La presentación de la nueva versión desglosada del registro de personas desaparecidas en México provocó una fuerte controversia, luego de que el Gobierno federal reconociera inconsistencias en la base de datos y redujera el universo de casos considerados confiables. De cerca de 130 mil personas registradas en los últimos 20 años, el Ejecutivo señaló que más de 80 mil presentan errores, carencias o contradicciones, por lo que deben analizarse “con cautela”.
De acuerdo con Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), actualmente hay 41,328 personas desaparecidas con registros completos y sin actividad posterior a su reporte, mientras que otro bloque eleva la cifra a 43,128 casos considerados “incontestables”.
Sin embargo, el dato que generó mayor preocupación es que de esos más de 43 mil casos, únicamente 3,869 cuentan con una carpeta de investigación abierta, lo que implica que en casi 40 mil desapariciones las fiscalías no iniciaron indagatorias formales.
Organizaciones civiles advirtieron que la depuración de registros no resuelve el problema de fondo. Señalaron que más de 40 mil casos presentan fallas en la información, pero insistieron en que un expediente incompleto no justifica su exclusión del registro ni la suspensión de su búsqueda.
La nueva clasificación también abrió cuestionamientos sobre la confiabilidad de los datos. Entre las inconsistencias detectadas, se encuentran personas reportadas como desaparecidas que posteriormente registraron actividades como matrimonio, cambios de domicilio o declaraciones fiscales, lo que evidenciaría deficiencias en la integración de la información.
El señalamiento central apunta al desempeño de las fiscalías. Durante años, colectivos de familiares han denunciado negligencia, falta de voluntad y obstáculos para levantar denuncias, así como la ausencia de investigaciones efectivas. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro subrayó que la cifra de carpetas abiertas refleja las dificultades para acceder a la justicia, especialmente en contextos donde operan redes criminales.
México enfrenta desde hace dos décadas una crisis de desapariciones vinculada a la violencia del crimen organizado y, en algunos casos, a la actuación de autoridades. El país tardó en construir un registro confiable y en tipificar plenamente el delito, lo que complicó durante años la dimensión real del problema.
En 2019, con la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, se impulsó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. No obstante, las revisiones posteriores han estado marcadas por polémicas, como la depuración de 2023, cuando más de 21 mil casos fueron eliminados del conteo oficial, lo que generó críticas por posibles errores en la clasificación.
La nueva actualización reavivó tensiones entre el Gobierno y colectivos, en medio de cuestionamientos sobre la prioridad otorgada a la reducción estadística frente a la investigación de los casos. Mientras tanto, miles de familias continúan realizando búsquedas por su cuenta ante la falta de avances institucionales.
