Los partidos de oposición rechazan la consulta de revocación de mandato de la Presidenta de la República, especialmente ante la posibilidad de que se lleve a cabo en junio de 2027, coincidiendo con las elecciones federales y de gubernaturas.
“No vamos a pedir la revocación, esperamos que Morena no ponga ese tema en la mesa”, me dijo Jorge Álvarez Máynez, líder de MC. Alejandro Moreno, del PRI, fue más tajante: “Es lo último que necesitamos”. Jorge Romero, del PAN, calificó la propuesta como “una caja china con la que no podemos estar de acuerdo”.
La paradoja es manifiesta: si los opositores no tienen interés en echar a la presidenta Sheinbaum, ¿por qué lo harían sus propios simpatizantes? Lo cierto es que la revocación está en el proyecto legislativo presentado ayer, con una variante delineada así por la Presidenta: “Se propone realizarla el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno; es decir, en 2027 o en 2028”.
Todo quedaría sujeto a una eventual solicitud ciudadana. Para eso, aparte del aplastamiento en el Congreso, la “ciudadanía” tendría que acreditar unos tres millones de firmas.
¿De dónde provendrían si no del impulso del oficialismo por colocar la figura de Claudia Sheinbaum para ganar arrastre en las campañas venideras? Si no, ¿por qué la 4T —y sólo la 4T—, querría poner en juego a su Presidenta de 70% de aprobación? No hay lógica. Por más que se invoque a la democracia. Y a la “ciudadanía”.