La presidenta Claudia Sheinbaum comienza a parecerse a AMLO: confunde un mal con su remedio. Lo peor no es la coincidencia, sino que se suponía que este gobierno, del segundo piso, estaría caracterizado por más elementos técnicos y menos improvisación.
Concedamos que algo está raro si un Congreso cuesta hasta seis veces más que otro: en gasto anual por legislador, 34 millones en Baja California vs. 5 millones en Colima (estos últimos seguro se mensearon mutuamente al verse el jueves pobreteados en la mañanera).
Dado que con el plan B en Palacio Nacional creen saber lo que hay que hacer y ahora solo pretenden que el Congreso de la Unión funja de levantadedos (una contradicción flagrante si ayer el gobierno insistía en que todo es para mejorar la calidad de la representación popular), reiteremos un par de cosas sobre la equivocada ruta de la presidenta Sheinbaum.
La primera. Si el gobierno federal quisiera hacer un esfuerzo de austeridad y de mejora parlamentaria estatal, tendría que detenerse a estudiar caso por caso. Así descubriría, por ejemplo, que al de Jalisco le sobran 600 personas. No 10, no 50, ¡600!
Resumen apretadísimo: esa “soberanía” estatal tenía más empleados administrativos que el Congreso de Chile, y en su nómina hay de mole y de manteca, es decir, personal que con estudios de primaria gana casi 30 mil pesos mensuales o gente con plazas similares donde una persona gana 118 mil pesos al año, mientras otra 684 mil pesos.
En pocas palabras, por lustros en Jalisco todos los partidos —lo digo yo, no el Imco— metieron cientos de aviadores al Congreso…
La segunda cosa que hay que decir ante eso de la presidenta de que va a homologar lo que se gasta por diputado a nivel nacional: estamos ante la reforma judicial II; es decir, se va a descapitalizar a los poderes legislativos estatales corriendo a la gente que sí hace la chamba.
Khemvirg Puente es académico de la UNAM y lleva décadas estudiando al legislativo. Ayer le cuestioné sobre lo que cree que va a pasar si esta reforma transita según lo anunciado en la mañanera:
“No se van a adelgazar las contrataciones políticas, sino que van a terminar corriendo a quienes sí hacen trabajo parlamentario, convirtiendo a los Congresos en meras oficialías de partes. Eso se reflejará en que bajará la calidad de todo, de las iniciativas al debate, porque los argumentos de los diputados no serán técnicos, o no tendrán ni elementos para debatir. Con menos capacidad de influencia de las áreas técnicas, darías más poder a los gobernadores y a los partidos”.
Si la presidenta quisiera hacer bien las cosas y mejorar la calidad legislativa en las entidades, 1) convocaría a los gobernadores, 2) involucraría a los senadores, 3) abriría un debate con expertos, y 4) luego entonces propondría algo… o dejaría el berenjenal por la paz.
Si la presidenta quisiera hacer bien las cosas, forzosamente se preguntaría por qué el Congreso de la CDMX, donde su partido ha sido hegemónico por trienios, cuesta más que el… de Jalisco.
¡Ah!, y de los escándalos de nepotismo y amiguismo en la gran nómina del legislativo chilango desde los tiempos perredistas de los hoy morenistas, otro día hablamos.