A un par de semanas de que se concrete el relevo en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el actual titular del órgano, David Colmenares, pidió fiscalizar a estados y gobiernos locales que serán relevantes en las próximas elecciones del 2027.
Se trata del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2025, el último que le corresponderá diseñar a Colmenares, y el cual tiene el objetivo de ejecutar revisiones profundas a los diferentes entes obligados, con un cálculo político que, se asegura, tiene la mano de su amigo y principal impulsor, Ricardo Monreal.
En el documento conocido como PAAF 2025, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero pasado, se indica que la ASF realizará únicamente auditorías de cumplimiento forense en las siguientes demarcaciones: Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México; Municipio de Zacatecas, Zacatecas; Municipio de Fresnillo, Zacatecas; Municipio de Monterrey, Nuevo León, y Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.
Una auditoría de cumplimiento forense implica la revisión de todos los Contratos y Convenios Suscritos por el ente a auditar, así como erogaciones financiadas con recursos del gasto federalizado del ejercicio 2025; en otras palabras, el término “forense” conlleva una revisión con lupa del ente que se audita, con miras a levantar una denuncia penal por delitos graves de corrupción. En realidad, todas las revisiones de una auditoría tienen un enfoque forense, pero quienes conocen a David Colmenares aseguran que cuando él utiliza el término en su operación es porque busca que esa revisión sea exhaustiva y con tintes políticos.
De entre los casi 2 mil 500 municipios que hay en el país, tres de los cinco elegidos para ser auditados a nivel forense son precisamente los que perdió la familia Monreal en las elecciones de 2024: la alcaldía Cuauhtémoc, a manos de Alessandra Rojo de la Vega; la capital zacatecana con Miguel Varela Pinedo, y el municipio de Fresnillo con Javier Torres Rodríguez; ésta última la derrota más dolorosa para los Monreal, pues es la tierra donde nacieron.
De acuerdo con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la ASF deberá entregar los resultados de esas auditorías de la Cuenta Pública 2025 en febrero del 2027; es decir, justo a una semanas de empezar las campañas en las que los Monreal buscarán recuperar sus bastiones. Se entiende también que, con este cálculo político, se buscará acabar con las aspiraciones del polémico alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, para gobernar Nuevo León, y se borrará del mapa la influencia de Marcelo Ebrard en Guerrero, desnudando la terrible gestión de Abelina López Rodríguez en Acapulco.
Las esperanzas de los morenistas para quedarse con el estado de Nuevo León están depositadas principalmente en el alcalde del municipio de Escobedo, Andrés Mijes, en el senador Waldo Fernández, o en Tatiana Clouthier si es que se decide que compita una mujer. En el caso de Acapulco, se perfila a Ricardo Salinas Méndez, actual Oficial Mayor del gobierno del estado y muy cercano a la gobernadora Evelyn Salgado, quien, se sabe, no tiene buena relación con la alcaldesa Abelina López, quien con su mala gestión ha dañado la imagen del estado.
Posdata 1
El proceso para elegir al nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación arrancó con 92 aspirantes registrados ante la Cámara de Diputados, una cifra que anticipa una competencia cerrada y altamente politizada. Aunque el procedimiento formal apenas comienza, en San Lázaro ya se perfilan bloques y vetos cruzados entre Morena y sus aliados, en un contexto donde la decisión final tendrá implicaciones directas sobre la fiscalización del gasto público en el arranque del sexenio de Claudia Sheinbaum.
El factor de género podría inclinar la balanza hacia perfiles como María de la Luz Mijangos y Natalia Téllez, pero en el oficialismo no hay consenso. El grupo mayoritario, que coordina Ricardo Monreal, opera para mantener control político del nombramiento tras la salida de David Colmenares. En ese tablero, Mijangos carga resistencias internas por su paso por la fiscalía anticorrupción y por expedientes que —según legisladores morenistas— no avanzaron con la profundidad esperada.
Si el criterio de paridad no se impone, la definición real se estaría concentrando en tres nombres: Alfonso Damián, cercano al círculo presidencial; Juan José Serrano, excontralor capitalino en la administración de Sheinbaum; y Edwin Meraz Ángeles, actual auditor superior de la Ciudad de México. La sucesión en la ASF se perfila como una decisión de control político sobre el principal órgano de fiscalización del país.
Posdata 2
Este lunes se va a presentar formalmente la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Congreso, luego de varios ajustes de última hora y de un proceso que se prolongó más de lo previsto. El proyecto se articula en al menos 10 ejes que buscan, según el gobierno, abaratar en 25% el costo del sistema electoral, modificar la asignación de la representación proporcional y reforzar la fiscalización del INE, además de poner nuevas reglas al uso de tecnologías como la inteligencia artificial en campañas.
Entre los cambios más delicados está la eliminación de las listas plurinominales tal como hoy operan, la reducción del gasto a partidos y ajustes a la integración del Congreso, medidas que Morena defiende como parte de una política de austeridad y de “voto directo”. Sin embargo, la propuesta llega sin consenso dentro de la coalición oficialista. El PT y el PVEM han expresado reservas porque varios de los puntos afectan directamente sus márgenes de representación y financiamiento.
De hecho, el PT ya fijó postura y advirtió que la reforma “regresa al partido de Estado”, por lo que anticipó que no acompañará el proyecto en sus términos actuales. El choque abre un frente político relevante para el gobierno, que necesitará mayoría calificada para modificar la Constitución. Por ahora, en San Lázaro se perfila una negociación cuesta arriba.
Posdata 3
El conflicto en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel en contra de Irán volvió a meter presión al mercado energético global. El crudo Brent se disparó alrededor de 10% hasta ubicarse cerca de los 80 dólares por barril en operaciones recientes, mientras analistas ya advierten escenarios de hasta 100 dólares si la tensión escala o se interrumpe el tránsito por el estrecho de Ormuz, por donde fluye más de una quinta parte del petróleo mundial.
Para México, el encarecimiento del petróleo tiene un doble filo. Por un lado, mayores precios internacionales suelen traducirse en más ingresos petroleros para el gobierno federal y para Pemex, lo que podría aliviar parcialmente las presiones sobre las finanzas públicas en 2026. Pero por el otro, el beneficio es hoy más limitado que en el pasado, debido a que la producción nacional sigue estancada alrededor de 1.6 millones de barriles diarios y la petrolera aún arrastra pérdidas y una deuda superior a 85 mil millones de dólares.
De cara al Paquete Económico 2026, un petróleo rumbo a 90 o incluso 100 dólares podría darle a Hacienda un colchón temporal en ingresos presupuestarios y en la plataforma de exportación —la estimación del precio de la mezcla mexicana se fijó en 54.9 dólares para este año—; sin embargo, también encarecería las importaciones de combustibles, presionaría la inflación y obligaría a mayores subsidios a gasolinas si se busca contener precios internos. El verdadero impacto dependerá de la duración del conflicto y de la capacidad de Pemex para elevar producción.