La historia de México es una crónica de tensiones nunca del todo resueltas entre el centro y la periferia. Desde la fundación de la República, el equilibrio entre dos soberanías –la del país y la de los estados– ha sido el eje sobre el cual gira la estabilidad nacional.
Por ello, el reciente anuncio del llamado plan B por parte del Poder Ejecutivo federal enciende alarmas que no son nuevas, pero que resuenan con una gravedad histórica particular. Bajo la bandera de la austeridad republicana y la eficiencia administrativa, se asoma una propuesta que pretende intervenir directamente en la arquitectura política de los estados, específicamente en la organización de los congresos locales y los ayuntamientos. La intención de reducir presupuestos de manera dirigida y, más preocupante aún, de dictar desde la capital la disminución del número de diputados locales y regidores, representa un avance del centralismo que vulnera la esencia misma del pacto federal.
No es una cuestión meramente administrativa; es una cuestión de soberanía. La determinación del tamaño de un congreso local o la conformación de un cabildo debería ser una facultad exclusiva de los ciudadanos de cada estado, ejercida a través de sus propios mecanismos democráticos.
Que el impulso de estas reformas provenga del Poder Ejecutivo federal, y no de un debate interno en cada región, sugiere que la visión del país se está estrechando para ajustarse a un molde diseñado en la Ciudad de México. Es imposible ignorar que el actual gabinete presidencial está integrado de manera abrumadora por figuras formadas en la dinámica política capitalina, lo que genera una desconexión natural con las realidades del resto del país.
Debemos recordar la historia para no vernos condenados a repetirla. En el siglo XIX, el abandono del modelo federalista de 1824 en favor de un centralismo asfixiante fue el detonante de las crisis más profundas de nuestra integridad territorial, misma que se tradujo en casi medio siglo de guerras civiles, entre el Plan de Veracruz y el Plan de Tuxtepec.
La imposición de las Siete Leyes en 1835, que transformó a los estados soberanos en departamentos administrativos y subordinó las decisiones locales al arbitrio del Centro, no trajo el orden prometido, sino la rebelión. La molestia de los estados por la pérdida de su autonomía para manejar sus asuntos internos fue el combustible que condujo a la independencia de Texas y a los intentos de secesión en Yucatán y en el noreste con la efímera República del Río Grande.
Cuando el Centro intenta microgestionar la vida política de los estados, el pacto de unión se debilita. El federalismo no es una concesión del gobierno central, sino un acuerdo de voluntades entre entidades pares que deciden unirse bajo una misma bandera conservando su derecho a la autodeterminación interna. Si la Federación no le dicta a los estados qué es un matrimonio o cuál es la pena por un asesinato, ¿por qué debería decirles cuántos diputados locales o regidores debieran tener y cuánto pagarles?
Ciertamente, este afán interventor no nace de la nada. Ya contamos con un artículo 116 constitucional que, de manera progresiva, ha ido acotando el margen de maniobra de las entidades, imponiendo reglas generales sobre periodos de gobierno, composición de legislaturas y estructuras de justicia que bien podrían ser competencia local. Sin embargo, el plan B que aparentemente se presentará mañana martes amenaza con profundizar esta herida.
Un gobierno que se dice defensor de la voluntad popular debería ser el primero en respetar la voluntad de las mayorías en cada estado. Si se persiste en este camino, la medida será vista por muchos gobiernos estatales y sectores ciudadanos como una intervención indebida y autoritaria.
La austeridad es una meta loable, pero nunca debe ser el pretexto para uniformar al país bajo una sola visión ni ser el disfraz de la concentración de poder y recursos en la capital.
México es una república federal por razones históricas y geográficas ineludibles; ignorar esa realidad es caminar hacia una nueva división que el país no puede permitirse.