La 4T le ha caído como anillo al dedo a José Miguel Bejos, empresario que a través de su sociedad con Mota Engil y otras compañías ha conseguido contratos por más de 221 mil millones de pesos en los sexenios de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. No hay empresario más beneficiado por Morena que “Pepe Miguel” —como le dicen sus amigos—. Y va por más.
El mexiquense, amigo personal de Enrique Peña Nieto y de muchos otros priistas de la entidad, ahora pretende incursionar en un nuevo deporte, con la compra del equipo Atlas de la primera división del fútbol mexicano.
La operación para adquirir el club deportivo al Grupo Orlegi, de Alejandro Iraragorri, ya está más que avanzada. El grupo empresarial encabezado por Miguel Bejos se habría hecho del equipo rojinegro por unos 240 millones de dólares. El anuncio oficial de la compra será en la próxima asamblea de dueños de la Liga MX, programada para junio de este año.
Lo más interesante del asunto son las motivaciones del empresario para enrolarse en el futbol mexicano. Se asegura que en esta decisión tuvo mucho que ver su relación con la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo gobierno se empeñaba en sanar las finanzas de un grupo deportivo que tenía problemas con el Servicio de Administración Tributaria. Tanto Orlegi como su socio minoritario en el Atlas, TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, arrastraban deudas fiscales que impidieron la venta del equipo en diversas ocasiones.
Ahora las cuentas de Azteca ya están saldadas e Iraragorri saldrá también de la mira del SAT y de la Fiscalía General de la República al cederle unos de sus equipos —el otro es el Santos de Torreón— al empresario favorito de los últimos tres gobiernos. La operación incluye los derechos de uso del Estadio Jalisco y las instalaciones de la Academia AGA, donde se formaron jugadores como Rafael Márquez.
Es probable que la inversión que José Miguel Bejos está haciendo en este acuerdo no le resultará un buen negocio, pero los beneficios vendrían con los multimillonarios contratos del gobierno. En el actual sexenio sus empresas, empezando por Mota Engil, ya se han adjudicado inversiones públicas por alrededor de 60 mil millones de pesos en cuatro contratos: el Tramo 1 del tren de pasajeros Querétaro-Irapuato, el Tramo 2 del mismo tren, el Proyecto del Puerto del Norte en Matamoros (terminal portuaria) y la Central de Ciclo Combinado Tula II de la CFE.
El ritmo que Pepe Miguel lleva en contratos en el sexenio de Claudia Sheinbaum rebasa al que traía en las administraciones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Su estrategia es engatusar a los mandatarios con sus principales debilidades o aficiones: a Peña Nieto lo conquistó con el golf y a López Obrador con el beisbol, tras la compra de los Pericos de Puebla que estaban cerca de la desaparición.
La compra del Club de Fútbol del Atlas de Guadalajara será una inversión inerte como la que se hizo para desarrollar el parque de diversiones Aztlán en la Ciudad de México, por 4 mil millones de pesos, o el complejo turístico Costa Canuva en la Riviera Nayarita por otros 25 mil millones. Pero valen la pena cuando por esos esfuerzos los gobiernos te recompensan con 240 mil millones de pesos: 19 mil mdp con EPN, 161 mil mdp con AMLO y 60 mil mdp con Sheinbaum.
En la presentación de sus resultados anuales, Mota-Engil expuso que México —su principal mercado del mundo— fue uno de los factores que explicaron la caída de 11% en su facturación durante 2025, derivada de retrasos en el arranque de obras y del aplazamiento de licitaciones clave que impactaron su calendario de pagos.
El CEO global de la constructora, Carlos António Vasconcelos dos Santos, señaló que la transición política tras la llegada de Claudia Sheinbaum ralentizó la asignación de contratos públicos, un factor que volvió más lenta la ejecución de proyectos relevantes para la firma en infraestructura y construcción pesada.
La empresa mantiene a México como eje de su estrategia regional y anticipa una recuperación en 2026, apoyada en nuevas inversiones en concesiones vinculadas a aeropuertos, carreteras urbanas y una planta de fertilizantes que tienen al mercado mexicano como destino prioritario.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, operó rápido y en silencio para sacar al nuevo auditor superior de la Federación. Se trata de Aureliano Hernández Palacios Cardel, quien obtuvo 472 votos y estará al frente de la ASF en el periodo 2026-2034.
Finalmente, David Colmenares Páramo, quien buscaba la reelección tras ocho años en el cargo, quedará fuera… aunque no totalmente. Aureliano Hernández fungía como Auditor Especial del Gasto Federalizado desde octubre de 2025. Su trayectoria lo vincula institucionalmente al aparato de fiscalización, pero también políticamente a círculos cercanos al poder actual, empezando por su ascendencia familiar: es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, exsecretario particular de Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de Gobierno.
La decisión se tomó por mayoría calificada y sin mayor debate parlamentario, lo que debiera encender señales de alerta sobre cómo se conducirá la fiscalización del gasto público en los próximos ocho años en México.
Y mientras el Senado acelera el discurso contra las llamadas “pensiones doradas” y la mayoría oficialista presume austeridad institucional, en el Instituto Nacional Electoral (INE) se preparan tres movimientos estratégicos. El próximo 4 de abril concluyen su encargo Dania Ravel, Jaime Rivera y Beatriz Zavala, lo que dejará tres asientos vacíos en el Consejo General. Esas vacantes se han convertido en el verdadero botín político para apuntalar lo que no logró concretarse por la vía constitucional en la reforma electoral.
Se descuenta ya que la iniciativa presidencial para rediseñar al árbitro electoral no prosperará en sus términos originales, por lo que el INE seguirá operando con 11 consejeros, aunque con estos tres relevos clave en puerta. Ahí es donde se libra la batalla silenciosa. La Cámara de Diputados —única facultada para nombrarlos— mantuvo congelado el proceso a la espera de que avanzara la propuesta de reducir el Consejo General a nueve integrantes. El cálculo político fue primero intentar cambiar las reglas; después, en función del resultado, ocupar los espacios.