Los empresarios al poder

No pretendo proponer a candidatos para competir por la Presidencia de la República en el 2030, o antes, en el caso de la revocación de mandato, si esto fuera posible. Solo deseo plantear la posibilidad de incluir al sector empresarial en las complejas tareas de gobierno que históricamente han estado en manos de políticos carentes de los más elementales conocimientos prácticos de los mercados, del retorno de una inversión, de la eficiencia en la gestión empresarial y de la creación de empleos.

A título de ejemplo, un empresario jamás habría cancelado un promisorio proyecto internacional como el AICM, una decisión populista suicida, que le costó a la nación 113,000 millones de pesos ya invertidos, además de 332,000 millones de pesos derivados de bonos, contratos y otras demandas a cargo de los proveedores financieros. Se arruinó la construcción de un poderoso hub que hubiera reportado la llegada de millones de pasajeros al país, más el manejo de la carga valuado en cifras astronómicas de enorme beneficio social para la Ciudad de México y para el resto del país.

¿Qué empresario iba a comprar una refinería, como Deer Park, con un valor de 1,200 millones de dólares para producir diariamente 110,000 barriles de gasolina y 90,000 de diesel, y al mismo tiempo invertir otros 22,000 millones de dólares en Dos Bocas, para alcanzar, si acaso y, a saber cuándo, una cantidad ligeramente superior, o sea, 176,000 barriles diarios de productos petrolíferos, pero eso sí, con una inversión 20 veces mayor para obtener casi la misma cantidad de carburantes?

¿Qué tal el Tren Maya con un costo de 500,000 millones de pesos, cifra criminalmente apartada del escrutinio público, una obra de nula rentabilidad, que, además, dañó severamente el ecosistema? ¿Y Mexicana y el Banco del Bienestar y el AIFA y CFE y Pemex, cuya amenazadora presencia puede comprometer la estabilidad monetaria del país con terribles consecuencias?

Ahí está el caso de Corea del Sur y de Singapur, entre otros países más, que facilitaron la llegada de empresarios al poder político, sobre la base de que el Estado ejercía facultades para disciplinar y someter a los directivos en el marco de un eficiente Estado de Derecho con leyes anticorrupción, de protección denunciantes y con innegable transparencia en las contrataciones públicas. El PIB per cápita en Corea en 1960 era de 160 dólares al año, mientras que en México era de 345. Hoy en día, el PIB per cápita de Corea del Sur suma 37,000 dólares al año, en tanto que el de México llega a 15,000… Lo anterior, gracias a que Corea estableció reglas operativas para aliarse con los empresarios y ejecutó una novedosa revolución educativa de escasos precedentes en el mundo.

En México ni siquiera existe el debate para permitir el ingreso de los empresarios al poder político por justificados temores de corrupción, sobre todo ante la inexistencia de un Estado de Derecho, condición de impunidad impuesta por quienes “no mienten”, “no traicionan” y “no roban” para poder desfalcar a la nación, como el caso del huachicol, el más escandaloso fraude fiscal de la historia criminal de México.

Rehabilitemos el Poder Judicial para vivir civilizadamente en el marco de la ley sin discriminar a los empresarios, que bien podrían ayudar a construir el México moderno. Impulsemos su ingreso, por lo pronto, en los congresos, en los órganos de representación popular, para detonar nuestra economía mediante la redacción de leyes de vanguardia. México no es propiedad de los políticos. Abramos el gobierno a la mayoría de los ciudadanos, pero en el marco de un estricto Estado de Derecho, hoy desaparecido…