Bajo el argumento de que la tecnología será imperativa para aumentar la recaudación y contrarrestar el contrabando, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio “Pepe” Merino, está tomando un rol cada vez más preponderante dentro de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que encabeza Rafael Marín Mollinedo.
Hace unos días, Merino designó a Carlos Meléndez Sagahón, integrante de su círculo más cercano, como director General de Investigación Aduanera —una de las áreas más relevantes de la ANAM—, tras el cese de Alex Tonatiuh Márquez
Meses antes, Meléndez ya había sido colocado como director general de Tecnologías de la Información de la ANAM, y Arturo Jeshván Alcántara Villanueva, otro exfuncionario vinculado al círculo de Merino, como director general de Procesamiento Electrónico de Datos Aduaneros. Ambos coincidieron en el ecosistema del C5 y de la Agencia Digital de Innovación Pública de la capital, donde Merino construyó una red de mando que ahora está siendo trasladada al gobierno federal.
En septiembre pasado, EL CEO reveló que la ANAM adjudicó un contrato por hasta 551 millones de pesos a la empresa Umami Ingeniería Especializada para el mantenimiento de equipos de rayos X. La compañía había sido creada apenas un año antes con capital mínimo y sin cumplir requisitos de experiencia previstos en la normativa. La investigación periodística exhibió vínculos profesionales previos entre funcionarios que participaron en la adjudicación y los beneficiarios del contrato, todos provenientes del aparato tecnológico del gobierno de la Ciudad de México donde Merino construyó su red de confianza. Entre los nombres señalados apareció el de Meléndez Sagahón.
La salida de Alex Tonatiuh Márquez de la Dirección de Investigación Aduanera, en diciembre pasado, terminó de despejar el camino. El funcionario quedó bajo escrutinio por la ostentación de propiedades y relojes de lujo, además de que autoridades estadounidenses le retiraron la visa.
Esa posición fue ofrecida previamente al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien decidió no asumirla. Para el responsable de la estrategia nacional de seguridad, aceptar una sola dirección dentro del entramado aduanero implicaba una responsabilidad desproporcionada frente a un margen de acción limitado. Combatir la corrupción en puertos y fronteras exige control integral de mandos operativos, inteligencia y coordinación interinstitucional; encabezar únicamente el área de investigación suponía asumir riesgos políticos sin capacidad real de depuración estructural.
Mientras tanto, Rafael Marín Mollinedo transita por una ruta distinta. El funcionario ha reconocido su interés por competir por la candidatura de Morena al gobierno de Quintana Roo en 2027, lo que anticipa su salida de la ANAM a más tardar en septiembre e incluso antes de mediados de año. En su entorno también se menciona una eventual designación diplomática.
Durante 2025, la ANAM reportó ingresos por comercio exterior por 1.44 billones de pesos en flujo de efectivo, un crecimiento real de 15.5% respecto al año previo. El Impuesto al Valor Agregado concentró cerca de 987 mil millones de pesos; el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 247 mil millones; el Impuesto General de Importación, 172 mil millones; y el Derecho de Trámite Aduanero superó los 30 mil millones. Las aduanas marítimas aportaron más de la mitad de la recaudación nacional, seguidas por las fronterizas, donde Nuevo Laredo se mantuvo como el principal punto de captación.
El inicio de 2026 mostró un entorno menos favorable. En enero, la recaudación aduanera registró una caída real superior al 9% anual. El IVA asociado a importaciones presentó una contracción relevante, mientras que el IEPS se sostuvo por mayores compras externas de combustibles. La apreciación del peso explicó parte del ajuste al reducir la base gravable en moneda nacional, pero también refleja menor dinamismo comercial en sectores clave.
El desplazamiento del poder dentro de Aduanas se da en un momento delicado para las finanzas públicas y para el comercio internacional. La concentración de áreas estratégicas bajo un mismo grupo plantea dudas sobre la capacidad de preservar la recaudación. Las aduanas son uno de los principales ingresos del Estado mexicano y un punto crítico en el combate al contrabando, el tráfico ilegal y las redes de corrupción. En julio está planteada la renovación del TMEC, mientras que el presidente Donald Trump está empeñado en que ya no pase la droga a los Estados Unidos. Vaya reto para Merino.
Posdata 1
La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, está en crisis ante la violencia que azota a su estado. Y lejos de reconocerlo y actuar en consecuencia, este lunes la mandataria tildó de “oportunismo político” las protestas por el asesinato de las estudiantes de la UAEM, Karol y Kimberly, así como la desaparición de Jarim Virginia Roldán, quien fue hallada sin vida en Toluca.
La gobernadora intenta pasar por alto que, frente al discurso oficial de una reducción del 28.6% en feminicidios durante 2025, la realidad es que Morelos cerró ese año con una de las tasas más altas del país, contrastada por el subregistro que denuncian colectivos como la Comisión Independiente de Derechos Humanos, que contabilizó 121 casos el año pasado.
Además, la narrativa de “paz social” choca con un dato que el gabinete de seguridad omite en sus presentaciones: Morelos es el primer lugar nacional en tasa de extorsión. Con 419 casos denunciados en 2025 frente a los 322 del año anterior, el incremento real es del 30%, superando por mucho el promedio nacional. Si a esto se suma que la entidad ocupa el segundo lugar en despojo a nivel federal, el diagnóstico es aún peor.
La tragedia de las universitarias ha terminado por dinamitar la crisis. La inercia de violencia del desastroso gobierno de Cuauhtémoc Blanco no se ha frenado y se refleja en los datos del Secretariado Ejecutivo. La reacción de González Saravia de acusar “manos negras” en las marchas del 8M es un grave error político y un desplante de soberbia frente a una comunidad estudiantil que está siendo víctima de la inseguridad y de los malos gobiernos.
No se puede sostener un discurso de eficacia cuando el estado lidera los rankings nacionales de violencia de género y extorsión por cada 100 mil habitantes. La insistencia en administrar la seguridad como una variable de “percepción” es lo que hoy tiene al estado en un punto de quiebre.
Posdata 2
La revisión del T-MEC arrancará con una buena señal, porque en México existe un consenso unánime para mantener el tratado y fortalecerlo. Las consultas públicas organizadas por la Secretaría de Economía, que encabeza Marcelo Ebrard, revelan que más de ocho de cada 10 participantes consideran que el acuerdo ha sido positivo para el país y para la región, principalmente por la certidumbre jurídica que ofrece, la integración de cadenas productivas y la atracción de inversión. El diagnóstico es compartido por sectores industriales, gobiernos estatales y sindicatos. El T-MEC es hoy el principal ancla de la competitividad de América del Norte.
El peso económico del bloque explica esa postura. Tan sólo en 2024 el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá superó los 800 mil millones de dólares, con intercambios que alcanzan más de 2 mil millones de dólares diarios. La región opera como una sola plataforma productiva, pues cuatro de cada diez dólares exportados por México a Estados Unidos contienen insumos estadounidenses y las cadenas de suministro cruzan las fronteras varias veces antes de llegar al consumidor final. Esta integración, basada en proximidad geográfica y los llamados esquemas just-in-time, es considerada irreemplazable frente a Asia y Europa.
Las consultas también delinearon los frentes delicados que México llevará a la mesa. Empresarios y autoridades señalaron como principales preocupaciones las medidas unilaterales de Estados Unidos, como aranceles al acero y aluminio, acciones antidumping y activaciones del mecanismo laboral, por considerar que generan asimetrías y encarecen la producción regional. A ello se suman distorsiones por triangulación comercial desde terceros países y la necesidad de preservar reglas de origen que fortalezcan el contenido regional sin volver inviables las cadenas manufactureras. La prioridad compartida es mantener arancel cero dentro del bloque y evitar decisiones que fragmenten la integración alcanzada.
Más allá de las fricciones, el mensaje de fondo es que América del Norte necesita reducir su dependencia de insumos críticos provenientes de Asia —desde precursores farmacéuticos hasta componentes electrónicos— y fortalecer su seguridad económica. México llega a la revisión con la apuesta de modernizar el tratado, mejorar su instrumentación y ampliar su alcance hacia sectores de alto valor agregado como semiconductores, electromovilidad, dispositivos médicos e inteligencia artificial. El objetivo es consolidar el acuerdo como plataforma industrial común para competir con Asia.
Posdata 3
Anna Viesca Sánchez, propietaria entre otros negocios de la empresa Avacor SA de CV, e identificada como parte del círculo cercano de amistades del senador Adán Augusto López, promovió hace unas semanas juicios de amparo indirecto para conocer sobre procedimientos penales o administrativos en su contra y para evitar una posible orden de aprehensión.
La empresaria fue proveedora de uniformes para la Policía Estatal de Tabasco, cuando el líder del grupo criminal “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena, era cabeza de ese cuerpo de seguridad. Hay facturas que confirman este hecho. Viesca vendió esos artículos por 72 millones de pesos a través de su razón social Grupo Servicorvel.
En enero de este 2026, la empresaria promovió dos juicios de amparo indirecto; el 70/2026 ante el Décimo Juzgado de Distrito en materia Penal, solicitando información sobre una posible orden de aprehensión en la FGR, y el 94/2026, radicado en el Segundo Juzgado de Distrito Administrativo para saber si la Unidad de Inteligencia Financiera tiene alguna investigación en su contra.
A la par, Anna Viesca y su empresa Avacor tratan de quitarse de encima una inhabilitación en el sector público. En julio de 2025, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno las suspendió por 30 meses para participar en procesos de contrataciones, luego de que la Auditoría Superior de la Federación identificara que la firma uso documentos apócrifos para participar en licitaciones públicas, principalmente con la Secretaría de la Defensa Nacional.
La resolución fue ya publicada en el Diario Oficial de la Federación, para formalizar la incorporación de la compañía al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados del gobierno federal, pero, gracias a una medida cautelar otorgada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la empresa puede seguir operando en contratos estatales.