Representantes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos llegaron a Cancún para participar, con reuniones privadas, en la 89 Convención Bancaria. La presencia de la OFAC, que se mantuvo en extremo sigilo en el principal encuentro del sector financiero, es señal del escrutinio directo al nivel de cumplimiento de bancos y autoridades mexicanas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Los sabuesos de la OFAC operan bajo el mando de Bradley T. Smith, actual director de la oficina, pero la figura clave es Lisa Palluconi, una de sus funcionarias más activas en territorio mexicano, lo que marca el inicio de una nueva etapa de fiscalización sobre el sistema financiero nacional.
Hace poco más de un año, Palluconi visitó México con una agenda de advertencia. La lupa estaba sobre instituciones como Vector, CIBanco e Intercam, que finalmente fueron sancionadas por el FinCEN. Hoy, el mensaje del Departamento del Tesoro de Estados Unidos no ha perdido intensidad, sino que se ha institucionalizado mediante mecanismos de presión que obligan a las autoridades mexicanas a entregar resultados tangibles antes de que las investigaciones deriven en sanciones directas o inclusiones en la temida “Lista Clinton”.
La estrategia de Estados Unidos para cercar el flujo de dinero ilícito en México se consolidó en las últimas semanas a través de dos grandes acuerdos. El primero fue el pacto con el IRS-CI anunciado a finales de febrero, en el que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) formalizó un Memorándum de Entendimiento con el brazo de investigación criminal del fisco estadounidense. Este acuerdo permite al Internal Revenue Service compartir inteligencia tributaria y financiera de forma directa para desarticular empresas fachada y movimientos transfronterizos de alto riesgo.
El segundo fue la alianza UIF-CNBV. Apenas la semana pasada se reforzó la coordinación interna entre la unidad de inteligencia y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, presidida por Ángel Cabrera. Este movimiento busca subsanar las deficiencias históricas en la integración de expedientes que han impedido que las alertas financieras terminen en la judicialización.
Esta operación responde a la urgencia de México por cumplir con las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El organismo internacional mantiene al país bajo un escrutinio constante sobre la eficacia de sus sistemas de prevención, y desde el Tesoro el mensaje es que la paciencia para la “autorregulación” bancaria se ha agotado.
En la Convención Bancaria llamó la atención la ausencia de Omar Reyes, titular de la UIF, quien mantiene una política de discreción absoluta derivada del carácter sensible de las investigaciones que lidera. Sin embargo, en el sector financiero se teme que este aislamiento sea por una serie de investigaciones que se ciernen sobre diversos intermediarios financieros.
Por lo que se sabe, las pesquisas no se limitan a los errores de cumplimiento administrativo, sino a posibles malas prácticas que habrían permitido la infiltración de estructuras ilícitas en el sistema financiero formal. La colaboración con el IRS-CI proveerá las pruebas de “espejo” necesarias para que estas denuncias tengan sustento.
Para bancos y el resto de intermediarios, la presencia de las autoridades estadounidenses en Cancún es un recordatorio de que los investigaciones del FinCEN siguen latentes. La mayor apertura que han mostrado Ángel Cabrera en la CNBV y el equipo de Omar Reyes en la UIF frente a sus contrapartes internacionales sugiere que el Estado mexicano ha aceptado las condiciones de supervisión impuestas desde el exterior para evitar una degradación en la calificación de su sistema financiero.
El sector financiero mexicano se encuentra ante la necesidad de endurecer de forma real sus áreas de cumplimiento para evitar enfrentar las consecuencias de una cooperación binacional que, por primera vez en años, tiene dientes legales y fiscales gracias a la intervención directa del brazo criminal de las agencias estadounidenses. La mira está puesta, otra vez, en el sector financiero y bancario del país. Más vale tomar nota y actuar en consecuencia.
Posdata 1
Emilio Romano llegó a la Convención Bancaria con el mejor discurso de la reunión anual del sector financiero. Su mensaje fue claro y alineado con Hacienda y la Presidencia: no hay confrontación, sino coordinación para empujar el crecimiento del país.
El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) dejó ver que el diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el secretario de Hacienda, Edgar Amador, es “muy productivo” y que el objetivo compartido es destrabar un problema estructural que México arrastra desde hace décadas: el raquítico crecimiento económico. En ese contexto, defendió que el sistema bancario no rehúye el señalamiento sobre el crédito a pymes, sino que lo asume como eje central de la agenda.
El dato más relevante que soltó es el avance en la meta de financiamiento a pequeñas y medianas empresas. La banca se comprometió a incrementar el crédito de 24 a 30% y, a solo 10 meses, ya va en 27%, con la intención de rebasar ese objetivo. Romano insistió en que las pymes —que representan 99% de las empresas y generan siete de cada 10 empleos— son el cuello de botella del crecimiento. Pero también puso el énfasis en un punto: que sin formalidad no hay crédito. La informalidad es igual a “subdesarrollo” porque impide generar historial y acceder a financiamiento competitivo.
Más allá del discurso, Romano delineó tres frentes donde se juega el acceso al crédito. El primero es la formalización, ligada a la digitalización y a la reducción del uso de efectivo, aunque reconoció que hoy formalizarse sigue siendo complejo por la carga regulatoria y de seguridad social. El segundo es acelerar los procesos de crédito y ampliar esquemas de garantías. Y el tercero, menos visible pero clave, es la educación financiera, en un país donde aún prevalece la desconfianza hacia el sistema bancario.
En entrevista para Bitácora de Negocios, del Heraldo Radio, Romano también dejó entrever la postura de la banca frente a los cambios regulatorios. Sobre las comisiones en tarjetas, confirmó que el gobierno retiró la propuesta inicial, pero que el diálogo sigue abierto con la intención de reducir costos y aumentar el uso del dinero digital. Expuso que los bancos prefieren menores comisiones con mayor volumen. “Se requieren reglas claras y estables”, me dijo. Sin ese piso no habrá expansión sostenida del crédito ni del sistema financiero, en un momento donde fintechs y nuevos jugadores están reconfigurando el mercado, pero sin desplazar, al menos por ahora, a la banca tradicional.
Posdata 2
Por su parte, Banxico decidió meter presión directa a la banca para acelerar la digitalización de pagos en México. En plena Convención Bancaria lanzó una consulta pública para modificar las reglas de transferencias electrónicas y obligar a que las aplicaciones móviles de los bancos integren de forma más simple e intuitiva herramientas como CoDi y DiMo. El objetivo es que enviar y recibir dinero sea tan fácil como usar cualquier app.
Y es que aunque el SPEI rompió récord con más de 7 mil 300 millones de operaciones en 2025, el uso de efectivo sigue dominando cerca de ocho de cada 10 transacciones en el país. Para Banxico y la Asociación de Bancos de México, esto limita la inclusión financiera y eleva costos, además de que abre espacios para actividades ilícitas, lo que obliga a empujar con mayor fuerza la adopción digital.
El problema es que CoDi y DiMo no han despegado como se esperaba. Millones de cuentas están registradas, pero el nivel de uso sigue siendo bajo frente al potencial del sistema financiero y frente a modelos exitosos como el brasileño Pix.
En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum elevó el tono. Planteó avanzar hacia la obligatoriedad de pagos digitales en sectores como gasolineras y casetas, como parte de una estrategia para reducir el uso de efectivo y acelerar la inclusión financiera. También pidió a los bancos ampliar el crédito y llegar a quienes nunca han tenido acceso. Fue una buena participación de la presidenta en la Convención Bancaria. El tono fue el correcto.
Posdata 3
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dirigido por Joel Omar Vázquez Herrera, volvió a contratar a una de las empresas que en junio de 2025 no cumplió con los servicios de seguridad para sus recintos y provocó el cierre temporal de espacios como el Museo Nacional de Antropología y el Templo Mayor.
A través del proceso de licitación pública LA-48-D00-048D00001-N-4-2026, el INAH adjudicó 26 contratos a la empresa Sistema Prácticos en Seguridad Privada SA de CV, una firma fundada en Guadalajara, Jalisco, por Guillermo Ignacio Moreno Tirado, Ricardo Huerta Hoyos, David Emilio Izquierdo Esquivel e Ignacio Moreno Martínez.
Estos contratos abiertos entraron en vigor el pasado 12 de febrero con vigencia al 31 de mayo de 2026, por un monto máximo con impuestos de 56 millones 516 mil pesos, para los servicios de vigilancia de los inmuebles del Instituto de 26 estados del país, incluyendo recintos importantes como el Museo Regional de Historia de Aguascalientes, el Museo Regional de Guadalajara, y zonas arqueológicas como Teotihuacán en el Estado de México y Chichén Itzá en Yucatán.
El año pasado, Sistemas Prácticos en Seguridad Privada, junto a SSS Asistencia y Supervisión SA de CV, ganaron una licitación del INAH para la vigilancia de museos y recintos históricos. Sin embargo, en junio estalló la controversia porque ambas empresas no desplegaron al personal suficiente para cubrir los servicios contratados.
Sindicatos del Instituto denunciaron que los elementos de seguridad no se presentaban a la hora indicada o no acudían en su totalidad a los recintos, y exhibieron que el personal de la empresa ofertaba vacantes a elementos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, lo que generó protestas, cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y señalamientos a las firmas que fueron responsables, en parte, de la crisis que comprometió temporalmente la protección del patrimonio cultural del país.