o traspasado. Les sale barato. Es triste, pero es economía criminal.
Aunque decenas de policías han pagado con su vida por atacar, resistir o desobedecerlo, el crimen opera distinto con ellos: aprovecha su debilidad salarial, la gran incertidumbre de un futuro a través de una carrera policial e incluso el desprestigio social que les dispensamos.
Ante los reproches por la falta de seguridad en su estado, el jefe de la policía de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, tiene un punto. Sus palabras el jueves al enterrar a un compañero muerto en los ataques en Puerto Vallarta son elocuentes:
“A todos esos expertos de seguridad que siempre salen a decirnos qué es lo que debemos hacer en los momentos difíciles normalmente, porque cuando las cosas están bien nadie nos voltea a ver (…), les digo que tenemos 3 mil vacantes en la secretaría y que son bienvenidos para trabajar aquí con nosotros hombro con hombro”.
Si el Estado no limpia, reconstruye y blinda a las policías –municipio a municipio, entidad a entidad– la nueva gerencia del cártel estará pronto lista para dispersarles nuevo pago y comandos. No cancelarle al crimen esa posibilidad sería un terrible corolario para tan costoso operativo.
Porque la Guardia Nacional ni alcanza para hacer la tarea por sí sola, ni debería ser aceptable pedirles que combatan a unos poderosos criminales que encima son ayudados por personal con uniforme que los propios gobiernos arman.
Sí, sí es opción correr malos elementos aunque se vayan a las filas delincuenciales (pretexto esgrimido para no depurar cuerpos policiacos). Así al menos al cártel le costarán más: en vehículos, en uniformes, armas y rancho.
Si no lo hacemos (porque la sociedad debe en efecto voltear a ver a sus policías para, antes que despreciarlas, reconocerse en ellas), estaremos condenados a una nueva temporada de Narcos, a hablar de lo que hacen los criminales y no de lo que dejamos de hacer nosotros para cuidarnos.