Evitar autogoles al bienestar

Al arranque de su sexenio, emprendió la serie de reformas del cerrojazo del Gobierno anterior. Fue una agenda que le fue impuesta. Escapar a ella podría haber derivado en ingobernabilidad por rebeldía de su movimiento, o en un desafuero.

Asumir la continuidad no obstó para que Sheinbaum imprimiera a las políticas heredadas su propio sello. No a todas ni, en general, en la misma medida. Pero, sin salirse del credo estatista sí ha invertido capital en, por ejemplo, abrir espacios a inversiones mixtas.

Transcurrida la primera cuarta parte del sexenio, cualquier balance parcial de su desempeño económico ha de tomar en cuenta el frenón de un primer año donde tuvo que restringir el gasto gubernamental para bajar el heredado déficit en el PIB de casi seis puntos.

Igualmente, el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025 con una agenda de un proteccionismo inédito en décadas, que incluye la amenaza no conjurada de la Casa Blanca de suspender el T-MEC, inoculó incertidumbre a la economía nacional.

A pesar, pues, de factores internos y externos, la presidenta trata de impulsar la economía, para que el bienestar que tuvo un primer saldo positivo con millones saliendo de la pobreza el sexenio anterior se consolide en el segundo gobierno de Morena.

Perseguir ese objetivo le ha llevado a medidas inéditas como reunirse con economistas ajenos al Gobierno para discutir las causas de la falta de crecimiento y/o inversión como ocurrió en enero, o a intensificar su persuasión a empresarios, como esta semana que viajó a Monterrey.

Otra parte de ese esfuerzo es el combate a la violencia. La administración Sheinbaum emprendió un cambio de estrategia y, justo es decirlo, el inicio de un diálogo —aún incipiente— fuera del aparato gubernamental para defender sus cifras a la baja en diversos delitos.

Que la gente tenga más oportunidades laborales, que sea en mejores condiciones (por ejemplo, trabajadores de plataformas con seguridad social), ocupa a Sheinbaum tanto como evitar que la extorsión muerda a todo tipo de negocios y a quienes viven de ellos.

Si la presidenta reconduce la economía y que la inseguridad no impida emprendimientos, ni merme los ingresos de fabricantes y comerciantes, particularmente de los más pobres, en 2030 podría rendir cuentas acreditando la consolidación de un nuevo modelo de bienestar.

El balance parcial, sin embargo, no es halagüeño. Esta semana han sido publicados un par de datos que hacen saltar las alarmas. Los expertos apuntan a un momento crítico, uno más. Según los reportes, la inflación puja al alza y la actividad económica en enero cayó 0,9%.

Y falta, se advierte, el impacto por la nueva aventura bélica de EEUU en Irán.

El problema para la presidenta es que es que el tiempo avanza, que las problemáticas globales son más impredecibles que nunca y, sobre todo, que en lo local ella también ha tomado decisiones que provocaron incertidumbre.

En agosto pasado, emprendió una de las medidas más contraproducentes. Si las iniciativas de un político se miden por sus resultados más que por sus métodos, en los llamados plan A y B de reforma electoral, el fracaso ocurrió en ambos planos.

La presidenta fue evidenciada en su incapacidad política. Si eso no fuera suficiente, hay que decir que el peor saldo de su derrota no es que haya sido a manos de sus propios aliados, sino que la distrajo de su propósito esencial, que comprometió la agenda del bienestar.

Sheinbaum podría ganar del revés político que tiene que encajar luego de que el Partido del Trabajo le tirara la posibilidad de lanzarse a un revocatorio el año entrante: esa pretensión de la mandataria ahuyentaba inversiones y le ayudaron a conjurar ese nuevo ruido.

La brecha entre la inversión extranjera y nacional, donde la primera ha marcado récord al alza y la segunda apenas se inmuta, puede reducirse con una presidencia dedicada a la economía, con señales de que la rectoría del Estado volverá sin estrangular a todos los demás.

Intentar imponer un cambio de las reglas electorales, como pretendía el plan A, con reducciones en las bancadas del Congreso de la Unión y de presupuestos a los partidos, fue un claro mensaje de abuso; desde el poder se pretendía un avasallamiento.

Derrotada la primera versión de reforma electoral por los propios aliados del régimen, que vieron que hasta ellos serían borrados del mapa electoral, fuera de la política el plan B no fue menos preocupante.

Que la presidenta quisiera estar en la boleta el mismo día en que se renueva Cámara de diputados federal y la mitad más una de las gubernaturas, hizo a cualquiera preguntarse cuál sería el siguiente paso del régimen para acaparar puestos de representación.

¿Quién quiere invertir en un país donde el régimen no cesa en sus intentos de sacar ventaja de sus mayorías legislativas para reinventar a su favor leyes en todo tipo de competencia, para colonizar árbitros, eliminar contrapesos, e incluso cancelar a la sociedad organizada?

Por la forma de elaborarlos —el diálogo simulado, la intransigencia de sus autores e, incluso, los desplantes de diversos actores, desde la presidencia misma hasta los voceros del partido oficial—, el plan A y el original plan B afectaron al PIB, es decir, afectaron al bienestar.

Si la presidenta quiere entregar cuentas similares a las de su predecesor en cuanto a sacar gente de la pobreza, se le está yendo el tiempo. Si cree que podrá culpar a Trump o a Irán, nadie olvidará que AMLO lidió (muy mal) con una pandemia y aun así reportó avance.

En el escenario de que la inseguridad y la violencia bajen, y que ese descenso logre una permanencia, a Morena y sus gobernantes se les perdonará el haber recurrido a lo que tanto criticaron: el discurso que pedía apartar las fuerzas armadas de la inseguridad pasará al olvido.

Ese cambio repercutiría en el bienestar de los más pobres, que son los que más muertos ponen, los hogares que más ven afectados sus ingresos por causa del crimen, las familias que menos se pueden procurar mecanismos alternativos de seguridad…

Si la seguridad gana terreno, si el fenómeno criminal es contenido, si se traza una ruta para que la impunidad baje, y eventualmente los delitos más que perseguirse desciendan porque hay posibilidad de castigo, el bienestar de los más pobres tendrá también esa cara.

Tal escenario depende, en parte, de una economía no digamos boyante pero al menos no en reversa. Que las oportunidades en el mercado se expandan abonaría a la posibilidad de que en efecto los criminales la tengan más difícil, para empezar, al reclutar jóvenes.

Cuando desde la opinión pública a Sheinbaum se le reprochaba el mero intento de una reforma electoral, no solo se criticaba lo parcial y sectario del intento, también lo inoportuno que resultaba el gastar tiempo y energía presidencial en algo que nadie pidió, y que otros temían.

Incluso si se atiende el argumento de la presidenta, de que en la campaña se comprometió a combatir privilegios de la clase política, cabe advertir que no calculó que ahorrar varios miles de millones de pesos, si es que ocurría, saldría más caro que generar desconfianza económica.