La presidenta Claudia Sheinbaum ya dejó ver una de sus tentaciones favoritas del nuevo régimen: meterlo todo en una sola urna moral, política, presupuestal y propagandística. Diputados federales, gubernaturas, congresos locales, ayuntamientos, elección judicial y, de pilón, la revocación de mandato. Una súper elección. O, dicho sin maquillaje, un súper enredo.
La explicación oficial, desde luego, viene envuelta en celofán republicano: austeridad, menos privilegios, más participación, ahorro para destinar recursos a obras y servicios. Siempre suena hermoso cuando el poder habla de ahorrar. El detalle es que casi nunca ahorra poder; ahorra contrapesos.
Porque aquí no estamos frente a una simple cirugía administrativa. Estamos ante otra pieza del rediseño del sistema político mexicano. Y cuando desde el poder se habla de “simplificar”, conviene revisar qué es lo que en realidad quieren simplificar: si el voto del ciudadano o el camino del gobierno para concentrar más control.
La lógica de esta reforma tiene varias capas. Una visible y vendible: bajar regidores, apretar congresos locales, recortar privilegios en órganos electorales, topar salarios, desaparecer bonos, vigilar en tiempo real el dinero de los partidos. Todo eso, en el discurso, luce impecable. ¿Quién va a salir en defensa de excesos, seguros médicos o nóminas ofensivas? Nadie en su sano juicio. El problema es que en México las podadoras institucionales rara vez distinguen entre grasa y músculo. Y en una de esas, por querer castigar abusos, terminan mutilando autonomía.
Porque también hay mensaje político. Uno muy claro. El INE, los tribunales, los OPLES y todo el ecosistema electoral siguen en la mira. No necesariamente para desaparecerlos de un tajo, que eso ya sería demasiado escandaloso incluso para estos tiempos de aplausómetro, pero sí para domesticarlos mediante presupuesto, narrativa y sospecha pública. Primero se les exhibe como caros. Luego se les presenta como privilegio. Después se les recorta. Y al final se les exige que hagan milagros con menos dinero, menos margen y más presión. Democracia low cost, pues. Como si organizar elecciones masivas, complejas y confiables fuera equivalente a administrar una papelería.
Y luego está la joya del paquete: la revocación de mandato acomodable al tercer o cuarto año, según la movilización ciudadana. Qué bonita elasticidad constitucional. Tan flexible que casualmente podría empatar con la elección intermedia de 2027. Una coincidencia demasiado útil. La revocación, que en teoría debería ser un instrumento excepcional de control ciudadano, corre el riesgo de convertirse en gasolina electoral para ratificar liderazgos, reactivar estructuras y polarizar a conveniencia. No sería un examen al poder, sino una fiesta organizada por el poder para volver a medirse frente al espejo.
Si además se mantiene la elección judicial en 2027, pese a advertencias logísticas, la apuesta queda completa: votar por todo de una vez. Así lo dijo la presidenta. Y ahí está justamente el fondo del asunto. “De una vez votes por todo” no es una frase de eficiencia democrática; es una consigna de saturación. Mientras más cosas mezcles en la boleta y en la jornada, más difícil será separar el juicio razonado del arrastre emocional, la deliberación del cansancio, la decisión del ruido.
La democracia no necesariamente se fortalece cuando se amontona. A veces se deforma.
Arturo Zaldívar ofrece ahora boletas judiciales menos enredadas, con menos nombres, más simples, más ágiles. Se agradece la admisión implícita: las anteriores fueron complicadas. Mucho. Tanto, que ahora hay que corregir sobre la marcha. Pero simplificar candidaturas también supone reducir opciones reales. Es decir: hacer más fácil el trámite, aunque quizá más estrecha la decisión. En política mexicana ya conocemos ese truco. Te reducen el menú y luego te felicitan porque ahora eliges con mayor claridad.
Otro detalle nada menor es el retiro de la idea de someter temas electorales a consulta popular, luego del manotazo del Verde y el PT. Ahí quedó claro que incluso dentro de la llamada transformación hay límites, regateos y socios que sí saben cobrar. El oficialismo podrá vender cohesión, pero la cocina del poder sigue oliendo a negociación de franquicias, cuotas y cálculos de sobrevivencia. Nada nuevo bajo el sol. Solo que ahora se predica con tono de misión histórica.
El argumento del ahorro, por supuesto, será el gran escudo discursivo. ¿Quién podría oponerse a reducir regidurías infladas o a meter en orden finanzas partidistas? El problema empieza cuando el ahorro se convierte en coartada para rediseñar el tablero a favor de quien hoy gobierna. Porque una cosa es combatir derroches y otra muy distinta usar la tijera para ajustar piezas institucionales con criterio político.
El poder en México siempre ha sido creativo para presentarse como víctima de los órganos que no controla del todo. Y cuando no puede desaparecerlos, los desacredita. Cuando no puede desacreditarlos lo suficiente, les reduce margen de operación. Y cuando eso tampoco basta, convoca al pueblo bueno para legitimar el siguiente recorte.
A estas alturas ya no debería sorprendernos. La 4T no solo quiere ganar elecciones. Quiere rediseñar las condiciones en que se compite, se arbitra, se cuenta y se cuestiona el poder. Todo eso con la música de fondo de la austeridad, palabra mágica que sirve igual para combatir excesos reales que para justificar concentraciones peligrosas.
La súper elección de 2027 puede venderse como modernización, ahorro y participación. Pero también puede terminar siendo una prueba de estrés para un sistema ya cargado de tensiones, improvisaciones y sospechas. Mucha urna, mucha boleta, mucho cargo en juego, mucha pasión ideológica y demasiado poder apostando a que la confusión también se puede administrar desde Palacio.
A veces el autoritarismo no llega con botas. Llega con calculadora.