En 2004, el venezolano Jorge Luis Brizuela se registró ante el SAT como pequeño comerciante. Su dirección fiscal era un cuarto de un edificio medio destartalado en Iguala, Guerrero. Unos años después, se incorporó como socio en tres empresas. Las empresas no parecían tener gran actividad; los montos de inversión eran menores y los socios eran personas sin registros públicos como empresarios. Sin embargo, apenas unos años después, Brizuela se convirtió en un hombre de negocios acaudalado, con escándalos de corrupción y nexos con el caso Koldo, el mayor caso de corrupción en España.
Esta semana, la policía en Cancún detuvo a Brizuela. Lo acusan de extorsión y de tentativa de feminicidio. El 10 de marzo, un juez en Quintana Roo ordenó su aprehensión. Tres días después, según revisé en documentos judiciales, unos policías fueron a buscarlo a su casa en Cancún. Su abogado presentó un amparo en la Ciudad de México para que no lo detuvieran, pero no llegaron a otorgárselo. Obtuve registros que muestran que Brizuela está acusado de otros casos y delitos, pero estos no fueron determinantes para su arresto.
Varias fuentes me contaron cómo Brizuela defraudó a socios y a personas con quienes hizo negocios. Varios empresarios me confirmaron que lo habían demandado por defraudarlos. “Las denuncias no han avanzado. Brizuela se compró a mucha gente”, me dijo uno de los empresarios que lo demandó.
Durante la pandemia, Brizuela obtuvo varios contratos multimillonarios relacionados con la emergencia del Covid-19. Los más importantes eran para pruebas médicas, cubrebocas y unas carpas que el gobierno de Quintana Roo instaló en varias ciudades. Dos empresarios me dijeron que Joaquín González avalaba personalmente a Brizuela cuando alguien le preguntaba por él. Ahora, algunos de esos contratos están bajo investigación porque varios proveedores aseguran que Brizuela cobró por ellos, pero nunca les pagó por sus servicios. Busqué al exgobernador, pero no obtuve respuesta.
En ese momento, la operadora principal de Brizuela era Vanessa Vargas, a quien él presentaba como su pareja. Encontré varias empresas que Brizuela operó y en las que aparece Vargas. La más importante es Pronalab, que conecta a Brizuela con el caso Koldo.
Pronalab México se constituyó en 2021, como publicó la revista Proceso. Obtuve los registros de comercio y confirmé que su socia principal es Global Stratos Investments, una compañía con sede en España. El año pasado, dos testigos reconocieron ante el Tribunal Supremo de España que habían pagado sobornos a Koldo García, asesor del ministro de Transportes español. Los pagos de los sobornos, según la investigación española, ocurrieron en República Dominicana. La conexión entre los políticos, los empresarios y los sobornos tenía como punto en común Pronalab, la empresa de servicios médicos. Global Stratos controlaba Pronalab tanto en México como en República Dominicana. Y Brizuela era el operador de ambas.
Allí, varios socios de la filial dominicana coinciden con los nombres que hallé en los documentos públicos de Pronalab en México. En 2022, un acta de asamblea de Pronalab muestra que varios de sus operadores también están involucrados en el caso Koldo.
Brizuela lleva varios días en prisión y no queda claro de qué crímenes específicos se le acusa. Mientras tanto, queda mucho por entender sobre cómo operó la conexión República Dominicana-España-México en el caso Koldo y, sobre todo, qué pasará con esos otros casos de fraude y extorsión en Quintana Roo, que parecen dormidos, aun después del arresto de “El Venezolano”.