Una movilización de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno se registró la tarde del domingo 1 de marzo en la comunidad yaqui de Loma de Bácum, Sonora, lo que generó momentos de tensión entre fuerzas federales y habitantes del lugar.
De acuerdo con los primeros reportes, elementos de seguridad perseguían a dos personas que presuntamente se internaron en la comunidad para evadir su captura, lo que derivó en el despliegue de efectivos federales y estatales dentro del territorio indígena. Versiones extraoficiales señalan que el operativo estaría relacionado con la búsqueda de Manuel “N”, alias “El Many”.
En videos difundidos en redes sociales se observa a pobladores confrontando verbalmente a los elementos de seguridad, mientras se escuchan detonaciones de arma de fuego. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas o detenidas como resultado de los hechos.
A través de un comunicado difundido por el Congreso Nacional Indígena, la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio denunció que elementos de la Secretaría de Marina y corporaciones estatales ingresaron al territorio yaqui sin autorización de las autoridades tradicionales, lo que calificaron como una presunta violación a la autonomía del pueblo.
Por su parte, la Guardia Tradicional de Loma de Bácum acusó a fuerzas federales, entre ellas Ejército, Marina y Guardia Nacional, de realizar una “incursión armada” que habría derivado en la detención de dos jóvenes de la comunidad, una mujer y un varón, quienes —aseguran— no estaban vinculados con los hechos que motivaron el operativo.
Según el boletín, ambos habrían sido retenidos y posteriormente abandonados en una caseta rumbo a Ciudad Obregón. Asimismo, la autoridad tradicional sostiene que los efectivos se retiraron realizando disparos al aire y hacia el territorio.
Uno de los puntos señalados en la denuncia es la presunta irrupción en el “Conti” (Camino del Cielo), considerado recinto sagrado de la Nación Yaqui, en el contexto del periodo de Cuaresma. Las autoridades tradicionales afirmaron que el despliegue vulneró la ley ancestral conocida como Yoolutuuria.
“No estamos en contra de que se cumpla la ley contra quienes hacen el mal, pero exigimos que se respete el protocolo de soberanía”, indicó la Guardia Tradicional en su comunicado.
Entre las exigencias planteadas se encuentran la remoción y sanción de los mandos responsables, el reconocimiento pleno de la soberanía territorial conforme al Artículo 2° Constitucional y el respeto a los mecanismos de coordinación con la Guardia Tradicional en futuros operativos.
La comunidad informó que recopila testimonios y pruebas balísticas para presentar una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas.
Hasta el momento, las autoridades federales y estatales no han emitido una postura oficial ampliada sobre los señalamientos.
