La senadora del PAN, Lilly Téllez, calificó como “ladrones depravados” a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y a integrantes de su círculo cercano, al denunciar un presunto esquema de irregularidades administrativas dentro del organismo.
En un video difundido en sus redes sociales, la legisladora aseguró contar con información sobre supuestas anomalías financieras que, afirmó, habrían corrompido al árbitro electoral para beneficiar intereses políticos de Morena.
Sostuvo que existiría un sistema de enriquecimiento ilícito encabezado por Taddei y familiares, basado —según dijo— en la asignación de contratos con sobreprecios y la contratación de “aviadores”. También señaló que personal del INE habría sido presuntamente amenazado para evitar la filtración de datos relacionados con prestanombres y transacciones ilegales.
“Primero corrompieron al INE hasta la médula. Existe información de Guadalupe Taddei y su hermano un par de ladrones depravados, lo están saqueando por todos lados, con aviadores, con contratos a modo, con sobreprecios escandalosos con extorsiones y con amenazas al personal para que no filtren nada de las tranzas que se gasta la tribu Taddei sobre su repentino enriquecimiento, sobre sus prestanombres, sobre sus cómplices y sobre los esquemas que utilizan para esconder las transacciones ilegales con las que se dan vida de millonarios”, expresó.
En el mismo mensaje, Téllez se refirió a la propuesta de reforma electoral impulsada desde el Ejecutivo federal, a la que denominó “Ley Maduro”. La senadora afirmó que la iniciativa busca convertir al INE en un instrumento para el blanqueo de dinero y favorecer la permanencia de Morena en el gobierno.
“Y ahora la ley Maduro deforma la ley electoral para convertir al INE en la gran lavadora de dinero de los cárteles. Su propósito es blanquear los delitos electorales más graves como el financiamiento del crimen organizado. La reforma electoral es otra prueba de que Sheinbaum obedece a AMLO, el padrino del narcoestado”, declaró.
Las acusaciones forman parte de una crítica más amplia de la legisladora sobre la gestión institucional y el manejo de recursos públicos dentro del organismo electoral.
