Hoy, 19 de marzo, se cumple exactamente un año de que atracó en el puerto de Tampico el buque Challenge Procyon, de bandera singapurense, cargado con millones de litros de combustible no declarado.
Aquél no fue un incidente aislado, sino la pieza que terminó por destapar el escándalo del huachicol fiscal en México, una sangría económica de proporciones industriales.
Apenas en octubre de 2025, la titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, admitió ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que este fenómeno ha generado un daño al erario de hasta 600 mil millones de pesos. Sin embargo, a 12 meses de la llegada de aquel barco, la narrativa oficial parece estancada en una simplificación inverosímil: las autoridades pretenden que creamos que un negocio de ese tamaño fue operado exclusivamente por las mismas 11 personas detenidas y tres prófugas de siempre.
Resulta matemáticamente imposible que 14 individuos hayan podido sostener, solos, una estructura ilícita capaz de amasar tales sumas. En el centro de la acusación están los hermanos Farías, elementos de la Armada de México, cuyo proceso ya muestra grietas profundas e irregularidades procesales.
La defensa de Manuel Farías ha denunciado sistemáticamente que la Fiscalía General de la República (FGR) se niega a entregar las evidencias que supuestamente sustentarían los cargos. Según el Ministerio Público, Manuel y su hermano Fernando eran los encargados de proponer y/o palomear la adscripción y el cambio de funcionarios en áreas clave de Aduanas para tejer la red de contrabando. No obstante, cuando se solicitan las pruebas, los fiscales se escudan en que su entrega pondría en riesgo la seguridad nacional. Ante tal opacidad, la jueza del caso citó a una audiencia de tutela de derechos para cerciorarse de que la FGR cumpla con su obligación de transparencia, pues a nadie se debe juzgar a ciegas.
Corresponderá a la justicia determinar la responsabilidad penal de los hermanos Farías, pero la lógica política y financiera dicta que ellos no pueden ser la cima de la pirámide. No suena razonable que dos marinos y una docena de coacusados sean los únicos responsables de un desfalco de 600 mil millones de pesos, sobre todo en una institución tan vertical como la Armada. Menos aún, que el exsecretario de Marina y tío político de los acusados, el almirante Rafael Ojeda Durán, ni siquiera haya sido llamado a declarar como testigo.
En la misma situación de intocable se encuentra el senador Adán Augusto López Hernández, ante cuya notaría en Tabasco se constituyó una empresa que recibió en 2020 la concesión para operar el muelle fiscal 289 de Tampico, donde atracaron muchos barcos presuntamente cargados de huachicol.
Dicha empresa es propiedad del tabasqueño Saúl Vera Ochoa –según se señala en un reportaje publicado por los periodistas Verónica Ayala e Iván Alamillo–, quien, en agosto de 2022, manifestó su apoyo a la candidatura presidencial de López Hernández. La concesión para operar el muelle fue otorgada por la Asipona de Tampico a la empresa Tampico Terminal Marítima, S.A. de C.V., en junio de 2020, mismo mes en que había sido constituida.
Además, el capitán Alejandro Torres Joaquín, testigo protegido de la FGR –quien habría sabido de al menos 13 atraques similares–, señaló que el sobrenombre de la persona que recolectaba los sobornos en el muelle coincide con el apellido del administrador oficial de la empresa de Vera Ochoa.
A pesar de estos hilos conductores, a López Hernández ninguna autoridad lo ha molestado. No se le ha cuestionado por el huachicol fiscal, como tampoco por su relación con Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, hoy encarcelado por liderar al grupo criminal La Barredora.
A un año de la incautación temporal del Challenge Procyon en Tampico, el mensaje oficial es un insulto a la inteligencia: se pretende que sigamos creyendo que el saqueo más grande hecho a la Hacienda pública en años recientes –y que pudo haber servido para financiar muchas campañas políticas del oficialismo– fue obra de 14 personas. Mientras tanto, el poder real sigue operando en la más absoluta impunidad.