Quizá, como suele ser en estos casos, el Plan B de la Reforma Electoral elaborado por la Presidencia de la República y enviado al Poder Legislativo siempre fue el Plan A, pero el Plan A originalmente presentado era un distractor, un buscapiés y una polémica para dividir y después unir fuerzas con sus aliados.
Podría haber sido una amenaza a los partidos satélites de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, así como a la oposición, eso de eliminar 32 senadurías, diputaciones plurinominales, y lo más grave para todos esos entes: reducirles el financiamiento público.
Prácticamente es dejarlos con menos recursos, y sacarlos de la jugada electoral, en el caso de la Cámara Baja, tan pronto como en 2027, dado que la gran mayoría de los representantes de oposición ha llegado por las listas de representación de los partidos políticos o plurinominales a la Cámara Baja; mientras en la Cámara Alta o Senado de la República, han logrado espacios, o al ser la primera minoría (el segundo lugar en la elección) o ser parte de la lista de representación proporcional.
Entre las cinco diapositivas que presentó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su mañanera para dar a conocer su Plan B de la Reforma Electoral, en la primera página estaba el asunto de los dineros, siempre tan preponderante para la Presidencia como una forma de “denunciar” los abusos, y prevé un 15 por ciento de reducción del gasto al Instituto Nacional Electoral, Tribunales Electorales, y Órganos electorales en los estados, con lo que aseguran en la narrativa cuatroteista, “se acabarán los privilegios como bonos, seguros de gastos médicos mayores, ingresos adicionales, (más allá de lo que gana el titular del Poder Ejecutivo, es lo que quieren decir); pero lo realmente importante para Morena y su máxima representante, es lo que se anota en la diapositiva número 2: “Revocación de Mandato. Es el derecho que tiene el pueblo para decidir si la persona titular de la Presidencia debe continuar o no en el cargo. Se realizará (la consulta de revocación de mandato) el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno (2027 o 2028) dependiendo del año que se solicite”.
El primer domingo de junio de 2027 es el 6 de junio, justo el día de las elecciones intermedias en el país, en las cuales se elegirán: 500 diputados federales (pues no hubo reducción con la desaprobación del Plan A), 17 gobernadores en igual número de entidades federativas (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas); mil 088 diputaciones locales y 680 presidencias municipales. Así como los cargos que quedaron pendientes en el Poder Judicial, tanto Federal como Locales.
Esto significa que, de aprobarse el Plan B (que es lo más probable) “algunos”, depende cuántos según las leyes secundarias, soliciten que la revocación de mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sea ya, en la siguiente elección, o sea el primer domingo de junio de 2027, se permitirá que realice campaña -si ello se establece en los transitorios- en este caso, la persona más votada a la Presidencia de la República, la líder moral de Morena, aparcería en la boleta, o en una de ellas considerando que el 6 de junio de 2027 coinciden varias elecciones, federales, estatales, municipales, judiciales y ahora, probablemente, de revocación de mandato, y con ello, la que presume un 77 por ciento de aprobación en el país, pueda inclinar la balanza electoral hacia su partido, Morena.
Tal hazaña, de hacerse realidad, no la logró ni el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que, aparte de 2018, siempre quiso estar en una boleta electoral adicional, sólo para refrendar su liderazgo y hacer ganar a los suyos. Pues bueno, con el Plan B, la Presidenta Claudia Sheinbaum podría lograrlo.
Básicamente, en términos políticos, eso es lo más relevante en las cinco diapositivas que presentó la mandataria nacional en su conferencia mañanera para justificar su segunda vuelta en la Reforma Electoral, lo demás, comparado a que su nombre aparezca en una boleta electoral del 2027, se reduce a pesos y centavos, una supuesta transparencia en los partidos políticos todos, una probable revisión de operaciones financieras en tiempo real a los institutos políticos que postulen candidatos el próximo año, un tope a salarios, una “prohibición” a recursos externos y extranjeros a las campañas electorales.
Y a la disminución de las representaciones en órdenes locales de gobierno, y, otra vez, la disminución de los dineros que utilizan: cabildos con un mínimo de siete integrantes y un máximo de 15, una sindicatura por municipio (en BC llegaron a tener dos), y un tope presupuestal del 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa, para el Congreso Estatal (otra vez, el de BC fue mostrado como el ejemplo del Congreso estatal más caro de México).
Fuera de los pesos y centavos que se pretenden reducir con el Plan B, a fuerza de menor representación local, de topes salariales, de topes presupuestales, lo más relevante resulta ser la revocación de mandato del titular del Ejecutivo, que claramente se expresa en la diapositiva, para esta ocasión sería 2027 o 2028. Y por supuesto, lo más importante para la Presidenta, como en su momento lo fue para el expresidente, es confiar en su alto nivel de popularidad para anotar su nombre en una boleta, y entonces sí, incidir de manera directa (más allá de los programas asistenciales) en la intención del voto del electorado, atraído con incentivos como el del inciso inmediato anterior.
Ahora sí que el Plan B no castiga a los partidos políticos satélites del oficialismo, ni a los de oposición, sino que disminuye el presupuesto para la organización de los procesos electivos en los que se basa la democracia mexicana, y le da a la Presidenta la oportunidad de, otra vez, estar en una boleta electoral para beneficiar a los suyos, los gobernantes de Morena, tan en la sospecha de la alianza con el crimen organizado, tan en el foco de los excesos, tan dados ahora a los lujos y viajes a destinos caros, o tan impunes que, a pesar de los señalamientos, ninguna autoridad en México los investiga, pero la Presidenta los valida.