Diversas figuras políticas vinculadas a la llamada Cuarta Transformación han sido señaladas en investigaciones periodísticas y reportes públicos por la posesión o uso de propiedades de alto valor en México y Estados Unidos, lo que ha generado controversia en torno a su patrimonio y a la congruencia con el discurso de austeridad promovido por ese movimiento.
Uno de los casos recientes involucra a Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, quien ha estado en el centro de la polémica tras reportes sobre una casa en San Diego, California, valuada en 4.4 millones de dólares —alrededor de 90 millones de pesos—.
La información fue dada a conocer por el periodista Salvador García Soto, quien señaló que presuntamente sería propietaria del inmueble. El gobierno estatal negó que la mandataria tenga relación patrimonial con la propiedad, aunque reconoció que Ávila estuvo en la residencia, la cual pertenece al empresario Fernando Salgado Chávez, señalado como cercano a la gobernadora.
De acuerdo con registros de la plataforma inmobiliaria realtor.com, la vivienda cuenta con seis dormitorios, cuatro baños y medio, garaje para tres automóviles y una piscina amplia en la parte frontal del inmueble.
Otro caso que generó cuestionamientos fue el del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, luego de que una investigación de Latinus señalara que reportó en su declaración patrimonial un departamento en Reforma 222 con un valor de 1.5 millones de pesos, cuando su precio real sería de 15 millones.
El periodista Claudio Ochoa señaló que el funcionario ya tenía otra propiedad en el mismo edificio y que ambas fueron registradas con valores menores en sus declaraciones.
Ante la polémica, Delgado confirmó que compró el departamento en agosto de 2024 por 15 millones de pesos, y explicó que el monto menor se debió a “un error de captura” en su declaración patrimonial, el cual posteriormente fue corregido. Con esta adquisición, el funcionario posee dos departamentos en el mismo condominio y en el mismo piso, el primero comprado en 2015 por 4.8 millones de pesos.
También fue motivo de debate el patrimonio del senador Gerardo Fernández Noroña, quien adquirió una casa en Tepoztlán, Morelos, por 12 millones de pesos. La propiedad generó controversia debido a que se ubicaría en una zona comunal donde la venta o transferencia requiere autorización de la asamblea local.
El legislador señaló en su cuenta de X que toda su información financiera es pública y explicó que la vivienda que antes rentaba la está pagando mediante un crédito.
En la Cámara de Diputados, la legisladora del Partido del Trabajo Lilia Aguilar Gil también fue señalada tras revelarse en su declaración patrimonial la posesión de una casa valuada en 16.7 millones de pesos, de acuerdo con información del medio Emeequis.
La vivienda cuenta con 535 metros cuadrados de terreno y 363 metros cuadrados de construcción, mientras que en su declaración se reportan ingresos anuales netos por 1 millón 724 mil 260 pesos y dos propiedades inmobiliarias con un valor total de 22 millones 100 mil pesos. También declaró dos vehículos con valor conjunto de 1 millón 518 mil pesos y deudas por 5.5 millones de pesos.
En otro caso, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) difundió una investigación en la que se vincula al diputado de Morena Arturo Ávila Anaya con la adquisición de una propiedad valuada en 4.8 millones de dólares en Rancho Santa Fe, California.
El legislador respondió que la compra forma parte de su trayectoria empresarial vinculada a la compra y venta de inmuebles, y aseguró que la propiedad fue adquirida antes de asumir un cargo público, además de afirmar que “no hay nada que esconder”.
El estilo de vida de José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, también generó debate público. Entre 2019 y 2020, él y su esposa Carolyn Adams residieron en una casa en el fraccionamiento Jacobs Reserve, en Houston, Texas, valuada en más de un millón de dólares.
El inmueble pertenecía a un ejecutivo de Baker Hughes, empresa contratista de Pemex, lo que motivó señalamientos sobre un posible conflicto de interés. López Beltrán aclaró que la vivienda no era de su propiedad y que fue rentada por un periodo determinado a través de una inmobiliaria.
La senadora del PT Geovanna Bañuelos también reportó en su declaración patrimonial la compra de una casa por 17 millones 500 mil pesos, información difundida por el medio Emeequis. La legisladora afirmó que su patrimonio es resultado de años de trabajo profesional y reiteró que la transparencia en las declaraciones patrimoniales es una herramienta para fortalecer la confianza ciudadana.
Entre las propiedades más extensas destaca la de Layda Sansores, gobernadora de Campeche, quien posee diversas propiedades en distintos estados del país. La más conocida es la Hacienda San Lorenzo, descrita como una reserva tropical de aproximadamente 100 hectáreas con vegetación de maderas preciosas y cerca de dos kilómetros de playa privada.
De acuerdo con testimonios citados por el medio Emeequis, el lugar cuenta con accesos vigilados y personal de seguridad armado, además de instalaciones como un muelle y un embarcadero dentro del predio.
