La opinión pública suele centrarse en discutir si debería existir el derecho a la muerte asistida. Es el debate cómodo, el ya trillado, el que permite tomar postura sin incomodarse demasiado. A favor o en contra. Blanco o negro.
Pero esa no es la discusión más relevante. Al menos, no en este caso. Hay otra arista —más incómoda, menos ideológica y mucho más reveladora—: qué ocurre cuando el Estado es incapaz de garantizar una VIDA digna, pero sí es perfectamente capaz de autorizar —o no— una muerte digna.
Noelia Castillo fue violada por su pareja. Por alguien en quien confiaba. No pasó nada. La ley no hizo nada. El Estado, otra vez, tampoco. Después vino una agresión sexual múltiple. Y, como suele ocurrir, quien terminó pagando las consecuencias fue la víctima. No los agresores. No el sistema que falló. Ella.
Años más tarde, se afirma que Noelia tomó la decisión de terminar con su vida. Que fue una elección libre, consciente, informada. Legal, incluso. Pero la pregunta incómoda no es jurídica; es moral y estructural: ¿de verdad fue libre una decisión tomada después de una cadena sistemática de abandonos?
Noelia no llegó a la eutanasia en un punto neutro de su vida. Llegó ahí después de ser violentada, ignorada, desprotegida y, en más de un sentido, expulsada de cualquier posibilidad de reconstrucción. Intentó quitarse la vida antes. Quedó parapléjica. Y desde ese lugar —no solo físico, sino institucional— solicitó la muerte asistida. Su caso atravesó tribunales. Cinco resoluciones judiciales confirmaron que conservaba sus facultades mentales y que cumplía con los requisitos legales: una condición clínica no recuperable y una decisión autónoma.
Todo en regla. Todo en orden.
Todo… excepto lo anterior.
Porque el punto de quiebre no está en la legalidad del procedimiento, sino en la trayectoria que llevó hasta él. El mismo Estado que hoy valida una muerte digna es el que no pudo —o no quiso— garantizar una vida digna. No pudo protegerla de la violencia.
No pudo sancionar a quienes la violentaron. No pudo ofrecerle atención oportuna y suficiente en salud mental. No pudo reconstruir, ni siquiera parcialmente, el daño. Pero sí pudo certificar que estaba en condiciones de morir.
Algunos dirán que no denunció “en tiempo y forma”, como si el trauma tuviera calendario administrativo. Como si el horror se acomodara a plazos procesales. Como si la carga de la prueba no terminara, siempre, sobre los hombros de quien ya fue devastada.
Otros insistirán en que la ley se cumplió. Y es cierto. Se cumplió. Ese es, precisamente, el problema. Porque cuando el único derecho que un ciudadano logra ejercer plenamente es el de morir, lo que está fallando no es la persona: es todo lo demás.
Noelia consiguió, finalmente, que el sistema la escuchara. No cuando denunció. No cuando fue violentada. No cuando necesitaba ayuda para vivir. La escuchó cuando pidió morir. Y entonces el Estado hizo lo que mejor sabe hacer cuando llega tarde: formalizar su ausencia bajo el disfraz de un procedimiento impecable.
Así, lo que debería ser un derecho —la muerte digna— corre el riesgo de convertirse en otra cosa: en el punto final administrativo de una larga cadena de negligencias. En la manera más elegante de cerrar un expediente que nunca se quiso abrir a tiempo.
Porque no, este no es un debate sobre libertad individual. Es un espejo incómodo sobre jerarquías estatales: qué derechos se garantizan, cuáles se postergan y cuáles, simplemente, se abandonan.
Y también es una pregunta que incomoda más de lo que debería: ¿cuántas fallas acumuladas hacen falta para que una decisión deje de ser plenamente libre y se convierta, en realidad, en la única salida disponible?
A Noelia le reconocieron el derecho a morir con dignidad. Lo que nunca lograron garantizarle fue algo mucho más básico —y, en teoría, anterior a todo lo demás—: el derecho a vivirla. Porque cuando el Estado llega puntual a la muerte, pero sistemáticamente tarde a la vida, lo que está en crisis no es una ley. Es su propia razón de ser.