Fue la única víctima que sobrevivió al derrumbe de un edificio en demolición ubicado en San Antonio Abad 124, sobre la calzada de Tlalpan.
El colapso vino el pasado 9 de marzo, mientras los trabajadores comían. Para fortuna suya, Ángel David Miranda, de 42 años, se había alejado un poco del punto donde otros tres trabajadores murieron. Conversaba con un compañero, Angélico, en el instante en que la estructura se desplomó. “No pudimos reaccionar rápido, todo se vino abajo”, declaró Ángel.
Bajo las piedras, buscó su celular y le marcó a su esposa para despedirse. Estaba seguro de que no lograría salir, pensó que aquellos eran sus últimos segundos de vida. Algunos compañeros de la demolición comenzaron de inmediato a retirar escombros y él intentó hacer lo mismo desde el punto en donde se encontraba y con la única mano que le quedaba libre. De pronto, vio que se abría un camino de salida.
Salvó la vida, pero su amigo Angélico no. Ángel David salió de aquel infierno con contusiones y huesos rotos, perdió la mayor parte de la dentadura a consecuencia del impacto y recibió una brutal herida en la cabeza que demandó 18 puntos de sutura.
Tres trabajadores murieron. El inmueble estaba clasificado como de alto riesgo, pues presentaba daños estructurales desde el sismo de septiembre de 2017.
La empresa DEMEC había obtenido del gobierno de la ciudad exenciones y facilidades para llevar a cabo la demolición. Durante una conferencia de prensa, encabezada por Clara Brugada y el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, se deslindó del derrumbe al gobierno central y se señaló directamente a DEMEC como responsable del colapso.
De paso, Muñoz culpó a la alcaldía Cuauhtémoc que encabeza la opositora Alessandra Rojo de la Vega y alegó que las exenciones administrativas no sustituían la atribución de esta para verificar las obras y clausurar en caso de incumplimiento del reglamento de construcciones. Rojo de la Vega reviró que la empresa no había cumplido con los requisitos para realizar la demolición en San Antonio Abad, por lo que todo permiso le había sido negado. No informó tampoco a la alcaldía sobre el inicio de las obras que el gobierno central había autorizado.
DEMEC ha quedado hasta este momento como principal responsable de la tragedia.
El día del derrumbe, Ángel David Miranda fue trasladado al Hospital Rubén Leñero. Lo dieron de alta horas más tarde y le prescribieron dos meses de reposo. Denunció dos días después que ningún funcionario del gobierno ni ningún representante de la empresa se había comunicado con él para conocer su situación.
La alcaldesa Rojo de la Vega reveló más tarde que lo había trasladado a un hospital particular, costeado de su propio bolsillo, en donde se le detectó una fractura de coxis que en el Rubén Leñero se había pasado por alto.
El lunes de la semana pasada, una abogada de la firma, cuyas propietarias son Verónica Parra Rivera y María del Rocío Parra Rivera, se presentó en su domicilio. Miranda no tiene contrato de trabajo con la empresa. Mucho menos seguro médico. Cada semana, le pagaban su sueldo en efectivo.
Durante esa visita, la abogada le indicó que DEMEC no tenía otra responsabilidad que la de cubrir su sueldo, “porque no presentaba mayores afectaciones”. Según Ángel David, se le dijo también “que si se pretendía defender, ellos también tenían contactos para llevar a cabo la defensa de la empresa”.
La representante le preguntó, finalmente, “qué cantidad quería”. El trabajador la invitó a que saliera de su casa. Decidió entonces iniciar acciones legales y denunciar negligencia médica, así como el intento de la compañía de abandonar sus responsabilidades legales. Presentó una querella, a través del despacho del abogado Adrián Arellano.
En cuanto el sobreviviente del derrumbe nombró a sus asesores jurídicos, recibió una visita, directamente de la Secretaría de Gobierno de la CDMX. Según afirma, durante esta le recomendaron que “no metiera abogados” porque solo se entorpecerían las condiciones para que su problema se solucionara rápidamente.
La empresa que obtuvo facilidades y exención de trámites por parte del gobierno capitalino para llevar a cabo la demolición del edificio de San Antonio Abad ha recibido otros contratos del gobierno de la CDMX, incluso por adjudicación directa.
Uno, para participar en obras de ampliación de la Línea 12 del Metro. Otro, para demoler seis inmuebles de alto riesgo en una colonia de la alcaldía Álvaro Obregón.
Tanto la empresa como el gobierno de la ciudad parecen apostar para que todo se resuelva rápidamente y sin ruido. ¿Será que en esos contratos podría hallar la fiscalía de Bertha Alcalde una nueva línea de investigación?
clara brujada y su eterna c0rrupción, aunada al incumplimiento descard0 de la ley. Esos son los sátrapas que desgobiernan la cdmx